A lo largo de esta semana la Cámara de Diputados mantuvo una intensa actividad. Durante tres jornadas que duraron hasta la madrugada distintos ministros y secretarios del gobierno transitaron por el plenario de comisión que deberá dictaminar o rechazar la ley ómnibus con la que el gobierno planea -junto con el DNU- diagramar un nuevo marco legal para llevar adelante un régimen de excepción y de ofensiva contra los trabajadores.

Cuenta para este objetivo con buena parte del arco político patronal, que parece estar dispuesto a legalizar estos ataques y encarar una reorganización económica generalizada acompañando el proyecto de ley enviado por el ejecutivo.

La Libertad Avanza, a pesar de ser un bloque ultraminoritario en el parlamento, ha conseguido con el aval de la totalidad de los bloques menos el FIT-U designar a las autoridades de la Cámara y, luego de una alianza con lo que fue Juntos por el Cambio y el schiarettismo, también conseguir la presidencia de las comisiones y una composición que los favorece enormemente.

Este reparto le ha generado ciertos roces con un peronismo que brilla por su impotencia, por su parálisis política cuando no por su complicidad vía las negociaciones de los gobernadores por los fondos y sus propios ajustes provinciales. Una realidad patentizada en las declaraciones de CFK (“no hay que apurarse en atacar a Milei”), los apoyos explícitos de Scioli o las críticas de Massa al paro de la CGT.

Del PRO ni hablar. De Loredo dijo “queremos apoyar al gobierno, no nos la hagan difícil” y Pichetto que “no hay un problema de contenido sino de forma”. Todo dicho aunque pudiera pudrirse en algunos detalles como suele ocurrir con el diablo.

El “poroteo” favorece, entonces, al gobierno incluso si la totalidad de los 102 diputados que le quedan al peronismo después de algunas cooptaciones votaran en contra. Esto quedó bastante claro con las preguntas que realizaron los diputados a los distintos expositores oficialistas, donde no ahorraron en gestos que demostraran que querían facilitarles a los libertarios las herramientas necesarias para llevar adelante sus planes.

En lo que respecta al contenido de la ley, estamos ante un hecho verdaderamente grave: uno de los ejes centrales de la ley es que el Congreso le ceda al gobierno buena parte de sus facultades al declararse la emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Semejante concentración del poder público no se ha visto nunca en la historia de la democracia y los reparos que se hicieron de parte de la mayoría de los bloques se limita a la duración de los mismos y no a lo que Milei y su gabinete pretende hacer con esas atribuciones. Entonces, aunque cayera el DNU, con estas facultades podrían reproducirlo íntegro. Segundo, si no es por cuatro años (dos prorrogables) y es por dos (uno prorrogable) sería suficiente para reventar la Argentina enterita.

En las exposiciones los funcionarios no tuvieron el menor empacho en clarificar cuáles son sus propósitos con esta ley. La ministra Bullrich, por ejemplo, se expresó a sus anchas sobre el protocolo represivo. Planteó que quitarían el artículo que más polémica generó, que no habría que notificar al ministerio para reuniones de más de tres personas, pero a cambio de esa “concesión” defendió sin tapujos el gatillo fácil, la criminalización de la protesta, la condena a los “organizadores” de las manifestaciones estén o no en el lugar y, un dato no menor, la prohibición de litigar contra el Estado para quienes sean al mismo tiempo juzgados por algún delito. Este artículo sobre el cual no se han detenido los medios puede sentar un precedente extremadamente peligroso en medio de un gobierno que al criminalizar la protesta y profundizar la represión quiere impedir que los damnificados de la brutalidad represiva tengan cualquier clase de derecho.

Por su parte, el ministro del Interior, y supuesto brazo político del gobierno, cedió frente al único punto que rechazaron tratar ahora la UCR y el PRO: la reforma política. Se trataba de una iniciativa radical que copiaba el sistema estadounidense de elecciones uninominales, dejando sin representación a las minorías y modificando las estructuras partidarias que rigen desde hace décadas. Algo inviable en la fragmentación política argentina. Al mismo tiempo, se plantea dejar el desfinanciamiento estatal a los partidos políticos abriendo paso al lobby empresarial y corporativo, algo que a todas luces ya existe y es la principal fuente de ingresos en las campañas patronales, pero que dejaría sin recursos elementales a los partidos más chicos y esencialmente a la izquierda.

La presencia de Romina Del Plá en el debate educativo quedó reflejada por los principales medios, ya que protagonizó un cruce con el secretario donde reconoció el vaciamiento universitario a partir de justificarse en que había que comenzar por la educación básica. Una completa insensatez por parte de un gobierno que se prepara para el desfinanciamiento generalizado de la educación, dejándola librada a la lógica del mercado. La defensa de la educación como servicio esencial es básicamente una declaración de guerra a la docencia que se organiza, que defiende la educación pública y que junto con el estudiantado ha sido el principal freno a un deterioro mayor a lo largo de estos años. Se notó que el secretario reconoce al Partido Obrero como un enemigo estratégico, vale la pena ver el recorte.

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Otro punto destacado fue la presencia del secretario de finanzas, Pablo Quirno. Las transformaciones que pretende la ley ómnibus en materia de deuda pública engendran un enorme peligro, ya que le permiten al Poder Ejecutivo emitir deuda nueva, en dólares y bajo legislación extranjera sin pasar por el congreso y, además, reestructurar y renegociar sin parámetro alguno a partir de las condiciones vigentes en el mercado (en el caso de Argentina con una tasa de interés del 20% anual en dólares).

Sin embargo, esto está lejos de ser el ítem más grave de lo informado por Quirno. Es que el secretario fue el encargado de defender el saqueo histórico que se busca imponer a los jubilados, pasando el Fondo de garantía de sustentabilidad de la Anses al tesoro. Esto implica una confiscación sin precedentes al patrimonio de los jubilados que han aportado a lo largo de toda su vida laboral. El FGS cuenta con una abultada cantidad de títulos de deuda pública que, en caso de que sea absorbido por el Tesoro, se cancelaría de forma inmediata ya que el emisor de la deuda sería también el acreedor. Una confiscación lisa, llana y directa de casi U$S 50 mil millones, por ahora “el robo del Siglo XXI”, tal vez vengan otros mayores aún.

Son muy diversos los temas que se abordan a lo largo de los casi 1.000 artículos que suman entre la ley ómnibus y el DNU. Lo cierto es que la oposición patronal se arrodilla ante estas iniciativas y le allanan el camino al gobierno para la aprobación, al menos de la ley. La crisis política horada los bloques y la resistencia social contra semejante atropello jugará un rol importante en este proceso.

El paro convocado para el día 24 será una instancia absolutamente fundamental para que todos los sectores afectados confluyan en una jornada que probablemente superara el paro aislado convocado por la burocracia para parlamentarizar y judicializar una disputa que solo saldará la lucha de clases. La posible convocatoria a sesión ese mismo día, un rumor que ha empezado a correr en las últimas horas, sería una provocación mayúscula de un gobierno que parece dispuesto a todo para derrotar a la clase trabajadora.

El Partido Obrero y la bancada del Frente de Izquierda se planta en el Congreso y en las calles contra este plan de guerra, rechazando la ley ómnibus y el DNU y denunciando la complicidad que tanto el peronismo como JxC sin la cual sería imposible la legalización de esta democracia de infantería.

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