El macrismo ha convocado a la oposición a suscribir un acuerdo de 10 puntos básicos en un intento por contener el derrumbe económico y político de su gobierno. Dichos puntos son una hoja de ruta contra el pueblo trabajador. Roberto Lavagna, que criticó el anuncio como un marketing electoral, postula sin embargo su propia propuesta antiobrera: un gobierno de “unidad nacional” para imponer una reforma previsional, laboral y fiscal. En cuanto al kirchnerismo, rechaza el convite del macrismo, pero defiende -como veremos- muchos de esos planteos y postula un frente electoral con Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, que son los mismos que se sentarán a negociar con Macri los 10 puntos en cuestión.

A continuación, contraponemos los anuncios de Macri con los planteos desarrollados por el XXVI Congreso del PO, que viene  de aprobar un  conjunto  de planteos que están contenidos en su propuesta de manifiesto al Frente de Izquierda. Estos planteos están sintetizados en “los 10 puntos del pueblo trabajador” que  acabamos de dar a conocer. La presente nota   compara lo que plantean ellos y lo que planteamos nosotros. 

Punto 1: las trampas del “equilibrio fiscal”

“Lograr y mantener el equilibrio fiscal”, dice el primer punto. La gran trampa aquí es que no se dice que el principal factor de desequilibrio de las cuentas públicas es el pago de los intereses de la deuda externa, que es precisamente lo que el último punto del acuerdo garantiza. El pago de intereses equivaldrá al 3,6% del PBI para 2019.

En verdad, lo que el gobierno anticipa con el verso del “equilibrio” es una reducción aún mayor de los gastos en salud, vivienda y educación para asegurar los pagos de la deuda y el reembolso al FMI. Este plan, que busca profundizarse, ya está en marcha tanto a nivel nacional como en las provincias.

El PO-Frente de Izquierda rechaza las políticas de ajuste y plantea la triplicación del presupuesto de salud y educación, y el pase a planta de todos sus trabajadores.

Punto 2: sobre el Banco Central

“Sostener un Banco Central independiente…”, enuncia el segundo punto. Otra trampa, toda vez que se pretende convertir al Banco Central en una sucursal del FMI, que incluso ha instalado allí una oficina propia para monitorear el día a día. Se trata incluso de un planteo antidemocrático que da preminencia a la burocracia del Estado y al capital sobre las decisiones de la población. Bajo esta “autonomía” rige el secreto de Estado sobre  la dimensión de la fuga de capitales que se financia con el Tesoro, acelerando la marcha hacia la bancarrota.

En oposición a este rumbo proimperialista, planteamos la recapitalización del Banco Central  y la  nacionalización de la banca y el comercio exterior, para cesar con la fuga de capitales y el despilfarro del ahorro nacional y para reorientarlo a un plan de reindustrialización del país.

Punto 3: las exportaciones

El planteo de un “crecimiento sostenido de nuestras exportaciones” es una expresión de deseos que aparece condicionado al desarrollo de la crisis mundial. El reciente anuncio de Trump de un aumento de los aranceles contra productos chinos acentúa la guerra comercial, en medio del desarrollo de tendencias recesivas a nivel global.

Para un verdadero desarrollo nacional, planteamos la nacionalización de la banca y del comercio exterior, de los puertos y todos los resortes fundamentales de la economía y un plan de industrialización discutido por los trabajadores.

Punto 4: los negocios empresarios

Cuando habla de “respeto a los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica”, el acuerdo procura asegurar las inversiones y negocios de los grandes empresarios, en particular de los monopolios petroleros y gasíferos y de las empresas privatizadas, que se han visto beneficiadas por subsidios multimillonarios durante el kirchnerismo y ahora por los tarifazos. Los acuerdos del gobierno anterior y éste garantizan un precio a boca de pozo, por encima de la media internacional, a costa del saqueo a los usuarios.

Reclamamos la anulación de los tarifazos, la apertura de los libros de las empresas y  planteamos la nacionalización integral sin resarcimiento del sistema energético, bajo control obrero y de las organizaciones ambientalistas, para recuperarlos como una palanca de desarrollo nacional en favor de los trabajadores.

Punto 5: la reforma laboral

Con la referencia a una “legislación laboral moderna”, el gobierno se refiere a la implementación de una reforma laboral que avance en la flexibilización y destrucción de los convenios colectivos. Es un camino que ya han emprendido sectorialmente en petroleros, Atilra y telefónicos, entre otros gremios. Cuando Pichetto plantea que se convoque a los gremios a discutir el acuerdo, se refiere a sentar en la mesa de negociaciones a la burocracia sindical de la CGT, que ya había dado el visto bueno a la reforma laboral hundida por las grandes jornadas de lucha de diciembre de 2017 y que viene pactando los  convenios  a la baja y de flexibilización laboral.

