Políticas
21/1/2026
Mapa de la masacre industrial y laboral en Santa Fe
Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 15.128 puestos de trabajo y se cerraron 2.276 empresas.
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Crisis industrial en Santa Fe.
La provincia que gobierna Maximiliano Pullaro atraviesa un escenario crítico. En el periodo que va de noviembre de 2023 a octubre de 2025, se perdieron 15.128 puestos de trabajo y se cerraron 2.276 empresas, según el informe del CEPA. El propio ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, informó en una nota para Mundo Gremial que el 2026 arranca con 44 empresas ejecutando 3.396 suspensiones. Hablando en criollo, esto significa que casi 4.000 familias se encuentran hoy en una incertidumbre total sobre cuál será el ingreso que mañana garantice el pan sobre la mesa.
El mapa del desguace industrial
Entre las empresas que cerraron se encuentra Cramarco, una histórica fábrica de alternadores y grupos electrógenos de la localidad de Sastre. La firma despidió al 100% de sus empleados de producción y al 90% de la administración tras decidir dedicarse únicamente a importar productos de China, dejando en la calle y sin ningún tipo de amparo a 35 familias.
En Villa Gobernador Gálvez, los trabajadores del frigorífico Euro ya cumplieron 70 días de ocupación de la planta. El conflicto surge de una disputa entre la actual patronal y los antiguos dueños. El corazón de esta riña es la defensa de intereses profundamente capitalistas, mientras en el medio quedan 160 familias sin percibir sus sueldos y más de 40 despidos de operarios con 20 años de antigüedad que no cobraron indemnización. El pasado sábado, los trabajadores organizaron un festival para juntar fondos y visibilizar el conflicto, actividad de la que participamos junto al Partido Obrero, Tribuna Docente y el Polo Obrero, acercando una donación de alimentos.
La semana pasada, los trabajadores de Vassalli —la histórica planta de cosechadoras en Firmat— cortaron la ruta 33 debido a que la firma, a cargo de la familia Marsó, no pagó salarios atrasados, aguinaldos ni aportes de obra social y sindicales. La deuda, según dice, equivale a 5 salarios completos, con montos que oscilan entre los 3 y 8 millones de pesos según la antigüedad. Existe una gran incertidumbre por el destino de 180 operarios que configuran una situación social dramática.
Flexibilización y despidos encubiertos
Por otro lado, la empresa láctea Verónica mantiene sus sedes de Suardi, Lehmann y Totoras paralizadas y pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). En resumidas palabras, la empresa busca despidos baratos, salarios de hambre y flexibilización laboral: quieren echar a 210 empleados pagando solo el 50% de las indemnizaciones, abonar el 75% de los sueldos sin aportes y suspender aumentos por un año. Ante este lock-out patronal, los trabajadores están ocupando las tres plantas. Cabe destacar que desde octubre no cobran sus haberes y son 700 los puestos en riesgo.
La General Motors de General Alvear operará todo el 2026 con actividad intermitente, suspendiendo la producción una semana completa cada mes. La fábrica hoy funciona con 600 operarios (la mitad de su personal histórico) que cobrarán el 75% del salario neto durante la inactividad. Se estima que, bajo la modalidad de "retiros voluntarios" —es decir, despidos encubiertos—, cerca de 800 trabajadores de entre 10 y 25 años de antigüedad dejaron la planta. Desde 2022, la empresa produce un único vehículo, la SUV Tracker, cuando antes fabricaba dos modelos.
En la planta de Acindar (Villa Constitución), propiedad del grupo ArcelorMittal, se desactivó un paro por tiempo indeterminado de la UOM tras alcanzar un acuerdo por el despido de 20 trabajadores de la contratista Ecomat. Aunque se logró el traspaso a otra firma con reconocimiento de antigüedad, el cuadro de alerta persiste: la planta opera con actividad reducida y suspensiones que podrían derivar en más despidos ante la crisis del sector siderúrgico.
¿Cómo nos organizamos?
La situación de Santa Fe es dramática. Estamos viviendo el impacto de la crisis profunda generada por el gobierno de Milei, a la que adhiere el gobernador Maximiliano Pullaro, el cual no ha hecho absolutamente nada para frenar este atropello patronal y defender los puestos de trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo hacen lo mismo, esto en el marco de una reforma laboral esclavista que se pretende tratar en febrero.
El objetivo es claro: eliminación de convenios colectivos, abaratar despidos, recortar indemnizaciones y aumentar la flexibilización para convertir al trabajador en un sujeto esclavo de las patronales. Situación que de hecho ya estamos viviendo en Santa Fe.
Quieren defender sus intereses capitalistas a costa del derrumbe de los puestos de trabajo y el deterioro social de las familias, sin importar que los trabajadores terminen en las filas de los desocupados o sus familias comiendo en los comedores populares, que no paran de crecer en los barrios producto de que el Estado descarga la crisis sobre los que menos tienen.
Para enfrentar y derrotar esta ofensiva patronal y el ajuste del gobierno de Milei —con la complicidad de Pullaro y la pasividad cómplice de la CGT— es imprescindible poner en pie un programa de lucha: apoyo activo y solidario a todas las luchas obreras en curso, ocupación de toda fábrica que cierre o despida, reapertura de las plantas cerradas bajo control de sus trabajadores, aumento salarial inmediato que supere la inflación y defensa irrestricta de los convenios colectivos, no a la reforma laboral antiobrera. Este programa debe organizarse en asambleas, cuerpos de delegados y coordinación entre los sectores en lucha, con paro activo y movilización en las calles, como camino a una huelga general que frene el ajuste y haga pagar la crisis a los capitalistas y no a las familias trabajadoras.
