La corrida al dólar venía acrecentándose durante el último mes. De hecho, las reservas internacionales del Banco Central cayeron en mayo 1.120 millones de dólares por las ventas efectuadas para contener el alza de la divisa norteamericana. Para intentar frenar esta fuga y la suba de los tipos de cambio alternativos, el gobierno dio un salto en las restricciones a las operaciones en dólares, interviniendo ahora sobre las comerciales.

El Banco Central publicó una resolución en la que establece que las empresas que hayan realizado operaciones con los llamados dólares financieros (el contado con liqui o el dólar bolsa -MEP-) estarán inhabilitados por 90 días para recurrir al mercado oficial de cambios, y viceversa. Esto, días después de haber restringido el acceso de las empresas a la compra de dólares del Central para cancelar sus obligaciones con el exterior o para importaciones, para obligarlas a utilizar lo que tienen atesorado o disponible en el extranjero.

Estas disposiciones marcan un salto en la intervención, que ya excede al mercado financiero y pasa ahora a limitar el dólar comercial. Pero la importación es fundamental para el funcionamiento de la industria argentina, y con esta restricción del acceso a divisas las empresas recurrirán al blue que cotiza a $125 –y que pasará a ser tomado como referencia para las operaciones comerciales- lo cual encarecerá todos los costos y hasta podría quebrar la cadena de abastecimiento. Para las familias trabajadores equivale a una devaluación de hecho, porque esos mayores costos serán transferidos a los precios.

Con estas medidas no se detendrá la fuga, pero sí aumentarán las presiones devaluatorias. Una muestra de las expectativas en una devaluación es que en el curso de mayo los contratos de dólar futuro crecieron de unos 1.600 a 3.500 millones de dólares. Por eso el gobierno, buscando contener los ahorros en pesos, incrementó la tasa mínima que deben pagar los bancos por plazos fijos al 30%, y para tentar a las patronales agrarias a liquidar los dólares de sus cosechas habilitó el llamado dollar-linked, es decir la posibilidad de efectuar depósitos a tasa variable atados a la cotización del dólar. Esto evidencia la desesperación ante la incapacidad de dirigir la economía hacia otro lugar que no sea la corrida al dólar.

De fondo, el asunto es que el gobierno está en la palma de la mano del capital financiero, que es quien dirige la batuta. La caída de las reservas del Central y la depreciación de la moneda son indicios de la precariedad de la economía argentina, utilizadas para tensar aún más las exigencias de los BlackRock justo cuando Fernández y Guzmán ceden en buena parte de su oferta de canje para intentar llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, las reservas netas han caído a alrededor de 8.500 millones de dólares. Esto cuando la recaudación de divisas se ve perjudicada por el deterioro de los términos de intercambio, ya que los precios de los productos que exporta Argentina cayeron un 6,7% promedio mientras que los productos que se importan solo lo hicieron un 3,6%. El superávit de la balanza comercial se debe a que la baja de las importaciones es más del doble que la de las exportaciones (-21,5% frente a -10,1%), pero ello solo quiere decir que la actividad económica está paralizada. Las restricciones y el encarecimiento de la divisa a la hora de importar, a su vez, desincentiva cualquier posibilidad de una reactivación productiva del país a medida que finalice la cuarentena. Los trabajadores lo sufriremos teniendo que enfrentar nuevos despidos y suspensiones.

A contramano de todas las restricciones que enumeramos, Alberto Fernández sigue recurriendo a la emisión monetaria para paliar el déficit fiscal. Este, según algunos analistas, rondaría los u$s30.500 millones este año, equivalente a casi el 10% del PBI, cuando este se contrae a un ritmo del 10% anual (Ámbito Financiero, 29/5). En estas condiciones, los cerrojos al dólar no detendrán la corrida, solo pondrán más de relieve la impotencia del gobierno.

Como se ve, se ha creado un cuadro explosivo en el cual la estrategia oficial se reduce a patear para adelante las contradicciones en función de cerrar finalmente un acuerdo con los bonistas y el FMI. Una vez sellado los términos del repago de la deuda, sin embargo, serán mayores los condicionantes sobre la política económica, y ni siquiera repercutirá en un acceso inmediato al crédito internacional porque hay otros mejores clientes en la lista de espera.

El difundido informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante el mandato de Macri no solo es un fraude porque se abstiene de indagar en el período kirchnerista, sino además porque apunta a fundamentar que es posible ser un “buen deudor” y “crecer” con otro “modelo económico”. Por el contrario, la renegociación en curso es un rescate a los fugadores seriales, a costa de los trabajadores.

La impotencia del gobierno vuelve a poner de manifiesto que la salida es la nacionalización de la banca y del comercio exterior, junto al repudio de la deuda usuraria, para cortar la sangría y poner los recursos del país en función de la atención de la pandemia y de un desarrollo nacional. Son medidas que solo pueden llevarse adelante como parte de un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores.