Políticas

27/10/2022|1656

Los antecedentes de fracasos de la dolarización que quiere Milei

En Ecuador y El Salvador.

La dolarización no resuelve los problemas estructurales de la economía.

Javier Milei continúa proponiendo a la dolarización como una política viable para la Argentina, con la que se lograría reducir la inflación y “estabilizar” la economía. La propuesta no es para nada novedosa, es una medida que se ha aplicado en algunos países de América Latina como Ecuador y El Salvador, veamos cómo les fue.

Ecuador

Para marzo de 1999 el país vivía entonces la peor crisis económica de la historia, el Estado ecuatoriano avanzó en una dolarización de la economía como instrumento de estabilización, para eso congeló las cuentas bancarias de todos los usuarios e intercambió sucres por dólares. Paro cuando los ecuatorianos tuvieron nuevamente acceso a sus depósitos, el cambio se había devaluado un 25%. Por cada dólar, la nueva moneda oficial del Ecuador, tenían que pagar 25 mil sucres.

Con ello, los principales beneficiarios fueron los grandes deudores de la banca, aquellos empresarios y sobre todo exportadores con créditos millonarios que vieron sus deudas notablemente reducidas. En cambio, los ahorros, salarios y pensiones de empleados y jubilados fueron aplastados por la devaluación. El gran descontento llevó a un levantamiento indígena y la fuerte presión social condujo finalmente a la destitución del presidente Jamil Mahuad el 22 de enero de 2000.

Ecuador vive de la exportación de materias primas y principalmente del petróleo. La dolarización contribuyó a la desindustrialización y primarización de la economía, porque como la mayor parte de los insumos para la industria son importados se encareció la producción. Las inversiones que llegaron al país solo buscaron explotar el abaratamiento de la mano de obra que había dejado la devaluación, pero sin invertir en aumentar la productividad vía desarrollo tecnológico para hacer la economía más competitiva.

Esto generó una crisis de empleo que todavía hoy persiste en Ecuador. La masa de la población ecuatoriana se encuentra ocupada en formas de subempleo (57,3% de los ocupados) o directamente en la informalidad. La pobreza ascendió en 2021 al casi 40%, con un 11% de pobreza extrema y casi un 57% de los adultos mayores no recibe un ingreso suficiente para su subsistencia (dos puntos más que el promedio latinoamericano).

A su vez, reforzó la dependencia del precio del petróleo, el cual está determinado de manera internacional. Cuando estos cayeron, el Estado debió recurrir al endeudamiento externo para hacerse de divisas, incrementando en forma notoria el alcance de la deuda como porcentaje del PBI, la cual pasó de representar un 18% en 2010 a un 56% para 2022, según las estadísticas de Cepal. En 2020 Ecuador avanzó hacia un endeudamiento con el FMI para generar ingreso de divisas, lo que se tradujo en mayores penurias para el pueblo ecuatoriano.

Sin ir más lejos, este año se produjeron una serie de movilizaciones, cortes y paros por parte del campesinado indígena contra el enorme alza en el costo de vida, sobre todo por el aumento en el precio de los combustibles, algo que ya tiene su precedente en los gasolinazos del 2019. Esto está determinado por el precio del petróleo y encarece los costos de transporte de toda la rama productiva. Solo este año, el precio de los combustibles ha aumentado un 33%, mientras el salario, del año pasado a hoy, lo ha hecho tan solo en un 6%.

Luego de dos décadas, parece claro que el escenario próximo no depara ya un alza de los precios de las principales mercancías de exportación como el petróleo, las bananas y los frutos de mar; y que además llegó a su fin la política de bajas tasas de interés por parte de Estados Unidos y los principales bancos centrales del mundo. Hoy, ante un cuadro de recesión internacional y restricciones financieras, Ecuador se encuentra indefenso ante los shocks externos, como lo demostró durante la pandemia.

