Los laboratorios aprovecharon el incremento de la demanda debido a la pandemia para aumentar de manera sideral los precios de los medicamentos que se utilizan en terapia intensiva. Entre marzo 2020 y junio 2021 la suba promedio fue del 439%.

El dato surge de un relevamiento realizado por Adecra + Cedim. El mismo arroja que el alza fue mayor en algunos casos: el sedante midazolam en ampollas aumentó 1.288% en este período, mientras que el relajante muscular atracurium tuvo un incremento del 544%. Antes de la pandemia se pagaba $40 por midazolam, $100 por atraurium y 150% por propofol; luego de junio 2021, estos precios ascendieron a $550, $660 y $700 respectivamente (La Nación, 14/9).

El gobierno se mostró todo el tiempo como garante de este negociado excepcional de las farmacéuticas, a costa de la salud de la población. Recién en abril 2021 decretó el congelamiento por 150 días de los precios de dichos medicamentos, dejando pasar un año entero donde el encarecimiento fue incesante. Un control real hubiera requerido de la apertura de los libros para evaluar los costos reales de fabricación y evitar sobreprecios, pero este es un terreno completamente opuesto a la política oficial.

La rentabilidad extraordinaria que tuvieron los laboratorios fue costeada con recursos del presupuesto sanitario y con el salario de los trabajadores, ya que los hospitales estatales y las obras sociales debieron afrontar mayores gastos al comprar estos medicamentos para suministrarlos en las unidades de terapia intensiva; dinero que no iba dirigido a mejorar las condiciones laborales del personal de salud ni la atención médica de la población en pleno colapso de las UTI.. A su vez, la inflación desmedida que tuvieron estas drogas fue uno de los argumentos utilizados por la medicina privada para presionar por nuevos aumentos en las cuotas de las prepagas y mayores subsidios. Es decir, la “fiesta” de los pulpos farmacéuticos recayó íntegramente sobre el bolsillo popular.

Finalmente, esta desmesura en los precios es el resultado del carácter privado y monopólico de la producción de medicamentos. En ese sentido, la defensa por parte del gobierno del lucro capitalista en el terreno sanitario ha primado durante toda la pandemia; se expresó en la confidencialidad de los contratos para la adquisición de vacunas, en las numerosas prebendas que recibió la salud privada y en la constante negativa de Alberto Fernández a centralizar el sistema de salud. Un ejemplo paradigmático fue el rechazo del gobierno a incautar las dosis de AstraZeneca producidas en suelo local a pesar del incumplimiento en los plazos de entrega, en función de preservar el acuerdo comercial entre el grupo Sigman y la envasadora mexicana Liomont. Haber permitido que los fármacos utilizados en terapia intensiva aumentaran 439% forma parte de esta orientación.

El advenimiento del coronavirus ha puesto sobre la mesa la inviabilidad de este esquema. Es necesario proceder a abrir los libros de los laboratorios para terminar con los sobreprecios, así como también avanzar en la constitución de un sistema único de salud, a manos del Estado y gestionado por un comité médico-científico, que centralice al ámbito público, privado y las obras sociales, incluyendo la industria farmacéutica.

Esto implica también estatizar bajo control de los trabajadores la producción de medicamentos, liberando sus patentes, para que la misma deje de estar regida bajo los intereses empresariales y se vuelque servicio de las necesidades sanitarias de la población. El desarrollo de una industria farmacéutica nacional y guiada por los intereses mayoritarios deberá contar con todos los recursos técnicos y científicos existentes en el país que sean necesarios (tanto públicos como privados) a su disposición y proceder a importar la tecnología que haga falta para su puesta en pie.

Esto daría lugar no solo a la producción nacional de fármacos sino también de vacunas, entre ellas, contra el Covid-19. Hoy en día existe una vacuna para el coronavirus diseñada en Argentina -creada en la Unsam- donde la falta de presupuesto estatal obligó al equipo de investigadorxs a buscar financiamiento privado, y, por otra parte, su fabricación a gran escala correrá por cuenta de una empresa.

Por lo tanto, la triplicación del presupuesto de salud y el destinado a ciencia y tecnología es un aspecto fundamental para impulsar estas medidas; así como también la determinación estatal de avanzar sobre los intereses privados. Este plan debe ser financiado a partir de la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.