Este 17 de noviembre, la Legislatura mendocina dio aprobación a un proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Difonso del Frente Renovador por el cual se quitan “beneficios” a quienes usurpen tierras en la provincia de Mendoza. El legislador del FR, que en Mendoza se encuentra aliado a Cambia Mendoza (versión mendocina de Cambiemos) había presentado el proyecto a mediados de septiembre y tuvo un rápido tratamiento.

El proyecto, originalmente en la línea nacional que impulsara Sergio Massa, establecía la quita de todos los beneficios (AUH, Progresar, planes sociales e inscripciones al Instituto Provincial de Vivienda) y fue rápidamente tratado, tanto es así que poco más de un mes después de su presentación fue aprobado, aunque por potestad sólo refiere a “beneficios” provinciales. El ataque a las familias que se ven obligadas a la toma de tierras ante la falta de una vivienda no es exclusiva del gobierno de Rodolfo Suárez sino que es la misma que impulsa el gobierno de Alberto Fernández a nivel país (véase Guernica). El proyecto, además del claro rechazo por parte del Frente de Izquierda, tuvo el voto en bloque de manera negativa por parte de los bloques pejotistas en minoría, una impostura siendo parte del gobierno que a nivel nacional reprime a las familias que recuperan terrenos, y siendo que son algunos de ellos protectores de los grandes terratenientes de la provincia. También porque son partícipes y co-autores del nuevo presupuesto provincial que lejos está de solucionar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras mendocinas, en donde votaron a favor.

La aprobación de la ley anti usurpaciones constituye no solo un nuevo ataque a las condiciones de vida de las familias trabajadoras sino la cimentación de una política de sometimiento por parte de las clases dominantes y terratenientes de la provincia cuyana. Con el discurso de la defensa de la propiedad privada se fortalece una línea de agresión sobre las capas trabajadoras que condena a miles de mendocinos a no tener un techo donde vivir. Es, en fin, solo la defensa de la propiedad privada de los grandes capitalistas que se reparten Mendoza de a miles de hectáreas y que ocupan y usurpan ellos mismos con total impunidad.  Es el caso de Alfredo Vila que se apropió de 32 hectáreas propiedad de la UNCuyo y que después de 20 años no logran ser recuperadas, o los casos del sur de la provincia donde los terratenientes son propietarios de tierras ancestrales de comunidades originarias, tierras compradas con la gente adentro.

Los trabajadores de la provincia deben encaramarse en un plan unificado de lucha contra la avanzada de los intereses capitalistas que hostigan la provincia. Reclamamos la distribución de las tierras ociosas entre quienes más lo necesitan, un plan de obra pública estatal que satisfaga las necesidades de una población sin hogar que crece día a día y que otorgue trabajo a las familias beneficiarias en los proyectos realizados. No es el planteo de los empresarios de la construcción ni del Estado que lejos está de buscar satisfacer las necesidades más acuciantes que sufren los trabajadores desde hace años.