Los datos publicados el miércoles por el Indec en su informe “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total”, que mide los costos y su relación con el año anterior de los alimentos y productos no alimenticios básicos para vivir y sobrevivir (transporte, medicamentos), es decir, la canasta de pobreza, ha mostrado números alarmantes ya que se encuentra aún por encima de la inflación promedio, que se ubicó para 2018 en el 47%, aproximadamente. Estos aumentos redundarán en un crecimiento de la pobreza, que hoy alcanza al 33,6% de la población.

La canasta básica total aumentó de diciembre de 2017 a diciembre de 2018 un 52,9%: pasó de $ 5.397 a $ 8.250 por adulto. Para el caso de una familia de dos adultos y tres menores el aumento va de $17.541 a $26.813, es decir, $8.816,36 más para no ser pobres. Aún más creció la canasta de indigencia (solo mide alimentos básicos) que aumentó un 53,5% y alcanzó los $10.197 calculados para una familia de dos adultos y dos niños. Se destacan los aumentos de las canastas de las provincias de Mendoza, donde el gobernador de la UCR-Cambiemos Alfredo Cornejo fue punta de lanza del ajuste.

Estos valores, más altos que el promedio, responden al fuerte aumento que tuvieron los alimentos primarios que ocupan gran parte de la canasta básica, como la harina y sus derivados que aumentaron el 170% y 100%. Se trata de la llamada inflación núcleo. Los alimentos fueron empujados a su vez por el aumento en la nafta y el gasoil, que empujan toda la cadena. Los meses en los que el aumento inflacionario fue mayor, pegando saltos cuantitativos dentro del aumento sostenido mensual, correspondieron a agosto-septiembre y septiembre-octubre, cuando la megadevaluación llevó el peso a 40. En este contexto, también se han desvalorizado los planes sociales.

Todo esto, con un salario mínimo, en diciembre, de $11.300, es decir menos de la mitad de lo que necesitó ese mes una familia para no ser pobre. Así pues, estas cifras ponen en números la realidad que se observa en todo el país: el crecimiento de la pobreza y el empeoramiento de las condiciones de vida.

No se trata solo del salario mínimo, ni de los sectores más precarizados, sino de la mayor parte de los trabajadores, considerando el trabajo “formal”. Lo que termina sucediendo en Argentina es que la pobreza creció entre los ocupados. El gobierno había hablado a principio de año de una inflación del 15%. En ese orden esperaban cerrar las paritarias. Así lo hicieron las burocracias más oficialistas en marzo. El resto de las burocracias cerró en torno al 20%, y, luego, con los complementos (5% que impuso el propio presidente Macri) y cláusulas gatillo, los aumentos conquistados rondaron –salvo excepciones- sobre el 30%, y quedaron muy por detrás de la inflación.  Los cálculos suponen una pérdida salarial de por lo menos el 10% y para arriba.

El salario mínimo aumentará a la miseria de a $11.900 en marzo. El tope de las paritarias que pretende el gobierno se anunció en torno al 23%. Estos números, lejos de compensar la pérdida salarial, seguirán corroyendo las condiciones de vida del pueblo trabajador, mientras los bancos amasan fabulosas ganancias aprovechando las exorbitantes tasas de interés. Al calvario de la pérdida del poder adquisitivo debemos añadir, además, los despidos masivos que se están produciendo como resultado de una crisis industrial que las patronales buscan descargar sobre los trabajadores.

Es necesario un paro activo de 36hs para derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.