Sergio Massa anunció un bono de $45 mil para los jubilados que cobran haberes de hasta $131 mil, a pagar en tres cuotas de $15 mil durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. El mismo será financiado con los fondos de Pami. Sin embargo, con refuerzos y todo, esas jubilaciones quedarán por debajo la canasta básica de la tercera edad, que ya en junio había alcanzado los $248.000.

Lo cierto es que la política de bonos discrecionales no alcanza para compensar la pérdida de poder de compra que han sufrido los haberes, como resultado de la nueva fórmula de movilidad sancionada por el oficialismo, que divorcia las jubilaciones del índice de inflación. De hecho, esos montos quedan excluidos a la hora de calcular nuevos aumentos previsionales, y los mismos quedan supeditados a la decisión arbitraria del gobierno. En ese sentido, el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas cayó 8,7% entre enero y julio, y 11,7% el de aquellas que superan el haber mínimo. A tal punto llega la confiscación, que entre enero y agosto las jubilaciones aumentaron 37,96% mientras que la inflación del período fue del 80,2%. Lo anterior explica hoy que puedan tener cabida los planteos de Milei acerca de regresar a las AFJPs.

Como vemos, Massa pretende combatir a la derecha consignando jubilaciones que llegarán apenas a los $176 mil recién en diciembre. Lo cierto es que el candidato de Unión por la Patria centra sus prioridades en aferrarse al ajuste del FMI, que tiene a los jubilados como sus principales víctimas. Sin ir más lejos, en los primeros ocho meses del año, el presupuesto devengado en jubilaciones tuvo una caída real del 3,2%, en términos interanuales, lo cual significó un ahorro de $232 millones para el Estado, a precios corrientes de agosto. La austeridad fiscal contra los adultos mayores contrasta con el trato generoso que reciben los acreedores de la deuda, considerando que el pago de intereses aumentó 16,7% en ese período.

Mención aparte merece que Massa haya aludido al balance superavitario del Pami para justificar que de allí salga el dinero para pagar los bonos. El resultado favorable de sus cuentas se debe, en gran medida, al recorte de prestaciones. En 2021, se redujo la cantidad de centros de salud que pueden realizar estudios de alta complejidad a través de Pami, luego de que el organismo reubicara muchos de ellos dentro de las categorías que ofrecen menos servicios médicos, perjudicando a los afiliados. A modo de ejemplo, “en Córdoba había 15 centros con categoría A (la que más prestaciones cubre) y quedaron 4; en La Plata, de 7 pasaron a 3; en Mar del Plata, de 5 a 2” (Clarín, 2/02/2022).

Es necesario recomponer verdaderamente los ingresos de los jubilados, lo cual significa establecer un haber mínimo de $300.000, aumentos mensuales indexados al índice que resulte más favorable entre inflación y evolución salarial y la defensa del 82% móvil. A su vez, tanto la Anses como el Pami deben dejar de estar a cargo de sus vaciadores para pasar a manos de los trabajadores activos y jubilados. La reposición de aportes patronales y la registración de empleados informales son medidas fundamentales para recapitalizar ambas cajas.

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