En la actualidad, la cantidad de personas que recibe un programa social es once veces mayor que en el 2002 cuando se lanzaron los planes Jefes y Jefas de Hogar bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, con la intención de que fueran temporarios. Hoy en día, la asistencia estatal alcanza a 20 millones de argentinos en un escenario donde la pobreza en el país abarca al 45% de la población.

A su vez, en el trascurso de diez años se duplicó el número de personas que recibe asistencia alimentaria. La misma llega hoy en día al 48% de la población. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte que sin estas medidas, los niveles de pobreza en Argentina se hubieran agravado. De todas maneras, otros estudios pronostican que un 20% está a punto de “caer” por debajo de la línea de pobreza.

En la actualidad existen 141 programas sociales distintos, 85 de los cuales están concentrados en la cartera de Desarrollo Social. Si bien estas transferencias son absolutamente necesarias para paliar el hambre de los sectores más vulnerables, son al mismo tiempo un retrato de la catástrofe social a la que asistimos, de la cual los sucesivos gobiernos son responsables. La escasez de puestos de trabajo, la escalada inflacionaria y la caída de los salarios son patrimonio de todas las fuerzas políticas que gobernaron y gobiernan el país, ya que se trata de gestiones dedicadas a la defensa de los intereses patronales y al drenaje de recursos nacionales para el pago de una deuda usuraria.

Por su parte, Alberto Fernández se jacta de haber incrementado la asistencia social cuando en realidad viene ocurriendo todo lo contrario. En primer lugar, las partidas especiales para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia se redujeron en un 80% de un año a otro: en el 2020 representaban el 6,4% del PBI y en el 2021 descendieron al 1,4%. Uno de los factores que explican este recorte es la quita del IFE, que abarcaba a 8,9 millones de beneficiarios. Por otra parte, el informe de la situación fiscal correspondiente al primer semestre 2021 arrojó que, en términos interanuales, el dinero destinado a las prestaciones sociales perdió 10,2% con respecto a la inflación y el gasto público tuvo una caída real de 5,7%.

Así las cosas, el déficit fiscal del primer semestre del año fue del 0,5%, muy por debajo de las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2021, donde pronosticaban un déficit del 4,5% para todo el año. Este ajuste se dio en el período de mayor recaudación por medio del IVA y las retenciones, debido al alza inflacionaria, por un lado, y al boom del precio internacional de las commodities del agro, por otro. Evidentemente, toda una política orientada a mostrar garantías al FMI en pos de arribar a un acuerdo, dejando de lado las necesidades populares en un cuadro de hambre y miseria crecientes.

La ampliación de ciertos programas sociales en el último tiempo fue fruto de la lucha del movimiento piquetero independiente, que desafía en cada barrio la “malla de contención” que suponen las organizaciones sociales integradas al gobierno, los intendentes de los distintos colores políticos y su aparato punteril. De todas formas, estamos hablando de montos muy alejados de la canasta básica de $66.488 (que fija el umbral de la pobreza) e incluso inferiores a la canasta alimentaria calculada en $28.414 (que indica la línea de indigencia). A su turno, la inflación que no baja del 3% mensual pulveriza cada vez más el poder de compra de los planes, los cuales no están indexados al índice de precios.

Basta con mencionar algunos ejemplos para darnos cuenta que se trata de ingresos miserables. El programa Potenciar Trabajo, que incluye a 870 mil beneficiarios, consiste en apenas $12.960 por mes. A su vez, la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a 4 millones de madres, promedia los $3.540. La Tarjeta Alimentar, por su parte, posee un monto máximo de $12.000 mensuales para familias con tres hijos o más, destinados a la compra de alimentos, rubro en el cual los precios aumentan por encima de la inflación general.