Desde el PO-Frente de Izquierda rechazamos la reforma laboral. Defendemos los convenios colectivos de trabajo y planteamos el fin de la precarización laboral, el salario equivalente a la canasta familiar, ocupación de toda empresa que cierre o despida, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, seguro al desocupado y apertura irrestricta de los planes sociales.

Punto 6: menos impuestos para los empresarios

“Reducción de la carga impositiva… enfocado en los impuestos más distorsivos”, dice el documento. Este punto recoge el insistente reclamo empresarial de una rebaja de impuestos al capital. En esa línea, el gobierno ha implementado en los últimos años beneficios relacionados con ingresos brutos e impuesto al cheque. Hasta cierto punto, la agenda de rebajas impositivas ha chocado con la crisis del gobierno, que se vio obligado a restablecer retenciones al agro y detener el cronograma de rebajas en el caso de la soja, algo que Macri se comprometió a rever durante su paso por la feria Expoagro.

La inclinación a los reclamos del gran capital contrasta con la confiscación de la población trabajadora vía impuestos. El sistema tributario argentino es profundamente regresivo. Planteamos la anulación de todas las exenciones impositivas al gran capital en la nación y en las provincias, la abolición del IVA y del impuesto a las ganancias sobre los salarios y su suplantación por un impuesto progresivo a las grandes fortunas.

Punto 7: otra vez, la reforma previsional

Con el punto “consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo”, el gobierno se plantea avanzar en una reforma jubilatoria que aumente la edad de retiro, consolide los haberes en niveles de miseria y elimine los regímenes previsionales especiales. El ataque a las jubilaciones está colocado fuertemente en la agenda política de otros países latinoamericanos, como Chile, Paraguay, Brasil y Nicaragua.

Contra el ataque a las jubilaciones, en diciembre de 2017 se produjeron las multitudinarias manifestaciones frente al Congreso.

lanteamos la elevación inmediata de la jubilación mínima al costo de la canasta de la tercera edad, hoy en los 31.000 pesos, en el camino de recuperar el 82% móvil, financiado con la restitución de los aportes patronales y el blanqueo de todos los trabajadores en negro, arrancando la Anses y todas las cajas previsionales de las garras de los gobiernos del ajuste y poniéndolas bajo control de representantes electos de los trabajadores y los jubilados.

Punto 8: federalismo

El acuerdo habla de la “consolidación de un sistema federal…”, pero se trata de otra trampa. Lo que en verdad busca este planteo es descargar responsabilidades sobre los gobiernos provinciales para liberar recursos para el pago de deuda.

Denunciamos que el plan de ajuste del macrismo se ha llevado a cabo con el apoyo de los gobernadores de todo signo político, incluyendo a la kirchnerista Alicia Kirchner. Las provincias suscribieron en 2017 un pacto fiscal por el que se comprometen a un fuerte ajuste en sus distritos. Partiendo del desconocimiento de la deuda externa, reclamamos la triplicación del presupuesto educativo y de salud, restableciendo sistemas únicos nacionales, que garanticen el mismo acceso a los servicios públicos en cualquier punto del país.

Punto 9: el Indec

“Asegurar un sistema de estadísticas transparente”, dice el noveno punto del acuerdo. Pero la única manera de lograrlo no está en el radar del gobierno. Frente a los atropellos de Guillermo Moreno y el kirchnerismo y las presiones del macrismo, desde el PO-FIT siempre hemos planteado que el Indec debe estar controlado por sus trabajadores. La estadística de la inflación nos interesa a los trabajadores en función de una escala móvil que garantice el salario mínimo igual a la canasta familiar.

Punto 10: la deuda externa

“Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores”, propone el macrismo. Pero el pago de la deuda externa es incompatible con el desarrollo nacional: sólo en 2019, los vencimientos de deuda serán de 58.720 millones de dólares. En cinco años, el país deberá pagar 197.000 millones de dólares, incluida la deuda con el FMI.

Rechazamos también las variantes de una “renegociación” que impulsan Lavagna, el Peronismo Federal y el kirchnerismo. Estas renegociaciones nos  mantendrían bajo la tutela de los saqueadores, impidiendo cualquier posibilidad de un desarrollo nacional independiente.

Planteamos la investigación y el no pago de la totalidad de la deuda, por ser usuraria y fraudulenta, y la ruptura del pacto colonial con el FMI y los acreedores internacionales. El ahorro nacional debe destinarse a resolver los grandes problemas nacionales.