Ante las dificultades del Banco Central para acumular reservas, a partir del 4 de julio tendrá lugar una nueva restricción cambiaria, esta vez destinada a desalentar la compra de productos provenientes del exterior mediante el sistema de envíos postales sin finalidad comercial.

Por un lado, las entidades de crédito financieras y no financieras tendrán prohibido financiar en cuotas la compra de estos bienes bajo la modalidad conocida como sistema "puerta a puerta". A su vez, los consumidores podrán recibir hasta un máximo de 12 envíos por año, que no deberán superar los 50 dólares cada uno para estar libre de impuestos. Caso contrario, se pagará el 50% el excedente en concepto de impuestos aduaneros.

Con esta medida, el gobierno busca arrimarse a la meta de acumulación de reservas fijada por el FMI para el segundo trimestre. Por otra parte, intenta contener el drenaje de divisas en curso, ya que de continuar daría paso a una devaluación abrupta, disparando la inflación y las tarifas. Ahora bien, se trata de "tapar el sol con la mano" dado que se mantienen intactos todos los mecanismos de fuga causantes de la bancarrota del Banco Central.

Por este motivo es que el cepo, desde que se creó, ha fracasado drásticamente en sus objetivos. A modo de ejemplo, ninguna restricción cambiaria evitó que en el 2021 se dilapidara el saldo comercial de casi USD 15 mil millones, porque primó la salida de dólares destinados el pago de la deuda, la venta de divisas para menguar el alza de los dólares financieros, la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, entre otras maniobras por parte de la clase capitalista.

En ese sentido, la doble vara del gobierno es evidente: mientras refuerza el cepo para los sectores medios, dispone que la Anses y el Banco Central salgan a comprar títulos de deuda del Tesoro frente a la ola vendedora, financiando así la corrida devaluatoria ejercida por los bancos y fondos de inversión que se deshicieron de sus posiciones en pesos para refugiarse en el dólar. Como si fuera poco, estos últimos fueron premiados en la última licitación realizada por Guzmán con mayores tasas y vencimientos más a corto plazo.

A su turno, concede regímenes cambiarios especiales a ciertos sectores capitalistas -como las petroleras y la llamada "economía del conocimiento"- bajo la promesa incierta de inversiones, permitiéndoles girar sus utilidades al exterior con mayor facilidad.

Para poner fin a este régimen de saqueo es necesario pasar al control obrero de las palancas de la economía del país, como son la banca y el comercio exterior, en función de reinvertir el ahorro nacional en un ciclo de inversiones centrado en las necesidades populares. Repudiar la deuda usuraria y romper con el FMI son puntos nodales de este programa de salida.

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