En Prensa Obrera nº 536, un primer balance en caliente del levantamiento del corte de la ruta 22 en Cutral Co y Plaza Huincul aseguraba que “Los fogoneros no están de acuerdo”, y concluía que “El corte se ha levantado … por ahora”.

Este balance ha sido confirmado por los acontecimientos del principio al fin. Contra quienes presentaron los ‘acuerdos’ firmados por la Comisión Negociadora como un triunfo, el lunes 28 de abril (10 días después de los ‘acuerdos’), un grupo de fogoneros cortó nuevamente la ruta contra el manipuleo burocrático de la Comisión Negociadora y el intendente de Cutral Co.

Con su acción consiguió el compromiso de la intendencia de adicionar a los 200 pesos del plan Trabajar, otros 100 pesos a cargo del municipio.

Otros fogoneros que están trabajando en las contratistas, en los puestos que paga YPF (320 pesos de bolsillo), reclaman 400 pesos netos sin descuentos. Además, denuncian que este salario, por 7 horas de trabajo en medio del campo, los obliga a cumplir el resto de la jornada habitual (14, 15 ó 16 horas) a cambio de un salario horario miserable, con lo cual no redondean ni la mitad del salario del resto de los trabajadores de la misma empresa por igual trabajo.

Este nuevo corte, si bien duró ‘apenas’ unas cuatro horas, puso en vilo a todo el sistema político patronal.

Operativo patronal

La cámara patronal local y la de los pulpos hidrocarburíferos exigen a gritos terminar con la situación de ‘desgobierno’ en la zona donde tienen asentados sus negocios. Apenas levantado el nuevo corte, los representantes políticos patronales en el Concejo Deliberante, por unanimidad, salieron a plantear el juicio político al intendente de Cutral Co. Los partidos con representación en el Concejo (MPN, UCR, Frepaso) caracterizan a la situación de Cutral Co como ‘caótica’. Apuntan todos sus dardos (como lo hace la Comisión Negociadora) contra la Asamblea Popular. Todos ellos afirman que “se vive un estado deliberativo permanente”, “asambleísmo”,”desgobierno”, “está afectada la gobernabilidad”, etc. Para recuperar el ‘orden’, todo el frente patronal ha montado el operativo juicio político, contando desde el vamos con la destitución del intendente (que ni siquiera el gobierno provincial está dispuesto a defender) y el llamado a elecciones en un plazo de 90 días.

De esta forma, se pretende desviar el proceso deliberativo popular y la elección de representantes populares en asambleas.

A la luz de este operativo patronal, deben entenderse las sucesivas postergaciones sin previo aviso de la Asamblea Popular por parte de la Comisión Negociadora, que ha actuado como correa de transmisión de la presión de los comerciantes y cámaras empresarias. También, a la luz de este operativo, debe entenderse la negativa a renovar mediante asamblea a los integrantes de dicha Comisión Negociadora.

El PARTIDO OBRERO plantea que la intervención directa de las masas y la asamblea popular no es ‘desgobierno’. Por el contrario, ante el recambio ‘institucional’ vía el juicio político, hoy más que nunca está planteado que la asamblea popular tome en sus manos (eligiendo una nueva comisión, revocable y renovable) la ejecución de todos los reclamos insatisfechos que dieron origen a las puebladas. Sumando a la Comisión a delegados de asambleas barriales y de los trabajadores de los lugares importantes (hospital, escuelas, petroleras, etc.).

El recambio (juicio político-destitución-llamado a elecciones) a manos del MPN, PJ, UCR, Frepaso, sin las masas movilizadas y con la asamblea popular desarticulada, será sólo una maniobra distraccionista para aplicar la misma política de hambre y desocupación, y para violar todas las promesas realizadas para desmontar las puebladas.