La deuda del Banco Central en Leliq y pases pasivos ya cuesta unos 100.000 millones de pesos por mes en intereses que se pagan a los bancos. Como gran parte de lo que estas entidades van cobrando lo reinvierten en estos mismos instrumentos, se genera un efecto bola de nieve que ya asciende a 3,6 billones de pesos, bastante más que toda la base monetaria en circulación. El desarme de esta bomba de tiempo, que se propone encarar ahora el gobierno, podría terminar en una estampida inflacionaria y devaluatoria.

Para tomar dimensión del peso de este gran negocio de la banca, basta apuntar que lo que el Central gatilló en intereses en el primer cuatrimestre del año, unos 430.000 millones de pesos, es superior a la suma de todo lo que destinó al momento el Estado nacional en salud, educación, vivienda, aguas y cloacas, y ciencia y técnica. Nada menos. Este déficit cuasifiscal es sin embargo uno de los recursos del gobierno para contener una presión devaluatoria, porque saca de circulación una masa de pesos que en caso contrario se volcarían al dólar -en la medida que no encuentran inversión redituable. Pero es claro que ha llegado a un punto insostenible, y que el pago de intereses se convirtió a su vez en un factor de emisión monetaria.

El tema es uno de los que genera presiones en la negociación con el FMI. Por eso Martín Guzmán se propuso encauzar parte de estos pesos a los bonos de deuda pública que emite el Tesoro. A la vez que empezar a desarmar la bola de nieve, se propone rescatar el operativo de endeudamiento en pesos, cuyo objetivo es precisamente cubrir una mayor parte del déficit fiscal con deuda y reducir la necesidad de emitir billetes -porque recalientan la inflación. Hasta el momento, si bien viene colocando más deuda de la que vence, Economía está lejos de alcanzar la meta que se propuso -y faltan todavía vencimientos por dos billones de pesos que debería refinanciar.

Así las cosas, en las últimas rondas el Banco Central no adjudicó Leliq por la totalidad de las ofertas que recibió, mientras que a la par Guzmán subió las tasas de interés de los bonos del Tesoro (a su vez indexadas a la inflación), cada vez a menor plazo (el promedio de vencimiento de los títulos colocados no llega a los seis meses) y hasta permitió a los bancos contabilizar los bonos como encajes (la porción de los depósitos bancarios que queda inmovilizada en el BCRA). Pero la diferencia entre los pasivos del Banco Central es que sacan pesos de circulación, mientras que el Tesoro los vuelca a la circulación a través de los gastos del Estado. El problema de la inflación y la presión cambiaria de estos pesos, que se quiso sacar por la ventana, entra luego por la puerta.

Las dificultades de los sucesivos gobiernos en resolver esta encrucijada son notorias. El mecanismo de absorber pesos mediante pasivos remunerados del Banco Central, las Lebac, se remonta a finales de la presidencia de Cristina Kirchner con Kicillof como ministro de Economía. El macrismo apostó a subir fuertemente las tasas de interés de esos instrumentos para “terminar” con el mal heredado de la inflación, lo cual fracasó estrepitosamente y creó una bomba de tiempo que el FMI obligó a desarmar para sellar el acuerdo en 2018. Entonces surgieron las Leliq, que solo pueden ser suscritas por los bancos -lo que supuestamente reducía el riesgo de una corrida cambiaria, aunque en realidad plantea la posibilidad de una corrida bancaria en caso de crisis. Alberto Fernández prometía ponerle fin, pero desde que asumió, la bola de nieve más que se triplicó.

La montaña de Leliq y pases pasivos son una promesa de enorme emisión a futuro, porque en caso de desarme se asume que el Banco Central deberá pagar por ellas (nada menos que 3,6 billones de pesos). Con una pax cambiaria precaria y una inflación en el orden de 45% anual y acelerando, tocar esta bomba amenaza con hacer estallar todo el esquema económico. ¿Cómo se llegó a este laberinto?

Un aspecto del problema es el déficit fiscal, que al requerir emisión de billetes arroja más pesos a la circulación sin que crezca la demanda de dinero. Pero, cabe preguntarse, ¿por qué no crece la demanda de dinero? Por la caída de la actividad económica y el desplome de la inversión. Esta ausencia de inversión productiva -que acumula fuertes caídas ininterrumpidas desde mediados de 2018- es el motivo por el cual el Estado se ve obligado a absorber los pesos que emite, para restar estímulos a la inflación y evitar que se vuelquen a la compra de dólares. El año pasado crecieron los depósitos en los bancos, pero cayó lo que estos destinan a préstamos; en lugar de otorgar créditos a las empresas, la banca privada opta por las colocaciones en el Central, más redituables.

Es decir que la imposibilidad de resolver la bomba de tiempo de la deuda remunerada del Banco Central es otra de las expresiones del régimen de saqueo que caracteriza a la economía de país, y que se sostiene gobierno tras gobierno. La fuga de capitales es el corolario de todo esto, ya que las ganancias de los capitalistas son invertidas fuera del país o depositados fuera del sistema financiero argentino. Tenemos entonces que mientras discursea sobre un “capitalismo productivo”, Alberto Fernández sostiene un enorme negocio para la banca privada -un cuarto de todos los activos bancarios están colocados en el Central-, con tasas de interés que agudizan la recesión industrial, cuando la capacidad instalada ociosa supera el 40%.

De esta forma se conectan el sostenimiento usurario de la precaria pax cambiaria con el crecimiento de la pobreza, por la pauperización de los salarios y el avance de la desocupación. Esta decadencia del capitalismo argentino es una confirmación categórica del fracaso de la burguesía nacional en desarrollar productivamente al país, y explica las recurrentes crisis y devaluaciones del peso. Tanto vale para los nacionalistas como para los neoliberales. Una salida a este espiral descendente solo puede provenir de la clase obrera, con una reorganización económica y social que incluya la nacionalización de la banca y del sistema financiero, para orientar los recursos en función de un plan de desarrollo industrial y productivo, cortando de plano además la fuga de capitales y el pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta.