Sergio Massa anunció que el gobierno prepara un “plan de estabilización” de precios entre diciembre y marzo, el cual incluiría el congelamiento del precio de 1500 productos mediante un programa denominado “Precios Justos”. Sin embargo, continúa habilitando aumentos de precios para el mes de noviembre, incluso cuando el índice de inflación de octubre promete continuar en niveles récord. Queda claro que es el gobierno el primero en echarle leña al fuego inflacionario.

Según consultoras privadas, octubre volvería la carga con los niveles inflacionarios y los alimentos volverían a ubicarse por encima del nivel general de precios. Pero lo que se destaca en estos índices es que el peso de los aumentos en los servicios, sobre todo de los públicos, es uno de los más fuertes en los últimos tiempos. A su vez, estos incrementos en tarifas de servicios públicos fueron trasladados por las patronales de las empresas al precio del producto final que paga el consumidor, atizando también de esta manera los niveles de inflación.

Ahora, entre los nuevos aumentos que se esperan para noviembre, se encuentran nuevamente la luz, el gas y el agua porque comienza a regir la segunda parte de la segmentación que elimina subsidios en un tramo de la boleta. De esta manera se aplicará la segunda tanda de aumentos en energía eléctrica, el cual constituye un 20%, para quienes no se hayan anotado al RASE para mantener sus subsidios, quienes se encuentren dentro del segmento social de ingresos altos y edificios de demanda general: comercios, edificios, hospitales, clubes, colegios, etc.

En el caso del gas, los usuarios de Nivel 1 verán la segunda parte del aumento desde noviembre lo que hará que las boletas, en relación a junio, alcancen un aumento cercano al 50%, y un 115% en lo que va del año. En el caso del agua, un 15% de los usuarios del AMBA perderán por completo los subsidios en noviembre, a lo que le sigue el sector mayoritario de ingresos medios y bajos.

Además, habiéndose votado el Presupuesto 2023, se confirma que van a venir audiencias para aumentar los otros tramos de la boleta, que son la de las transportadoras y la de las distribuidoras, lo que se va a multiplicar con la segmentación. A su vez, los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires aumentarán sus cuotas un 6,5% en noviembre, y ya es el quinto aumento que se les otorga en el año, y los taxis porteños verán una suba del 20% en sus tarifas, lo que se suma al 30% aplicado en septiembre pasado.

La inflación entonces va a continuar por la propia política del gobierno el cual, en lugar de abrir los libros de las empresas para evaluar los ingresos y los costos, ahora impulsa un programa para “congelar” precios por 90 días a partir de diciembre, lo que incentiva a que las empresas que se adhieran al acuerdo apliquen aumentazos en noviembre para poder remarcar los precios previo al congelamiento.

Además estas empresas tendrán ventajas a la hora de importar, por lo que ahora contarán además con la posibilidad de ampliar sus negociados con la brecha cambiaria puesto que compran insumos importados a un dólar oficial, que sube por debajo de la inflación, y venden sus productos en las góndolas locales a precios que aumentan muy por encima del índice general. Otra herramienta más que el gobierno le otorga a “los remarcadores de precios” para que sigan lucrando a costa del bolsillo del pueblo trabajador.

La medida es una artimaña discursiva del gobierno, condenada al fracaso, pero que es utilizada como protexto para seguir presionando contra las paritarias mientras evaluan aumentos por sumas fijas, que será devorado por todos estos aumentos. Lo hacen bajo el argumento de que los aumentos de salarios atizarían la inflación, algo que la realidad desmiente totalmente porque los salarios vienen en caída libre hace rato, al igual que el consumo, pero la escalada inflacionaria no da tregua. En esta misma sintonía es que el Ministerio de Trabajo intervino en el acuerdo paritaria contra el Sutna y en favor de las patronales del neumático, e intentó hacerlo también con la paritaria de Camioneros.

Urge desarrollar un plan de lucha en defensa del salario, exigiendo un inicial de $200 mil, aumentos salariales indexados a la inflación mensual y trabajo bajo convenio para todos. A su vez, para apaciguar la escalada inflacionaria es preciso reorganizar la economía sobre nuevas bases sociales, en pos de terminar con el secreto comercial que habilita sobreprecios.

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