Los últimos días a través de las redes sociales se hizo viral un video en donde una trabajadora de la salud discute con un grupo de pacientes que esperaban ser hisopados en el hospital de Tunuyán. Esto no es novedad, en varios centros de atención ya se manifestaron discusiones e incluso la intervención de la policía en el marco de una saturación de los centros de testeos.

En el último mes han aumentado los casos de Covid en un 2.900% – se pasó de 37 a más 3 mil. Esto ha generado una saturación de los centros de salud y lugares de testeos que no llegan a responder a la demanda y desencadenan oleadas de violencia, peleas y discusiones por quienes quieren ser atendidos y el personal de salud evidentemente saturado.

En el video se puede observar como es insultada la trabajadora de la salud. Sus respuestas hablan del estado de precarización en el que se encuentran : “No tenemos tiempo para ir al baño”, “Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo”.

En el video se escucha a un paciente decir “Si no estás capacitada para estar 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”, “Yo pago todos mis impuestos y vos cobrás de mi plata” palabras que responden a una completa ignorancia del estado de los trabajadores de la salud y un triunfo de las posiciones que quiere imponer el gobierno de Rodolfo Suárez.

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Durante el 2021 se desarrolló en Mendoza una gran lucha de los trabajadores de la salud, prestadores y residentes por mejores condiciones laborales, salarios dignos y pase a planta. Algunos trabajadores cobraban menos de 30 mil pesos siendo expuestos constantemente al virus, algunos perdieron la vida en el transcurso de la pandemia. A cambio de salarios miserables el gobierno pretende que los trabajadores de la salud continúen trabajando jornadas extendidas, debajo de la línea de la pobreza y sin respetar los ítems por especializaciones.

Durante el año pasado se fueron relajando las medidas en todo sentido pero se manifiesta ahora la reducción del personal afectado a la pandemia, la terminación de los contratos “Covid” super precarizados e incluso el cierre del área covid en el Hospital universitario y la desafectación de personal en toda la provincia.

Para el caso de la violencia en Tunuyán es claro que la responsabilidad está lejos de caer sobre la trabajadora de la salud que ni siquiera tiene tiempo para ir al baño, sino sobre el estado que debería hacerse responsable de garantizar los recursos humanos en la atención médica de los hospitales y centros de salud que son su responsabilidad.

Un paciente dice que es la plata de sus impuestos con la que se pagan sus sueldos y en eso encuentra una razón para atacar a la trabajadora. La bronca está mal dirigida, el problema no es la trabajadora que sí está, sino el resto de trabajadores que debieran estar y no lo hacen porque su ausencia es un ahorro de la plata de “sus impuestos” para otros usos, como el pago de la deuda externa nacional y provincial, como el recate a empresas como IMPSA y los subsidios millonarios a las constructoras.

Este pensamiento es el explotado y difundido luego por Rodolfo Suárez y sus funcionarios – que lejos están de cobrar salarios cercanos a los de un trabajador de la salud y hacen mucho menos – para extorsionar socialmente cuando los trabajadores organizados, de cualquier sector, reclaman por sus reivindicaciones. En esos argumentos se busca fortalecer la violación de los derechos, como el derecho al descanso o a las 8 horas, un derecho conquistado pero que lejos está de efectivizarse y que argumentos como “la plata de mis impuestos” sirven a un estado que precariza y favorece los contagios masivos mediante el relajamiento, el desfinanciamiento de la salud y la desidia, una política que impone los intereses de las patronales por sobre la salud pública y que promueve la privatización del sistemna de salud.

El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) anunció que se hará retención de servicios en todos los establecimientos sanitarios de la provincia y municipios, centralizados descentralizados, autárquicos, etc. en donde no existan las condiciones de seguridad adecuadas para evitar cualquier hecho de violencia contra los y las trabajadoras de la salud y desarrollo social en su conjunto. En un comunicado concatena esto a la defectuosa política sanitaria, la no exigencia de pase sanitario, la no existencia de aforos, precarización laboral y vergonzosos aumentos salariales.

Raquel Blas dirigente de la salud de SITEA declaró en medios locales que “A mayor crisis social, económica, de abandono del Estado, la repercusión inmediata se da en las escuelas y en los centros de salud. Allí se encienden las primeras alarmas que nos indican que hay políticas públicas que no se están llevando adelante”.

Hoy es central reclamar una asistencia médica a la altura de la circunstancias, organizarnos en perspectiva de que la salud no debe ser una variante de ajuste, que los salarios de todos los trabajadores sean o no del estado deben ser acordes acordes a las necesidades de consumo de la población y en rechazo a la precarización y la superexplotación laboral. La necesidad de la centralización del sistema de salud, del avance de proyectos como la 6 horas para enfermería y un salario igual a la canasta básica son centrales y deben ser un punto de debate y organización.

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