El Salvador

A fines del 2000 el gobierno salvadoreño tomó la decisión de dolarizar su economía como herramienta para bajar los costos de producción local para las empresas foráneas e intentar favorecer su balanza comercial. Para lograrlo, se aplicó primeramente una fuerte devaluación: alguien que ganaba 875 colones pasó a recibir 100 dólares, cuando el equivalente de ese salario antes de la medida era sobre los 200 dólares.

En la práctica, la población perdió la mitad de su poder adquisitivo de la noche a la mañana. A su vez distorsionó los sistemas de precios internos, haciendo que los países se volvieran más caros para su propia población. Al ocurrir este fenómeno, algunos bienes de consumo se volvieron inaccesibles para la mayor parte de la sociedad y la desigualdad, que era un problema estructural, terminó consolidándose. En este contexto, la inflación promedio subió de 2.3% en 2000 a 4% en 2001 mientras que en este mismo lapso el déficit fiscal aumentó de 2.3 a 3.9% como proporción del PIB.

A su vez, al tener la economía dolarizada y no tener la máquina para fabricar los dólares, el país quedó totalmente subordinado a la política monetaria de Estados Unidos, país con el cual además realiza un intercambio comercial muy significativo. La dolarización contribuyó a que El Salvador viva de las remesas que envían los trabajadores salvadoreños desde el exterior, un problema que acentúa la dependencia de la mayor economía del mundo y demuestra la incapacidad del país para desarrollar su economía, por lo que no existe tal cuadro de prosperidad.

Si bien en su momento el país pudo aprovechar el momento de recomposición luego de la crisis de 2008 y el aumento en el precio de los alimentos a nivel internacional, el cuadro internacional actual, con altos niveles inflacionarios en Estados Unidos, el aumento de tasas de interés a nivel mundial y la recesión internacional, golpeará de lleno las condiciones de vida de los salvadoreños.

Al mismo tiempo el Banco Central quedó inhabilitado para intervenir frente a cualquier shock externo, como fue la pandemia, donde al no poder emitir utilizó las reservas acrecentando enormemente la deuda pública, la cual alcanzó el 82,44% del PBI en 2021 y se espera que supere el 100%.

La industria, lejos de aumentar sus niveles de desarrollo, se hizo también sumamente dependiente de las importaciones, lo que se tradujo en una crisis de empleo. La dinámica de las exportaciones y las remesas no han sido capaces de proveer las divisas necesarias para que, dada la intensa penetración de importaciones, la economía salvadoreña logre sostener tasas de crecimiento elevadas, por lo que se debió tomar nueva deuda externa.

Toda esta políticas ha decantado en una enorme ola de protestas llevadas adelante por parte de la población salvadoreña que reclama por salarios, condiciones laborales y se enfrenta incluso al Acuerdo de Paz esgrimido por el actual gobierno, el cual estipula un reforzamiento del régimen represivo y, por lo tanto, del reforzamiento del aparato del Estado.

Otra política monetaria del gobierno salvadoreño fue aceptar las bitcoins como tipo de cambio, algo defendido por Javier Milei y compañía. Para esto, el gobierno de El Salvador compró criptomonedas por más de 100 millones de dólares, sacados de las reservas, asegurando que la “inversión” reportaría un gran crecimiento económico para el país centroamericano. Esto no solo que no sucedió sino que se transformó en un desastre porque el crash de las cripto llevó a la bancarrota a miles de pequeños ahorristas, se produjeron despidos masivos en plataformas de trading y las distintas “monedas” tocaron su piso histórico. Otra propuesta de los liberfachos que se cae por su propio peso.

Un camino al precipicio

La experiencia demuestra entonces que una dolarización no resuelve los problemas estructurales de la economía sino que los agrava, porque encarece los precios mientras revienta los ingresos, golpea la actividad productiva y con ella el empleo, y necesita financiarse mediante deuda externa. Por lo tanto, dolarizar sería el camino hacia un nuevo estallido social, como pasó en Argentina al salir de la convertibilidad, y es el mismo camino hacia el que va Ecuador hoy. Además, este esquema fue sostenido por todos los gobiernos, inclusive por los “nacionales y populares” como el de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, es decir que de antisistema, anticasta o disruptivo no tiene nada.