Los gobernadores que componen la denominada Mesa del Litio declararon que “el aumento de los precios de litio a nivel internacional no se compadece con la renta que están recibiendo las provincias litíferas”. Confesaron así que las mineras están saqueando el mineral, obteniendo ganancias exorbitantes en detrimento del país. Pero los mandatarios, que para estas cosas se muestran sin grieta, apenas buscan convertirse en socios menores de las multinacionales mineras. Son incapaces de ofrecer una vía de desarrollo.

El tema fue puesto sobre la mesa en una reunión donde estuvieron los gobiernos de Jujuy, Catamarca y Salta, además de funcionarios del gobierno nacional. Entre las declaraciones posteriores reconocieron que los ingresos de las provincias están estancados, a pesar de que el mineral que a principios de 2021 se vendía a US$4.000 por tonelada, ahora se comercializa a más de US$71.000, según Tranding Economics. En 2022, las exportaciones de carbonato de litio alcanzaron un récord de US$700 millones.

Sale a la luz así que las maniobras fraudulentas como la subfacturación de exportaciones no son episodios aislados, sino un modus operandi. El caso de la minera norteamericana Livent, que declaraba valores de exportación US$6.000 por tonelada cuando la vendía a US$33.000, sería entonces solo un botón de muestra.

La confesión es autoincriminatoria, porque en los casos de Jujuy y Salta los gobiernos de Gerardo Morales y Gustavo Sáenz cuentan respectivamente con empresas propias (Jemse y Remsa), que participan con un porcentaje menor de los emprendimientos. Vemos entonces que las mineras controlan la totalidad de la producción y manejan las cuentas a libro cerrado, por lo que los Estados provinciales quedan a merced de lo que declaren las multinacionales. Son las desventajas de ser un socio tan menor.

Lo cierto es que sigue vigente el Acuerdo Federal Minero del menemismo, que fija en un mísero 3% las regalías que cobran las arcas provinciales, y el Frente de Todos incluso redujo lo que pagaban en concepto de retenciones a la exportación. Para colmo, hasta diciembre, a su vez, regía el reintegro del 5% para las exportaciones del mineral, es decir que prácticamente las mineras se llevaban todo de arriba; una cláusula tan leonina que debió ser eliminada por el gobierno, precisamente alegando la obscena rentabilidad del negocio. Por lo demás, el financiamiento de las obras necesarias para los emprendimientos mineros, como la traza de caminos o la provisión de energía (atendiendo que se ubican en zonas despobladas y muchas veces de difícil acceso), corre a cuenta de los Estados provinciales, que así gastan en ello más de lo que recaudan.

Claro que nadie, ni desde el gobierno nacional y mucho menos los gobernadores, plantean cambiar significativamente este esquema, en el cual el recurso es concesionado por cada provincia en particular en condiciones de completa inequidad frente a los pulpos mineros y automotrices extranjeras que vienen a explotar los salares. En este punto, Argentina corre por detrás de Chile o Bolivia, donde interviene el Estado nacional. La ley sancionada recientemente en La Rioja, que declara al litio como “recurso estratégico”, generó mucho ruido pero lo cierto es que no va más allá de lo que ya sucede en Jujuy y Salta: apenas pretende que su firma estatal Emsa se sume como accionista menor en las explotaciones.

Todo el asunto se reduce a que los gobernadores ven en el aumento del precio del litio una oportunidad para afrontar los pagos de deuda externa, y quieren que a lo sumo una pequeña tajada del negocio quede para algún empresario local amigo. Lo mismo vale para el gobierno nacional, presionado por las metas del FMI. Este es el interés que unifica desde el radical derechista Morales hasta el vocero kirchnerista Wado de Pedro, quienes compartieron comitiva en un viaje por Estados Unidos para tentar a nuevos inversores.

Ninguno de los políticos capitalistas tiene como horizonte utilizar estos ingresos para desarrollar las fuerzas productivas del país. Las declaraciones de estos días acerca de que buscan promover el agregado de valor a partir de la industrialización de parte del mineral en Argentina carecen de sustento. Hoy solo se produce la materia prima, el carbonato de litio, y se exporta en su totalidad. Además de la asociación entre mineras, tecnológicas y automotrices, que domina el rubro a nivel mundial, surgen agravante criollos. Incluso si se destrabara el proyecto del oficialismo de una “ley de cuotas” para que una parte del litio quede en el mercado interno, la fabricación de baterías insumiría una enorme mayoría de componentes que deberían importarse, cuando las compras al exterior están siendo retaceadas por la crítica situación de las reservas del Banco Central.

Solo un gobierno de trabajadores podría abrir un curso diferente, sobre la base de nacionalizar el comercio exterior y los recursos estratégicos bajo control obrero, de manera de reinvertir la renta en un desarrollo industrial y la satisfacción de las necesidades sociales más apremiantes, e incluso respetar el derecho a veto de las comunidades afectadas por los proyectos mineros. Los políticos capitalistas son incapaces de sacar a las provincias del norte de la pobreza, porque son cómplices del saqueo.

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