El gobierno, además, se ha encargado de minar las bases de cálculo de todos estos programas. Por un lado, dispuso un aumento de indigencia del salario mínimo, de modo que el Potenciar Trabajo, cuyo incremento está atado al del SMVyM y equivale a la mitad de ese monto, no recién llegará a los $14.580 en septiembre. Lo mismo ocurre con el nuevo régimen de movilidad jubilatoria, divorciado del índice de inflación, que afecta a la AUH y la AUE ya que utilizan el mismo cálculo de actualización.

A esto hay que sumarle que los programas con contraprestación laboral son un modo que tienen Estado y las patronales de obtener mano de obra barata, y, por lo tanto, presionar a la baja los salarios de todos los trabajadores. La extensión del trabajo precario, con salarios de indigencia y sin derechos laborales, a fin de cuentas forma parte de un objetivo estratégico para los capitalistas, que es el de barrer con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Es por este motivo que el Frente del Lucha Piquetero no solo pelea por la apertura, el aumento y la universalización de los planes y un seguro al desempleo en función de que capas enteras de la población puedan “parar la olla”, sino que además gana las calles en reclamo de trabajo genuino, bajo convenio colectivo, estableciendo una unidad estratégica entre trabajadores ocupados y desocupados.

El gobierno, a la hora de “graduar” la asistencia social está condicionado tanto por las exigencias del FMI de reducir el gasto público para cumplir con los vencimientos de deuda, como por la necesidad de apaciguar el descontento popular y evitar un estallido social en los barrios más empobrecidos, donde el peso de la crisis es asfixiante. La oposición derechista, por su parte, cuestiona el dinero que se destina a los programas y prestaciones pero no dice una sola palabra sobre las cifras siderales que van directo al pago sistemático de intereses de deuda. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio coinciden en que el grueso de los recursos del país debe dirigirse a beneficiar al capital financiero.

Ninguna de estas variantes, las cuales vienen alternándose en el gobierno hace décadas, abocó su gestión a generar puestos de trabajo; por el contrario, son artífices de la destrucción del empleo. Sin ir más lejos, en el 2020 más de 1 millón de personas perdieron su fuente laboral. Alberto Fernández no hizo nada para detener los despidos, ni tomó medida alguna ante los cierres de empresas. A su vez, mantiene restricciones a las importaciones, una tasa de interés del 35% en el Banco Central y provoca retracción en el consumo popular, con lo que alimenta un cuadro recesivo. Por otra parte, no da lugar a un plan de obra pública significativo como medio para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Aquí también se pueden ver los efectos de una política supeditada al rescate de la deuda: todas estas decisiones oficiales son producto de que el gobierno prioriza utilizar los fondos públicos en el pago al FMI y al resto de los organismo de crédito, antes que dar curso al desarrollo nacional.

Para dar paso a una Argentina donde todos tengan empleo y nadie perciba ingresos por debajo de la línea de pobreza es necesario desenvolver una salida por parte de los trabajadores a la crisis. La misma implica prohibir los despidos y las suspensiones, repartir las horas de trabajo, fijar un salario mínimo y jubilación mínima equivalentes a $67.000, indexar el salario y las jubilaciones al índice de inflación, terminar con la precarización laboral, estatizar toda empresa que cierre o despida y avanzar en un plan de viviendas y urbanización de villas y asentamientos, empleando mano de obra desocupada bajo convenio colectivo.

Por otro lado, es necesario terminar con la fuga de capitales nacionalizando la banca bajo control obrero, repudiar la deuda y romper con el FMI. A su vez, se debe nacionalizar bajo gestión de los trabajadores el comercio exterior y la industria energética. De este modo, las palancas de la economía estarán al servicio de industrializar el país, generar empleo genuino y dar respuesta a las necesidades sociales. Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad defendemos esta perspectiva a la par que luchamos en las calles por más y mejor asistencia social para garantizar el plato de comida de los sectores populares; y lo hacemos con el método de la deliberación en asamblea y la independencia política frente a los gobiernos hambreadores.

 

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