Políticas
20/11/2024
Los reclamos antiobreros de la UIA ante la apertura de importaciones
Las patronales locales quieren más ajuste y “proteccionismo estatal selectivo”.
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Funes de Rioja y Javier Milei.
Las medidas de apertura a las importaciones impulsadas por el gobierno nacional, en un cuadro de apreciación del peso y caída del consumo interno, están ocasionando fricciones con las patronales nacionales: la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó por una “competencia desleal” y reclamó por la baja de “impuestos” la reducción del “costo laboral”, profundizando la reforma laboral antiobrera.
Desde la UIA señalan que la política de liberalización tributaria del gobierno habilita la llegada de productos internacionales a precios con los cuales no pueden competir, reclamando por una modificación de la estructura tributaria y laboral argentina para “adecuar” los costos de producción a la competencia internacional.
“Es indispensable reducir el costo argentino mediante una reforma tributaria, mejoras en infraestructura y conectividad, incentivos para la inversión y modernización de los regímenes laborales”, manifestaron desde a UIA.
El reclamo puntual es respecto a las últimas medidas que facilitan las importaciones y el ingreso de productos vía Courier, que implican la ampliación del límite de compra por envío de 1.000 dólares a 3.000 y la eliminación de aranceles y tasa de estadística a todas las operaciones por hasta 400 dólares por envío. Esto facilita la compra de artículos importados por parte de los consumidores.
Además, tenemos que por la caída del poder adquisitivo local debido al ajuste sistemático del gobierno y las patronales sobre los trabajadores, en muchos pasos fronterizos están creciendo las compras en el exterior y el contrabando, donde un mismo producto puede encontrarse hasta a mitad de precio.
La UIA y sus principales interlocutores, que respaldan al gobierno “liberal” de Javier Milei, ahora patalean por las repercusiones negativas de una apertura indiscriminada de las importaciones, pretendiendo una liberalización impositiva mayor, más ajuste contra los trabajadores y un “estatismo patronal selectivo”, para bloquear la competencia internacional.
Entre sus argumentos, señalan que desde agosto de 2023 el sector industrial perdió más de 30.000 puestos de trabajo y que esta situación tendería agravarse. Las patronales ya actúan trasladándole la crisis a los trabajadores, con cierres de sectores y turnos y despidos masivos, como viene ocurriendo en la industria siderúrgica y en las metalúrgicas, con Techint y Paolo Roca como protagonistas.
Esta confesión de parte desmiente la tesis gubernamental de que se habría acabado la recesión económica y de que el país se dirige a una reactivación industrial, del empleo y los salarios.
Entre los principales reclamos patronales se encuentra el “alto nivel” de litigiosidad por accidentes laborales, en un área donde han sido beneficiados por distintos fallos judiciales contra la actualización de las indemnizaciones según la inflación. Alegan que el costo de los fallos en su contra se agrega a los procesos productivos quitando competitividad, en vez de velar por la mejora de las condiciones de trabajo y así evitar la siniestralidad laboral.
La clase capitalista local reclama el fin de los controles cambiarios y una devaluación del peso para atacar los salarios y ampliar su competitividad, mientras que por otro lado exigen que el gobierno aplique medidas proteccionistas, como aranceles y subsidios. Al tiempo que el gobierno mantiene la apreciación del peso y la bicicleta financiera de Caputo y sus amigos. La servilidad de Milei con Trump seguramente agrave toda esta situación, suscitando mayores crisis económicas y políticas.
Las patronales locales siquiera reclaman por un restablecimiento de la obra pública y la inversión para recomponer la demanda local y el empleo, sino que buscan atacar las condiciones ya golpeadas de los trabajadores y cubrirse de la competencia internacional que puede desplazarlos del mercado. Su reclamo es un planteo antiobrero y de profundización de la precariedad y flexibilización laboral.
Mientras que la CGT, por su parte, se subordina a la orientación del gobierno nacional, sin convocar a ninguna medida general más que una marcha parcial impulsada por algunos sectores que no sacan los pies del plato.
Los trabajadores no podemos esperar nada de estos y debemos organizarnos independientemente para expulsar a este gobierno saqueador y poner en pie un plan industrial sobre nuevas bases sociales, con la recomposición del empleo y los salarios como prioridad.
