El superministro Sergio Massa tiene todas las herramientas para eliminar el impuesto al salario ahora mismo, pero lo promete como parte de su agenda electoral. La baja en el piso para aportar obedece a una maniobra electoral, pues el mismo Massa y todos los gobiernos que lo precedieron abusaron de este impuesto al salario como forma de financiamiento. La caída del poder adquisitivo, por inflación y aumentos salariales por debajo de esta, completa el cuadro confiscatorio al bolsillo de las familias trabajadoras, que son finalmente quienes están pagando la crisis en curso. La reducción del “impuesto al salario” es la conquista de un largo reclamo de los trabajadores.

Por su parte, el gobernador mendocino Rodolfo Suárez se declaró contrario a la suba en el piso del Impuesto a las Ganancias. Suárez pretende mantener un impuesto confiscatorio contra el salario de los trabajadores, en nombre del respeto al financiamiento de la provincia. Es la esencia de cómo ha venido gobernando, en este aspecto sin grietas con el gobierno nacional: confiscando el ingreso de los trabajadores en favor de los sectores concentrados de la economía.

Suárez, un Robin Hood al revés

Rodolfo Suárez rechaza la suba del mínimo para pagar ganancias en nombre de que significa una pérdida para Mendoza de $42 mil millones al año. Ocurre que no todos los mendocinos son beneficiados por el presupuesto provincial. Mientras a los trabajadores se les mantiene una carga impositiva que se ajusta por inflación, a las grandes patronales se les viene reduciendo la alícuota de ingresos brutos. Mientras se fijan aumentos salariales por debajo de la inflación, las patronales reciben subsidios y promociones económicas.

Son los trabajadores los que vienen financiando el pago de la deuda dolarizada de la provincia, con el promocionado “superávit operativo”.

La política del radicalismo mendocino es la de un Robin Hood a la inversa, por esto Suárez declara que la reducción en la coparticipación por la baja de ganancias significa un mes y medio de salarios de los trabajadores provinciales. Es decir que la confiscación del salario de los trabajadores argentinos financia un mes y medio de salarios mendocinos.

El gobierno de Mendoza ha adecuado el andamiaje judicial para profundizar la confiscación del salario de los trabajadores, prueba de esto es la oficina de conciliación obligatoria que presiona a los trabajadores a acuerdos a la baja, favoreciendo el “ahorro” patronal en accidentes laborales o despidos.

Por esta razón no es de extrañar que Alfredo Cornejo declare a los cuatro vientos que es partidario de una “modernización de las relaciones laborales”, que implique barrer con los aguinaldos, licencias, indemnizaciones y protecciones legales con las que cuentan los trabajadores.

La burocracia sindical, sostén de la derecha

La política antiobrera del gobierno mendocino tiene un sostén clave para poder avanzar. La CGT y las direcciones sindicales, con honrosas excepciones, guardan un riguroso silencio frente a todos los atropellos que viven los trabajadores mendocinos.

Las direcciones sindicales mantienen una cerrada tregua que le garantiza al gobierno avanzar con su orientación. Es tan grosera la parálisis que ni siquiera sacaron un comunicado por los despidos en la industria del vino, por la dramática reducción del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación o la salud y menos aún por el hecho de que Mendoza es la provincia con los salarios más bajos del país y con los índices de pobreza y de desempleo más altos.

El último pronunciamiento importante de la central fue el llamado a constituir un “Consejo Económico y Social” en Mendoza. Este tendría por finalidad favorecer el “diálogo”, se entiende que entre gobierno, patronales y organizaciones sindicales. Es decir que los dirigentes sindicales pretenden dialogar con quienes vienen descargando la crisis sobre los trabajadores, beneficiándose de la licuación de los salarios por inflación y despidiendo o subcontratando personas precariamente.

Esto es justamente lo que se expresa con la militancia a favor del voto a Sergio Massa, el ministro que le quitó las retenciones a los exportadores de vino, al mismo tiempo que los despidos en las bodegas se multiplican.

Una nueva dirección y votar al FIT-U

Los trabajadores no pueden esperar nada de los gobiernos capitalistas y las direcciones sindicales burocráticas. Es necesario darle un curso independiente a todos los reclamos obreros, empezando por el aumento del salario y la creación de trabajo genuino. La necesidad de recuperar los cuerpos de delegados y las organizaciones sindicales está marcada por las experiencias autoconvocadas de salud y de vitivinícolas, pero también por la emergencia de agrupamientos antiburocráticos en distintos gremios industriales.

Esta tarea requiere la total independencia de las fuerzas que vienen aplicando un ajuste brutal contra el pueblo explotado; no se puede darle un aval en forma de voto a quienes le dan la espalda a las necesidades urgentes de las familias trabajadoras.

Vamos por el voto al Frente de Izquierda Unidad, única fuerza en colocar claramente la necesidad de un salario mínimo igual a la canasta familiar, terminar con el trabajo en negro, establecer el 82% para las jubilaciones, prohibir los despidos y garantizar los derechos plenos de actividad sindical.

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