Marzo viene con nuevos aumentos implementados para avanzar en el ajuste fiscal que reclama el FMI. Es el caso del transporte en el AMBA que, luego de haber aumentado un 40%, aumentará un 6% en ese mes y tendrá aumentos escalonados hasta diciembre ajustados mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires relevado por el Indec.

Cabe destacar además que estas empresas vienen de incumplir el pago de la primer cuota paritaria, por lo que medio centenar de líneas de colectivos fueron al paro. Así continúa aumentando el costo de vida de los trabajadores y nada queda de aquellas expectativas oficiales de llegar a abril con una inflación del 3%.

En el caso del subte y el premetro, estos aumentarán sus tarifas de forma escalonada a partir de marzo en 4 tramos. El subte comenzará a costar $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y $80 en septiembre. El premetro, por su parte, pasará en marzo a costar $20 en marzo hasta junio y en septiembre llegará a $28.

En tanto, los alquileres aumentarán un 89,6% para aquellos que renuevan contrato en marzo y las tarifas de agua y gas (reguladas por el Estado, el principal formador de precios) percibirán un incremento del 28,3%. El gobierno alega que este sería el único aumento anual para dichos servicios, sin embargo a este porcentaje luego se le agregarán las subas correspondientes a los servicios de transporte y distribución, que también impactan en el precio final de la factura.

También aumentarán las prepagas en un 7,66% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 (según Ripte) y para quienes completen el formulario. Para aquellos que tengan salarios inferiores a ese monto, será del 5,04%. Cabe destacar que la medicina privada fue una de las principales beneficiadas con los aumentos en 2022, llegando a acumular un incremento anual superior a la inflación. Con este nuevo aumento, en el primer trimestre de 2023 ya acumularían un alza de 24,5% para quienes no califican para el tope, y del 17,8% para los casos en que sí se considere el índice máximo vinculado con el Ripte.

En tanto, el programa Precios Justos, impulsado por el gobierno con el presunto fin de combatir la inflación, autorizó nuevas subas para las cuotas de los colegios privados, las cuales subirán hasta un 16,38% en marzo y en los meses siguientes tendrán ajustes de 3,5% hasta el 30 de junio. También aumentará el precio de la nafta hasta un 3,8% por mes a pedido de las petroleras.

A esto se agrega que las consultoras privadas vaticinan un índice inflacionario para el mes de febrero de alrededor del 6%. Tanto en enero como en febrero la inflación en alimentos estuvo en el centro de la tormenta, algo atizado por la sequía, los naftazos que encarecen el transporte y ahora se agregan los aumentos autorizados por el Estado en la nueva negociación del programa Precios Justos bajo exigencia de los supermercadistas.

Como resultado, el último informe de la consultora Scentia reportó en enero una caída general del consumo de 1,6%, la segunda luego del 1,1% de diciembre, algo que ya resultaba grave considerando que el cobro del aguinaldo, los bonos de fin de año y las fiestas deberían impulsarlo. En la misma línea el nuevo índice de volumen de ventas que elabora la Cámara Argentina de Comercio cayó solo en un 0,3% con respecto a diciembre.

Es la muestra del fracaso estrepitoso del gobierno para combatir la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores, quienes además sufren los recortes fiscales. Pero además el propio Estado se vale de la inflación para licuar el gasto público y se beneficia con estos incrementos vía mayor recaudación. Es un ajuste que se retroalimenta en perjuicio de los consumidores. El alza de precios más que compensa, en este punto, el desplome del consumo.

Las políticas inflacionarias del gobierno para complacer al FMI tiene a los trabajadores como sus principales víctimas. Es necesaria una política de intervención de toda la cadena de valor de alimentos y bienes de consumo masivo, bajo control de los trabajadores, junto a una recomposición general de los salarios que permita garantizar el acceso a todos los bienes y servicios necesarios para el bienestar de las familias obreras.

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