A pesar de que las restricciones decretadas por Alberto Fernández alcanzan solo a tres días hábiles de la actividad económica, las patronales afectadas han pegado el grito en el cielo, reclamando nuevos beneficios y retomar la producción, e incluso han encontrado aliados entre los intendentes municipales para hacer de cuenta que nada ha pasado.

Se trata de las medidas que afectan a la porción de empresas no reconocidas como esenciales –o subsidiarias de estas- durante la pandemia, que, en principio, no estarían autorizadas para funcionar.

Solo en la provincia de Buenos Aires existen unas 32.000 fábricas, de las cuales se calcula que un 30% sería considerada, estrictamente, como esencial. Aunque es sabido que el espectro de las “esenciales” se amplía conforme a la capacidad de cada patronal de justificar su “utilidad” en el mercado o su influencia en cada jurisdicción municipal y/o provincial.

Lobby patronal

El pasado fin de semana, distintas entidades patronales de la provincia de Buenos Aires –entre ellas vinculadas a la UIA y la Came- divulgaron un comunicado donde “solicitan” el retorno pleno de la actividad económica y un cese del conjunto de sus obligaciones impositivas, laborales y previsionales, prórroga en sus deudas bancarias y de servicios públicos y nuevos subsidios del Estado, mientras duren las “restricciones”.

Para justificar sus pretensiones se valen del relato del gobierno nacional, que sugiere, aunque con ninguna prueba, que los contagios se producen en las reuniones sociales y no en los lugares de trabajo.

Según las patronales, los protocolos empleados serían suficientes para controlar la circulación del virus, aunque la evidencia demuestre lo contrario, como ha quedado de manifiesto recientemente en la planta de Acindar Villa Constitución. “Hemos demostrado que la industria no contagia”, sentencian los capitalistas bonaerenses.

El presidente de la UIA bonaerense, Martín Rapallini, fue aún más lejos y reclamó la supresión de la doble indemnización por despido, con el propósito de agregar “versatilidad” a la situación de las patronales.

Ojos que no ven…

Pero los capitalistas hacen como el tero, que en un lado pone el grito y en otros los huevos. En efecto, no hay un registro fehaciente de que la actividad no esencial realmente haya cesado en las principales ciudades afectadas por el Covid-19. Más bien todo parece indicar que existe una doble vara respecto a los controles.

Desde la misma fuente patronal señalan que la situación varía de municipio en municipio y que los propios intendentes habrían advertido la inviabilidad de efectuar controles integrales en sus distritos, lo que deja las manos libres para que los capitalistas hagan de la suyas, con la sola salvedad de “no comprometer el transporte público” (Infobae, 26/5).

No solo esto, las patronales también cuentan con otro aliado “insospechado”: la burocracia sindical. Estos se han convertido en lobistas de los capitalistas, atando el destino de los trabajadores al “bienestar” de los patrones. De allí que en distintos gremios se exhorte a los trabajadores a concurrir a sus empleos para cobrar el 100% de sus salarios y “defender los puestos de trabajo”.

Con el Estado dejando pasar y la burocracia como socia de las patronales no hay aislamiento que valga. Además, cabe mencionar que el gobierno prepara fondos millonarios, con la implementación del Repro II, para financiar a los capitalistas, renunciando incluso a la presentación de balances contables como paso previo para acceder al “beneficio”: un cheque en blanco… o varios.

Lo distintivo es que las restricciones a la actividad económica y a la circulación sí recaen sobre el universo de trabajadores precarios, cuentapropistas, independientes, artesanos, feriantes y changarines, que no cuenta con ningún sustento económico ante las restricciones del gobierno.

Está claro que las “medidas” del gobierno siguen siendo de cumplimiento selectivo y que no atacan al fondo del problema: evitar la circulación y el contacto entre millones de trabajadores. Son restricciones diseñadas a la medida de las patronales y no en función de las necesidades sanitarias.

El funcionamiento de la actividad estrictamente esencial, con protocolos elaborados y controlados por los trabajadores, es condición necesaria para enfrentar la pandemia, junto a la vacunación inmediata y a un ingreso económico de $40.000 para trabajadores autónomos, cuentapropistas, independientes y desocupados. La apertura de los libros de las empresas también debe ser condición para el acceso a los subsidios del Estado, con la implementación del impuesto a las grandes fortunas, diseñado por el Frente de Izquierda, para garantizar recursos suficientes.