El gobierno nacional anunció un aumento de hasta el 150% de la tarifa de luz para todos los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cual comenzará a regir este mes. Además, a partir de mayo, el ítem de la boleta que corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD) sufrirá subas mensuales indexadas a tres variables. Se viene el tarifazo permanente en beneficio de Edesur y Edenor.

Para los usuarios de bajos ingresos, tomando en consideración un consumo promedio de 380 KV/h, una factura de $4.360 pasará a ser de $7.4145, lo que representa un aumento del 70%. Para los de ingresos medios, teniendo en cuenta el mismo parámetro, pasará de $4.783 a $7.850, lo que equivale a un incremento del 65%. Y para los de altos ingresos (sin subsidios) pasará de $13.900 a $34.322, una suba del 150%.

La política de Milei es un zarpazo contra los trabajadores, que componen mayormente los segmentos de ingresos bajos y medios. A los burgueses acomodados y ricos, que forman parte del segmento de ingresos altos, esto no les mueve ni un pelo. Es que las condiciones de vida de la clase obrera se vienen deteriorando al compás del agudizamiento del desmadre económico y de la aplicación por parte del gobierno de su programa propatronal.

Según la Junta Interna de ATE Indec, una familia necesitó en enero casi un millón de pesos para satisfacer sus necesidades. Esto, en un cuadro en el que por ejemplo el salario promedio del sector registrado está 35 puntos por debajo de la línea de pobreza. Para los trabajadores no registrados, los jubilados y los beneficiarios de planes sociales la situación es mucho peor.

A su vez, se aplicarán aumentos de más del 400% en las tarifas de comercios, pymes, industrias y en las de hospitales y colegios –usuarios no residenciales. Por otro lado, el VAD –que representa un 40% del precio final de la factura de luz en el AMBA– quedará indexado mensualmente a partir de mayo al Índice de Salarios –el cual no tiene en cuenta los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la informalidad–, a la inflación mayorista –que se mantiene altísima–y a la inflación minorista –también en alza.

Estamos ante una política hiperinflacionaria, que agudizará todas las contradicciones sociales y económicas. Los comercios y las empresas incrementarán el precio de las mercancías que venden con el objetivo de cubrirse del impacto del tarifazo. Y los hospitales y colegios deberán afrontar esto con el mismo presupuesto de 2023, lo que plantea un posible escenario de cierres.

Esta situación se agravará en los meses por venir, ya que Milei y su ministro Caputo tienen en carpeta avanzar en una devaluación mayor. Y el precio del gas en boca de pozo –insumo base de toda la cadena energética– está dolarizado.

Milei gobierna para Edesur y Edenor, las dos empresas capitalistas responsables de que el sistema eléctrico del AMBA se encuentre sumido en una bancarrota que no tiene precedentes. En los próximos 15 días, las compañías deberían presentar un plan de inversiones para mejorar la infraestructura eléctrica. Siempre prometen lo mismo. Lo que viene ocurriendo es lo contrario: los cortes de luz en verano son cada vez más frecuentes, y el servicio tiende a colapsar, como lo demostró la reciente explosión de una estación subeléctrica ubicada en el barrio porteño de Caballito.

Las empresas han venido embolsando subsidios millonarios a libro cerrado durante todos los gobiernos capitalistas desde el fin del régimen de convertibilidad. No se sabe qué han hecho con ese dinero. La gestión capitalista del servicio eléctrico, basada en el lucro, se ha mostrado como un fracaso. Ahora, el FMI le reclama al gobierno que reduzca los subsidios –y avance en tarifazos– para que se garantice el pago de la deuda externa.

Es necesaria la estatización bajo control obrero del sistema energético del país para terminar con el vaciamiento y el robo y para reducir los costos del servicio.

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