Javier Milei ha enviado al Congreso un proyecto de Ley Ómnibus que, entre otras cosas, contiene cláusulas que de implementarse legalizarían el gatillo fácil y darían cobertura estatal a la “justicia por mano propia”. Se trata de una política reaccionaria, que agudizaría el terror policial que reina en las barriadas obreras.

La sección III del capítulo “Seguridad Interior” de la ley, llamado “Legítima Defensa”, incluye una modificación del artículo 34 del Código Penal. “No sería punible el que obrare violentado por una fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente, el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño”, dice el texto.

Tampoco lo sería “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad, o cargo, en cuyo caso la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada a favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo” o el que lo haga “en virtud de obediencia debida”.

Estos últimos puntos dicen expresamente que los policías, gendarmes o miembros de alguna fuerza que terminen con la vida de una persona serán respaldados por el Estado y su aparato judicial. De implementarse esto, el gatillo fácil que los policías aplican en los barrios contra la población más pobre pegará un salto. Habría en ellos un régimen de terror permanente.

El gobierno de Milei apunta a reforzar la regimentación en los barrios en un cuadro de aguda crisis social y económica. El gatillo fácil es una herramienta para atemorizar a los trabajadores –en especial a su juventud–, para quebrarlos políticamente y moralmente y reforzar su sometimiento al status quo capitalista. El gobierno no quiere que se pongan de pie para reclamar contra las injusticias. El asesinato de Rafael Nahuel o el que llevó adelante el policía Luis Chocobar son dos ejemplos notables de esta política. Desde la vuelta de la democracia, las fuerzas represivas del capitalismo argentino se han cobrado la vida de más de nueve mil personas.

El respaldo estatal-judicial que se pretende darle a quienes “obren en defensa propia o de sus derechos siempre que haya a) una agresión ilegítima b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende” o a quienes se “defiendan incluso de aquellos que ‘esgrimieran un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena’ es un aval directo a la “justicia por mano propia”. Es una política para dar rienda suelta a que los trabajadores se maten entre sí.

A esto se agrega que “quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.

El gobierno busca mostrarse como un abanderado de la lucha contra la “inseguridad”. Pero no menciona en ninguna parte de la Ley Ómnibus el problema del narcotráfico o de los grandes negocios delictivos. La inseguridad proviene desde el propio régimen político y social. Son los capitalistas los que promueven el desarrollo del negocio narco, de las redes de trata y de la venta ilegal de armas. Es que son fuentes de beneficios extraordinarios.

Los puertos privados son coladores de droga y los bancos se han convertido en importantes plataformas de lavado de dinero. Ni hablar que la policía está metida hasta los tuétanos en el crimen; lo organiza desde las comisarías y desde las cárceles. Darle más poder al aparato represivo es reforzar el delito.

Rechazamos la política represiva y promanodura del gobierno de Milei. Los trabajadores estamos obligados a movilizarnos para tirar abajo la Ley Ómnibus, el DNU, el protocolo antiprotesta de Bullrich y toda la agenda de la clase capitalista.

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