El gobierno informó que está a punto de presentar la Ley de fomento a la Agroindustria en el Congreso. La misma fue prometida en marzo pasado por Alberto Fernández y supone una serie de ventajas fiscales para el sector.

El proyecto propone un régimen impositivo especial para la agroindustria con el objetivo de llevar las exportaciones del sector a los 100 mil millones de dólares anuales; una meta ambiciosa, dictada por la orientación de hacer frente al pago de una deuda que hoy se revela como impagable. Una nota publicada en Ámbito el 8/9 reafirma que dentro de las prebendas incluidas en la nueva normativa se encuentran la exención de Ganancias para las compras de insumos agrícolas, como fertilizantes y semillas; y la amortización acelerada y el recupero del IVA en las operaciones de compra de maquinaria agrícola.

Expectativa vs. realidad

El punto es que la bonanza de divisas del agro de este año no obedece a inversiones. El «boom» exportador de la campaña 2020/2021 no se debió a un incremento de las toneladas exportadas sino a la suba de los precios internacionales de las commodities del agro. Los datos del Indec señalan que en el primer semestre del 2021 aumentó un 28,3% en términos interanuales la llegada de dólares por ventas al exterior, sin embargo, las cantidades exportadas tuvieron una caída del 1,2% en relación al mismo período del año anterior. También cayó la productividad por hectárea, lo cual diagnostica una huelga de inversiones. Por lo tanto, la volatilidad en el precio internacional de los granos pone contra las cuerdas el plan oficial.

Sin embargo, la principal exigencia del capital agrario para mayores desembolsos de capital es una mayor libertad cambiaria para poder girar dividendos al exterior. Esta pretensión de flexibilizar el cepo cambiario (parcialmente incorporada en el anteproyecto de Ley de Hidrocarburos) choca con los requerimientos de las escasas reservas internacionales para el pago de la deuda, especialmente al FMI. Esta encerrona es la razón por la cual el gobierno demoró casi un año en presentar el proyecto. Esta frazada corta es una demostración de la inviabilidad del rumbo fondomonetarista de la política oficial.

Por otro lado, la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que la la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica norteamericana pronostica que el fenómeno climático La Niña tiene un 70% de posibilidades de instalarse en Argentina el próximo verano, lo cual condicionará las lluvias que lleguen al país entre noviembre y febrero. “En los años Niña, las regiones agrícolas de la Argentina reciben entre un 20 a un 30% menos de lluvias que las normales dependiendo de la intensidad del evento” (Diario Ar, 23/8). La sequía en puertas afectará los resultados de la cosecha de soja y maíz 2022, como ocurrió en las campañas 2008/2009, 2011/2012 y 2017/2018 a causa de este mismo fenómeno; echando por tierra las expectativas gubernamentales de que “lluevan” divisas a partir de un crecimiento sustancial de las exportaciones agrícolas.

Más primarización y extranjerización

Los principales beneficiados por esta ley serían un puñado de multinacionales que concentran el complejo agroexportador de Argentina, acentuando la extranjerización y la primarización de la economía del país. Esto cuando la concentración capitalista en el campo viene en ascenso: en los últimos 30 años aumentó en un 96% la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias; y la proporción de esa superficie dedicadas a la siembra de soja, trigo y maíz aumentó de 7,6 millones de hectáreas a 23 millones, en detrimento de otros cultivos (Agritotal, 2020). La expansión de la frontera agrícola tiene su correlato en la expulsión de comunidades campesinas y un enorme impacto ambiental debido al uso de agrotóxicos, desmontes, etc.

La concentración del agro se ve nítidamente cuando reparamos en que el 60% de las exportaciones de granos de la campaña comercial 2020/2021 estuvo a cargo de cinco multinacionales: las estadounidenses Cargill, ADM y Bunge, la china Cofco y la firma de capitales suizos Oleaginosa Moreno (ex Glencore). No se trata de un episodio aislado sino que es la norma en el comercio exterior de Argentina; un informe realizado este año por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) da cuenta que las firmas grandes acaparan el 80% de las ventas al exterior de sus respectivos complejos. A su turno, los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario reflejan una mayor concentración económica en el campo ya que “tenemos más hectáreas en producción y explotaciones de mayor escala pero menos establecimientos”.

Otra rama agroindustrial como la fabricación de biocombustibles también presenta esta misma característica. El 40% del biodiesel y bioetanol que se expide en el país está en manos de dos grandes grupos empresarios, Bahía Energía y el perteneciente a la familia Puccirello. Este sector viene recibiendo un trato preferencial por parte de todos los gobiernos; sin ir más lejos, está exento del Impuesto al Combustible Líquido y al Dióxido de Carbono, además, se les concede la devolución del IVA y la amortización acelerada de ganancias. Además, Alberto Fernández acaba de autorizar una suba del 21% para el biodiesel y del 9% en el caso del bioetanol; incremento que impactará en el surtidor, afectando el bolsillo popular.

Es notorio también el alto grado de extranjerización que ostenta toda la cadena. A esto hay que sumarle que la venta de semillas y agroquímicos recae en cuatro pulpos internacionales que operan en el país: Syngenta, Monsanto, Basf y Dow Chemical. Es una tendencia que se viene profundizando en el último tiempo, a modo de ejemplo, las ventas al exterior de la quebrada Vicentín (de capitales nacionales) fueron absorbidas por las multinacionales Cargill y exGlencore. En este punto, los “estímulos” planteados dentro de la ley de Agroindustria tienen la finalidad de complacer a estos monopolios foráneos, agravando la inserción semicolonial del país en el mercado mundial. Por otra parte, traerá aparejado un aumento en el precio de los alimentos en el mercado interno, acrecentando la carestía.

El inminente envío de la ley fue precedido de la visita de Alberto Fernández a la planta santafesina de Syngenta en diciembre pasado, cuando la empresa se lanzó como exportadora de granos a China. Todo un gesto por parte del mandatario de hacia dónde pretende orientar la “reactivación económica” que pregona. A pesar de su demagogia en relación al cuidado del ambiente, no tiene reparos en festejar los anuncios de uno de los principales fabricantes de semillas transgénicas y de agrotóxicos en el país.

En definitiva, la ley de Agroindustria es un acicate para el saqueo nacional por parte de los monopolios agropecuarios y acarreará un sinfín de perjuicios para los trabajadores de este país, quienes se verán afectados por la suba de los alimentos, la fuga de divisas y el vaciamiento de las arcas públicas que promete el proyecto. Por lo tanto, es necesario dar lugar a la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior para volcar los recursos del país al desarrollo nacional y a la satisfacción de las necesidades sociales.