Ricardo López Murphy, candidato a diputado de Juntos por el Cambio, se sumó a los reclamos devaluacionistas al afirmar que “la idea de atrasar sistemáticamente el tipo de cambio dejó de ser útil o viable, y conspira seriamente tanto contra la creación de nuevos puestos de trabajo como de atracción de nuevas inversiones”. De este modo, el exministro de Economía de De la Rúa se mostraba sin ningún disimulo como partidario de avanzar en un ataque en regla contra los trabajadores, a sabiendas de que una devaluación abrupta terminaría por licuar los ya raídos salarios.

Para ello, blande el argumento de que el causante de la “huelga de inversiones” sería el elevado costo laboral. Se trata de un planteo remanido que no tiene ningún asidero en la realidad puesto que los salarios en Argentina están en pisos históricos, y, a pesar de esto, la tasa de inversión no repunta. Sin ir más lejos, el promedio salarial del sector privado registrado en 2017 equivalía a USD 1.457,54, descendiendo a USD 495,71 al día de hoy. Por otra parte, los datos del Indec arrojan que en el segundo trimestre 2021 la participación de la remuneración del trabajo asalariado en la generación de valor agregado bruto cayó un 10% en relación al segundo trimestre 2020, y, como contrapartida, el excedente de explotación bruto de las empresas subió casi cuatro puntos en el mismo período. Así las cosas, a contramano de lo que afirman los portavoces del capital, estamos en presencia de un incremento de la explotación de la fuerza de trabajo en el país.

Por otro lado, quienes se inclinan por una devaluación bajo el pretexto aumentar la competitividad de Argentina en el mercado mundial, omiten que el saldo favorable con el exterior no es bajo ningún punto de vista una “bala de plata” para garantizar el desarrollo nacional. Lo muestra el hecho de que hoy en día esa “competitividad” en los términos de intercambio con otros países ya está dada: en los primeros nueve meses se alcanzó un superávit comercial de USD 12.322 millones, como resultado de que la suba de los precios internacionales de los productos de exportación fue mayor a la de los productos de importación. Sin embargo, esos dólares se evaporaron rápidamente ya que BCRA dilapidó sus reservas en la fuga de capitales (incluyendo el pago de vencimientos de deuda).

En lugar de hurgar en el “costo laboral” cada vez más reducido, corresponde atribuir la falta de inversiones a las prácticas de saqueo en las que incurre la clase capitalista, como la fuga de capitales irrefrenable, que se traduce en los USD 400 mil millones que poseen los empresarios argentinos en el exterior y “abajo del colchón”. La misma clase social que puebla los paraísos fiscales mediante la creación de sociedades off-shore, tal como lo evidenciaron los Pandora Papers. 

Un golpe a los salarios

Sin lugar a dudas, achicar la brecha cambiaria por la vía devaluatoria desataría un proceso hiperinflacionario, pulverizando el bolsillo popular. Por un lado, las patronales importadoras trasladarían los mayores costos en dólares al precio final. A su vez, los sectores exportadores buscarían replicar en el mercado interno los beneficios obtenidos a través de sus ventas al exterior con un dólar más caro. Por otra parte, una devaluación en regla generaría una enorme presión sobre las tarifas de los servicios públicos, ya que el precio del gas en boca de pozo -insumo base- se encuentra dolarizado.

A su turno, una medida de este tipo incrementaría el peso de la deuda en dólares y de los bonos en pesos atados a la cotización del dólar. A su vez, la escalada inflacionaria producto de una devaluación tendría un enorme impacto en los títulos indexados a la inflación que viene emitiendo el Tesoro, acentuando de este modo el caudal de deuda contraída por el Estado. Inclusive, probablemente el gobierno pasaría a elevar las tasas de interés de los instrumentos nominados en moneda local en función de evitar una corrida, lo cual agravaría las tendencias recesivas.

El gobierno es consciente de las implicancias de una devaluación abrupta y es por eso que intentó todo este tiempo mantener a raya el tipo de cambio oficial. Por este motivo, ha salido a vender dólares con el objetivo de contener el alza del dólar financiero y atenuar así las presiones devaluatorias. Lo anterior ha insumido gran parte de las reservas del Banco Central, las cuales se encuentran en estado crítico.

El FMI, por su parte, ve con preocupación tamaña hemorragia de divisas, ya que le interesa que el gobierno tenga los dólares suficientes como garantía de repago. En ese sentido, el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, señaló recientemente que con el Fondo “se está discutiendo el formato de programa que tiene que haber para que los fondos del nuevo programa vayan a financiar los vencimientos del programa anterior (…) Estamos discutiendo, entre otras cosas, el sendero fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación y el tipo de cambio” (Ámbito, 9/11). Es decir, el FMI exige como condición para arribar a un acuerdo cerrar la brecha cambiaria (ergo devaluar), generando enormes perjuicios para la población trabajadora.

Como vemos, nos proponen que los trabajadores paguemos las consecuencias de una devaluación en nombre de reestructurar la hipoteca fraudulenta con el Fondo, en un arreglo que implicará contraer nueva deuda en dólares para poder pagar los vencimientos viejos; un espiral sin salida. Esto, sin mencionar el resto de los ataques antiobreros que tienen en la gatera, como una reforma laboral flexibilizadora, la liquidación de las jubilaciones y un ajuste en regla del gasto público.

El gobierno tomó nota de dicha demanda e inmediatamente dio paso a un desdoblamiento cambiario bajo la forma de dólar turista. No obstante, la política oficial se topa ante una encerrona a la hora de aplicar la devaluación que reclama un sector de la clase capitalista: las contradicciones económicas mencionadas anteriormente actuarán como aliciente del descontento popular, y, en ese sentido, podrían ser un factor que desencadene una rebelión en Argentina.

Necesitamos organizar la lucha en cada lugar de trabajo para derrotar esta embestida y defender un salario mínimo y jubilación mínima igual a la canasta familiar, paritarias indexadas a la inflación, 82% móvil, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y trabajo bajo convenio para todos. Por otra parte, la discusión no debería ser si devaluación sí o no, la salida de fondo a esa disyuntiva radica en terminar con el drenaje de divisas y recapitalizar el Banco Central por medio de repudiar la deuda usuraria, romper con el FMI y nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior. De esta forma, podremos avanzar en un desarrollo nacional y en resolver las necesidades populares.

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