La Corte Suprema revocó recientemente un fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de Resistencia que obligaba al Estado argentino a resarcir económicamente al pueblo Qom por la matanza que llevó adelante el gobierno radical de Marcelo Torcuato de Alvear durante la Masacre de Napalpí (1924). Estamos ante un nuevo ataque del régimen político argentino contra los pueblos originarios.

La Corte justifica su decisión alegando que Asociación Civil La Matanza, la organización que comenzó a litigar en 2004 por los hechos ocurridos en el Chaco, no representa a la comunidad Qom. Quiere deslegitimar la acción de un agrupamiento activista que canaliza un reclamo de justicia contra un crimen de Estado.

En 2019, la Cámara de Apelaciones de Resistencia estableció que “por esta acción genocida, y por la negación del hecho que en los discursos oficiales se sostuvo como un enfrentamiento entre indígenas, el Estado debía pagar 375.930.000 pesos, además de cumplir acciones de resarcimiento no patrimoniales” (Página 12, 4/11).

La Masacre de Napalpí, que tuvo lugar el 19 de julio de 1924, fue una matanza llevada adelante por el gobierno de Alvear en la que fueron asesinados entre 500 y 1.000 indígenas pertenecientes a los pueblos Qom y Mocoví. Mediante la utilización de la policía chaqueña y de un grupo armado por estancieros, el radicalismo enfrentó a comunidades originarias que protestaban contra las brutales condiciones de explotación y opresión a las que estaban sometidas.

En la industria taninera y en los ingenios primaba el trabajo en condiciones de esclavitud y los salarios eran muy bajos. Este estado de cosas fue combatido en los años ’20 por grandes revueltas obreras, influidas por el anarquismo y el sindicalismo. En 1921, el gobierno radical de Hipólito Irigoyen llevó adelante la matanza de huelguistas de la empresa británica de tanino La Forestal, que reclamaban mejoras en las condiciones de trabajo.

El desarrollo del capitalismo argentino necesitó de la existencia de una clase trabajadora que vendiera su fuerza de trabajo a precios irrisorios y que labore bajo formas de súperexplotación. Esto no solo benefició a un puñado de oligarcas, sino también al imperialismo, que logró enriquecerse aprovechando la producción de tanino mediante el latifundio y la instalación de fábricas que exportaban las mercancías producidas por los proletarios semiesclavos.

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La Masacre de Napalpí fue, junto con la Masacre de Rincón Bomba de 1947 –en la que el gobierno de Juan Domingo Perón llevó adelante un plan que incluyó el asesinato, la violación y la desaparición de miles de personas del pueblo pilagá–, una de las matanzas de mayor envergadura cometidas contra los pueblos originarios de Argentina durante el siglo XX.

El sometimiento del pueblo Qom y del conjunto de las poblaciones originarias de Argentina persiste hasta el día de hoy. En Formosa, los gobiernos peronistas de Gildo Insfrán y de Jorge Capitanich han asesinado hace unos años a dirigentes e integrantes de comunidades indígenas que enfrentaban los atropellos del Estado argentino. Cristina Fernández de Kirchner, que dio un espaldarazo a esta política, también se ensañó contra los Qom; desalojó y reprimió una protesta por tierra y un cese a la persecución que tuvo lugar en el centro porteño en 2010.

El gobierno de Mauricio Macri prosiguió con esta política represiva. Organizó una represión brutal contra una protesta del pueblo mapuche que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado. También desenvolvió una cacería contra la población originaria de Lago Mascardi, que dejó como saldo varios heridos y la muerte de Rafael Nahuel.

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Los gobiernos democrático-burgueses vienen desarrollando esta política de represión y expulsión de los pueblos originarios con el objetivo de darle rienda suelta al copamiento capitalista de la tierra. Se trata de una orientación que se encuentra al servicio de acrecentar las ganancias de estancieros, sojeros, hoteleros y patrones de todo tipo. Entretanto, a la población indígena se le impone una realidad material insoportable: carece de servicios elementales como agua potable y de acceso a la salud, sufre con mayor fuerza la pobreza, y sus integrantes están sometidos al trabajo precario –muchos de ellos incluso sobreviven con un plan social.

Abajo la represión contra los pueblos originarios.

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