La vuelta del proyecto de Ley Ómnibus a comisión significa, probablemente, el golpe más importante al gobierno de Milei en los casi dos meses que lleva de mandato. Luego de que el tratamiento parlamentario haya sido a los tumbos, con todo tipo de irregularidades, en la jornada del martes se rompió el precario equilibrio que había hecho pasar de instancia una propuesta fervientemente anti obrera.

Es que lo único que había sostenido hasta ahora en pie el ambicioso proyecto del Ejecutivo era el apoyo que le otorgaban los bloques colaboracionistas (y los sectores de la burguesía que ellos representan), especulando con un reparto del saqueo a vastos sectores de trabajadores, y particularmente de los jubilados, como significaba la aplicación de la ley.

El derrotero no comenzó el martes. Por el contrario, tuvo un tortuoso pasaje por comisiones en donde la impericia e inexperiencia del actores oficialistas llevó a varios editorialistas a preguntarse si Milei verdaderamente quería que se aprobase el proyecto. En Prensa Obrera consta un seguimiento riguroso de las distintas etapas en las que se fue erosionando la “ley de bases”, que sin lugar a dudas tuvo un punto de inflexión cuando se retiró el capítulo fiscal. Era el verdadero corazón del proyecto, que el gobierno trató de disimular haciendo pasar a la guarnición por plato principal.

Lo que anticipaba esta temprana crisis era que la pelea con los gobernadores por las cajas, y la regulación de los sectores empresarios que financian a esos gobernadores, se colocaba en el centro de la escena. Los diputados habían anunciado que apoyaban la moratoria, el blanqueo, la baja de Bienes Personales, la liquidación del FGS, etc. El primer problema eran las retenciones y las cajas previsionales provinciales, dos fuentes de financiamiento que el gobierno nacional y las provincias disputaban para sí.

La angurria tiene razones materiales. El gobierno acordó con el Fondo Monetario un desembolso en febrero para cubrir los vencimientos del primer cuatrimestre y una segunda revisión recién en diciembre, a cambio del compromiso de pasar de un déficit fiscal del 3% del PBI en 2023 a un superávit del 2% en 2024. Esto implica un ajuste de características fenomenales, especialmente si como prevé el Fondo la economía argentina caerá 2,5% este año.

Las transferencias a las provincias cayeron un 98% en enero, asfixiándolas presupuestariamente. La eliminación de Ganancias desde el mes de octubre colaboró también con el empeoramiento de sus finanzas al tratarse de un gravamen coparticipable, y por eso se vio como un castigo a los gobernadores el retiro del proyecto que establecía su reposición. Como dijimos hasta el hartazgo, ni los bloques colaboracionistas, ni el peronismo pasivo, ni el gobierno de Milei, ni los gobernadores tienen problemas de principios o se pelean porque alguno de ellos defienda a la clase trabajadora, es un problema de reparto en una pelea interburguesa.

Estos choques parten también de la consciencia del FMI de que el ajuste contra las masas no está alcanzando. La clase obrera en Argentina viene sufriendo ajuste tras ajuste, con niveles de pobreza fenomenales, récord entre trabajadores ocupados, con jubilados que ganan alrededor de un cuarto de la canasta de la tercera edad y seis años consecutivos de caída del salario real. Sin la posibilidad de que ajustar a los ajustados modifique drásticamente la ecuación, los buitres empiezan a comerse entre sí.

Tal es así que la coparticipación del impuesto País se transformó en uno de los principales puntos de desacuerdo y, finalmente, una de las gotas que rebalsó el vaso. Los gobernadores, con el cordobés Llaryora a la cabeza, se pusieron firmes en las negociaciones exigiendo una parte de un impuesto que se traslada directamente a los precios y que Milei ha subido desde el 7,5% al 17,5%, transformándolo en el tercero de mayor recaudación en el país. Frente a la negativa del gobierno nacional, la megaley que ya había perdido la mitad de su volumen tenía los minutos contados.

Crisis por arriba y movimiento por abajo

Los bloques colaboracionistas (UCR, PRO, HCL) habían hecho lo imposible para que la ley se aprobara. En nombre de dotar a Milei de “gobernabilidad” le habían advertido una y otra vez qué puntos apoyaban y en cuáles el gobierno debía dar un paso atrás, para tratarlo posteriormente en las sesiones ordinarias o acomodar algo del proyecto inicial.

Cierta necedad del gobierno hizo que no alcanzara con la firma del dictamen sin texto, ni con la aprobación “en general” aun cuando se desconocía el articulado. Se vio, a lo largo de estas cinco semanas de tratamiento, cómo las y los diputados experimentados, representantes históricos del capital, buscaban encarrilar un proceso que se desbandaba por todos lados.

El martes la votación en particular comenzó chueca para “las fuerzas del cielo”. Ni Pichetto ni la UCR consiguieron homogeneizar sus votos y empezaron a tambalear los puntos más importantes que todavía no habían sido cercenados. Así se redujeron las emergencias, las facultades delegadas no tenían votadas las bases y la reforma del Estado quedó prácticamente vaciada.

Frente a semejantes cachetazos, fue el propio Pichetto quien intervino pidiéndole receptibilidad al gobierno si no quería seguir perdiendo, y, haciendo de presidente de la Cámara, dictaminó un cuarto intermedio antes de que se votaran las privatizaciones, en un último intento de salvar lo que ya parecía roto.

Efectivamente, luego de una nueva reunión en el despacho de Menem, volvieron con la definición de que el proyecto volviera a comisiones. Una derrota indudable para el gobierno que pretendía hace solo unas semanas llevarse puesto al conjunto del régimen político, que hoy tiene un protocolo fracasado, que tiene capítulos enteros del DNU frenados en la Justicia y que no pudo aprobar ni siquiera una parte de la ley Ómnibus, fundamental para la instalación de un nuevo marco normativo.

Es inescindible el fracaso dentro del recinto de lo que pasaba afuera. Las movilizaciones que ocurrieron frente a cada día de la sesión, el despliegue represivo de Bullrich que terminó con 25 periodistas heridos, decenas de militantes detenidos y el repudio de una parte importante de la población contribuyó a que la ley tambaleara y a meter presión respecto de lo que se pretendía votar.

Es nada menos que un punto de apoyo para el movimiento popular, que debe montarse en este fracaso del gobierno para profundizar la pelea por que caiga todo el plan Milei, por la recuperación del salario, de las jubilaciones, la recomposición de los planes sociales. Por eso es urgente la convocatoria a un plenario de trabajadores ocupados y desocupados, junto con las asambleas populares y el movimiento de la cultura que se ha organizado firmemente contra la ley.

Como dijo la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá: “El paro y movilización, los cacerolazos, las movidas previas del 20 y 27 de diciembre, la gran movilización de la cultura y la vuelta de las asambleas populares, son botones de muestra de una clase obrera y un pueblo que tienen demasiada historia para aceptar esta barbarie. La salida vendrá de donde vino siempre, de la mano de la clase obrera y el conjunto del pueblo trabajador, hasta que definitivamente seamos gobierno”.

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