Este martes, el saliente ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con los gobernadores quienes, poniendo en cuestión el pago de salarios y el medio aguinaldo, le acercaron una sumatoria de reclamos sobre el recorte de giros a las provincias, enmarcado en el ajuste fiscal que impulsa el gobierno y que exige el acuerdo con el FMI (que fue apoyado por los gobernadores).

Entre los presentes estuvieron el ministro de Interior, Wado de Pedro; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Gildo Insfrán, de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y su par de Provincias en el Ministerio de Interior, Bruno Ruggeri.

Al ingresar el mitin, el riojano Quintela y el entrerriano Bordet compartieron su incertidumbre por la obra pública y la coparticipación: “Los gobernadores estamos muy preocupados por la coparticipación y la pérdida de recursos por el impuesto a las Ganancias”, sostuvo Quintela.

Reclaman reparar la pérdida de coparticipación de las medidas de Massa con el IVA y la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, algo que Milei afirma que sostendrá. Una proyección para 2024 marca que por Ganancias se recaudarían unos $3 billones menos, mientras que los ingresos por IVA caerían en $1,25 billones. Rogelio Frigerio y Kicillof acordaron un proyecto común de gobernadores peronistas y cambiemitas para hacer coparticipable el 50% del Impuesto al Cheque, algo que parece chocar con la motosierra para eliminar el déficit del Estado nacional. Detrás de las promesas de gobernabilidad por parte de los mandatarios puede verse que vamos choques por los fondos y quién carga más con el peso del ajuste.

Esta caída en la coparticipación, los gobernadores la trasladan a los trabajadores, como lo hicieron en 2022. La misma tuvo impacto, por ejemplo en los subsidios energéticos y al transporte, que se transformaron automáticamente en tarifazos y boletazos a los usuarios. En paralelo, los gobiernos provinciales permiten que las multinacionales, por ejemplo las mineras, saqueen los recursos pagando regalías de un miserable 3%, o le conceden rebajas impositivas a las oligarquías locales.

Otro punto de conflicto de cara a lo que se viene es el de la paralización de la obra pública. Quintela, también remarcó que la obra pública “es muy necesaria para realizar infraestructura de gran importancia en las provincia”. Bordet, por su parte, afirmó que le preocupa “la paralización de la obra pública” y los “giros de recursos por parte de la Nación”. Recordemos que Milei viene de anunciar la privatización de la obra pública, que tendría como consecuencia cientos de miles de despidos y empeorará las condiciones de vida de la población, cercenando la construcción y mantenimiento de calles, espacios públicos, rutas y viviendas, entre otras. En tanto, la salud y la educación pública, descentralizadas a las provincias, verán con toda seguridad una marcada profundización de la avanzada ajustadora. Lo que preocupa a los mandatarios, de todas formas, no es la gente sino las necesidades de infraestructura para los capitalistas que dominan las economías de las provincias, como las cerealeras, las mineras o las petroleras.

Los gobernadores también afirmaron que las provincias son incapaces de pagar los salarios municipales y los aguinaldos. El que tomó la iniciativa fue Kicillof, quien viene de aplicar a rajatabla el ajuste del FMI en la provincia, manteniendo pisados los salarios municipales y ajustando los presupuestos públicos. Ahora, tomando prestado el libreto de Milei que amenazó con no pagar aguinaldos, viene de presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense solicitando autorización para un nuevo endeudamiento por 150 millones de dólares, a lo que se suma la autorización para contraer deuda autorizada bajo los gobiernos de Scioli y Vidal que no fue ejecutada (casi 800 millones de dólares más), habilitando que se contraiga deuda en el mercado de privados, a tasas usurarias.

Kiciloff toma de rehén a los trabajadores atando sus ingresos a la aprobación de este pedido de endeudamiento, cuando la provincia tiene una enorme cantidad de vencimientos para 2024 que superan su capacidad de pago. El apuro porque se apruebe tiene que ver con que el que se ubicaría como prestamista sería el Estado nacional, por lo que debe hacerse antes del 10 de diciembre que asume el nuevo mandatario. Bajo el brazo, Milei trae una megadevaluación que implicaría dejar al Estado bonaerense al borde del default.

Para salir del paso, el ministro de Economía, Sergio Massa, les garantizó a los gobernadores una transferencia de aportes a través de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), un giro que también fue recortado. Al 31 de octubre, ese monto ascendía a los $175.000 millones, de los cuales ya se han ejecutado $50.000 millones. Los ATN distribuidos en el período acumulado enero a octubre totalizaron $34.226 millones, representado apenas el 2,4% del total de los envíos no automáticos del período, según datos de Politikon Chaco. Cayeron 32,4% real interanual.

También se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio, quienes también se comprometieron a garantizar la gobernabilidad y mantener la unidad, pero hubo fuertes discusiones entre la UCR y el PRO por “ser oposición” o sumarse con ministros y secretarios al gobierno de Javier Milei hasta ocupar un lugar estratégico, lo que vaticina que la enorme crisis de la coalición todavía está en pañales.

Al encuentro llegaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El único que faltó fue Claudio Poggi (San Luis).

Con respecto a los aportes de ATN, Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, sostuvo que los fondos “no alcanzan” y planteó que deberá “tomar otras medidas” para cumplir con las obligaciones de diciembre. Y agregó: “Lo voy a hacer y no me lo tiene que decir nadie. Entiendo cuál es el mandato de la gente y lo voy a hacer en mi jurisdicción, y espero que también lo haga el gobierno nacional que asume el 10 de diciembre”. Todos van a aplicar a pie juntillas el plan “motosierra” en las provincias, como ya lo está haciendo incluso Jaldo, el gobernador peronista de Tucumán.

El cuadro vaticina que vendrán nuevos choques por las cajas provinciales, pero ninguno de los partidos patronales saca los pies del plato del ajuste e intentarán descargar el costo de la crisis sobre los laburantes. Hay que enfrentarlos en las calles.

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