Los datos de pobreza que acaba de presentar el “Observatorio Social” de la UCA no constituyen una sorpresa, si se tiene en cuenta el salto en los datos de desocupación y subocupación y el progreso incesante de la carestía, al calor de la devaluación y los tarifazos. La estadística de la UCA da cuenta de un crecimiento de 1.900.000 pobres de 2017 hasta hoy y la suma total de personas en esa condición alcanza a casi 13 millones. Al medir otras carencias, como la falta de vivienda o servicios esenciales, este dato significa “privaciones y exclusiones sociales que no se limitan al nivel de ingresos”. Según el informe, entre 2017-2018, la pobreza aumentó del 26,6 al 31,3 por ciento de la población, y asciende al 41 por ciento en el conurbano. Teniendo en cuenta esta dimensión más amplia de la pobreza urbana, es bueno recordar que unos 87.000 usuarios se desconectaron de la red de gas entre mayo y noviembre del año pasado, en el marco de los tarifazos.

Los analistas oficialistas insisten en circunscribir la situación de pobreza a los trabajadores precarizados o directamente desocupados. Lo mismo hacían los voceros del kirchnerismo cuando se difundían los datos de pobreza bajo su gobierno. No caben dudas que la situación de los desempleados es desesperante, si se piensa que la canasta alimentaria básica (o línea de indigencia) para una familia con dos hijos se ubica hoy en los 11.000 pesos, casi el doble de lo que representa, por ejemplo, el plan “Haciendo Futuro”. Pero la pobreza tiene otro alcance: ya ha penetrado ampliamente al interior de los trabajadores en blanco. Los datos son elocuentes al respecto.

En la Ciudad de buenos Aires, la canasta de pobreza alcanza los 27.000 pesos, para una familia con dos hijos. Pero a esta cifra, si se le añaden el alquiler o las expensas –que no están considerados–, se elevaría a los 43-45.000 pesos. Eso es lo que calcula para una canasta familiar la Universidad de Rosario. Si se cuenta que el salario promedio de la economía es hoy apenas superior a los 20.000 pesos, una familia con dos trabajos no alcanza el umbral necesario para no ser pobre, si debe pagar un alquiler. Sólo para considerar a la docencia, se ha revelado recientemente que en 17 de los 24 distritos del país, representando el 80% de los docentes, el salario promedio de un maestro no llega a ese umbral.

Los datos de pobreza ponen de manifiesto hasta qué punto la bancarrota de la política oficial golpea a la clase obrera. La cuestión, por lo tanto, debe ser objeto de una intensa deliberación en los sindicatos, que plantee la recuperación de la pérdida salarial del 2018 junto a la indexación que corresponde a la inflación –también galopante– del 2019. La burocracia sindical, que se suma al coro de los que limitan el crecimiento de la pobreza a una cuestión asistencial, pretende de este modo tirar la pelota afuera respecto de su responsabilidad en el progreso de la crisis social. A contrapelo de esa parálisis, la lucha de las organizaciones de desocupados que no aceptan la tregua que quieren imponer el gobierno y el Vaticano, con el Polo Obrero a la cabeza, han colocado en las calles la lucha contra el hambre y la miseria social. Basta de despidos, reparto de las horas de trabajo, salario igual a la canasta familiar. Congreso de bases de las centrales obreras, con representantes mandatados de todos los sindicatos, para discutir un plan de lucha por todas las reivindicaciones y para terminar con el régimen social y político de los 13 millones de desocupados.

 

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