Políticas
3/3/2026
Límites de la Justicia de Córdoba, paro y plan de lucha para derogar Ley de "Equidad Jubilatoria"
Un amparo contra el aumento de aportes jubilatorios solo incluye a 5 jubilados; paro y plan de lucha por el salario y la defensa de jubilaciones.
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Protesta de jubilados en Córdoba.
Cinco trabajadoras obtuvieron un amparo en contra del aumento de aportes jubilatorios establecido en la denominada Ley de Equidad Jubilatoria que el gobierno de Martín Llaryora quiere imponerle a las y los estatales de la provincia. Esto, junto con una paritaria que bien vista implica recortes en los haberes.
En este cuadro crece la bronca. La docencia de Córdoba viene de realizar un gran paro, y el movimiento de jubilados realizará 100 rondas en rechazo a la confiscación de las jubilaciones, a la vez que denunciará la intervención de la Caja de Jubilaciones, que sin dudas es una herramienta de la que se vale el gobernador para pagar jubilaciones por debajo de la canasta del adulto mayor.
En el nuevo amparo presentado por abogados afines al SEP, en el que se presentan trabajadores de la Justicia y del sector salud para solicitar que no se les retenga el aporte extraordinario dispuesto en la Ley 11.087 -que establece incrementos de entre el 2% y el 8% según los ingresos de los trabajadores provinciales-, se cuestiona lo que consideran una medida injusta del gobernador Llaryora. Si bien la Justicia dictaminó que no podrán realizarse las retenciones previstas en la ley respecto de los amparistas por advertirse un posible carácter de inconstitucionalidad, el punto central es que el aumento y el sostenimiento de la Caja se garantizarían en gran medida únicamente con aportes de los trabajadores y no así con mayores contribuciones patronales.
Si bien este fallo previene nuevos descuentos y garantiza el reintegro de los montos retenidos, su aplicación alcanza solo a cinco trabajadores; el resto de los empleados provinciales continúa sujeto a las retenciones impuestas por el Gobierno provincial. A su vez, en declaraciones a Perfil Córdoba, el gobernador Martín Llaryora expresó: “Con un criterio de equidad distributiva, para solventar parte de ese déficit y para que los jubilados provinciales mantengan mejores ingresos que los nacionales. No puede ser siempre que todos los cordobeses mantengan el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones”.
Sin embargo, la situación no es como la plantea el gobernador. Afirman que, si la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba presenta déficit, ello se debe en gran medida a la intervención que recae sobre ella desde hace 30 años. Señalan que no se logró mantener su equilibrio financiero, que se la desfinanció y que se destinaron fondos previsionales a otros fines ajenos a su naturaleza. En consecuencia, entienden que no corresponde que la responsabilidad por ese desequilibrio recaiga ahora sobre los trabajadores.
Como si ello fuera poco, el supuesto déficit de la Caja ascendería a 600 millones de pesos, mientras que el gobierno de Córdoba condona deudas al Estado nacional y garantiza exenciones impositivas a sectores agropecuarios por más de 800 millones de pesos. Según esta postura, se desfinanció la Caja de Jubilaciones y ahora se pretende que los trabajadores afronten una deuda que no generaron, al tiempo que se sostiene que no corresponde a los cordobeses financiar el sistema previsional, pero sí se adoptan medidas que implican beneficios fiscales para otros sectores.
Como la burocracia es reacia a convocar al paro porque es adicta al gobierno de Llaryora, utiliza la vía judicial para disimular su completa entrega. Finalmente son las mismas conducciones que dejaron pasar los ataques a salarios, jubilaciones, y condiciones de trabajo.
Frente a este escenario, se plantea la necesidad de impulsar un reclamo sistemático y una movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, con la consigna: “La Caja es de los jubilados; la deuda es del gobierno”. Puede ser uno de los ejes para la realización de un plenario de estatales que desarrolle un plan de acción para arrancarle a la burocracia sindical un paro general por los reclamos pendientes; sin dudas, uno de los esenciales es la derogación de la Ley 10694, que la norma de supuesta “Equidad Jubilatoria” vino a profundizar.
Abajo las leyes antiprevisionales, 82% móvil en base a un salario equivalente a la canasta básica familiar, devolución de la Caja de Jubilaciones, paro plan de lucha.
