El expresidente Mauricio Macri fue procesado este miércoles en la causa que investiga el espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. De acuerdo al magistrado Martín Bava, del Juzgado de Dolores, el exmandatario fue quien ordenó el seguimiento de los mismos.

A Macri se le impuso un embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salir del país, aunque podrá solicitar autorización para viajar en casos puntuales. Los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno anterior, Gustavo Arribas y Silvia Majdalini, al igual que otros funcionarios del área y agentes rasos, ya habían sido procesados por Bava.

La documentación que obra en la investigación incluye informes de los espías anticipando los reclamos que los familiares realizarían a Macri. Se sospecha que pueden haber sido pinchados sus teléfonos o infiltradas sus reuniones.

Este monitoreo no fue un caso aislado. Entre 2016 y 2017, en el marco del denominado Proyecto AMBA, el gobierno creó seis bases adicionales de la AFI en la provincia de Buenos Aires que realizaron tareas de inteligencia contra organizaciones obreras, sociales y políticas (entre ellas, los partidos que integran el FIT Unidad). Arribas es investigado por el tema. El espionaje contra los que luchan es el complemento necesario de las políticas de ajuste y entrega de los gobiernos (vale recordar, al respecto, el Proyecto X de la Gendarmería bajo el kirchnerismo). La AFI debe ser desmantelada.

El expresidente trabaja ahora activamente para lograr su impunidad en la causa relacionada con el ARA San Juan. Intentó en dos ocasiones -sin éxito- recusar al letrado de Dolores ante la Cámara Federal de Mar del Plata y ya puso en marcha una presentación judicial para que la investigación se redirija a los oscuros tribunales de Comodoro Py, donde cree tener más posibilidades de lograr la exoneración. Idéntico procedimiento siguió en la causa por espionaje a dirigentes oficialistas y opositores (como Horacio Rodríguez Larreta y Cristina Kirchner), que logró trasladar a los tribunales de Retiro. El pretexto es burdo: alega que como jefe de Estado trabajaba en Capital Federal.

Otras dos causas importantes que comprometen al expresidente son las que investigan el acuerdo perjudicial entre el Correo Argentino y el Estado (una defraudación multimillonaria), y la puesta en pie de una “mesa judicial” de ministros y asesores para operar en tándem con distintos magistrados. Esta servía tanto para blindar a la camarilla oficial como para mover causas contra las rivales (el reciente sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur, sin siquiera pasar por un juicio oral, es otro ejemplo de esas operaciones y maridajes político-judiciales).

El enredo del poder político y económico, la justicia y los servicios de inteligencia, que quedan a la luz en el accionar de Macri, es una muestra empírica del funcionamiento del Estado capitalista y grafica la farsa del discurso “republicano” de la oposición sobre la libertad y la división de poderes.