Javier Milei, quien hasta hace unos días se encontraba predicando en Davos que “a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”, está a punto de enviar un proyecto de ley al Congreso para volver a gravar los salarios con el Impuesto a las Ganancias, perjudicando a alrededor de 800 mil trabajadores.

Luego de haberse aprobado en el Congreso la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias que afectaba a los salarios -dejando como piso el equivalente a 15 salarios mínimos-, el gobierno busca reponerla estableciendo un Mínimo No Imponible de $1.350.000 de salario bruto y una actualización trimestral de las escalas indexada a la inflación. La incongruencia es mayúscula, dado que Milei y Villarruel habían votado a favor de eximir a los trabajadores de dicho gravamen cuando eran diputados.

Ahora, apremiado por cumplir la meta fiscal del FMI, el Ejecutivo decide volver a confiscar los salarios, que, dicho sea de paso, nunca deberían haber estado incluidos en este impuesto dado que, lejos de tratarse de una ganancia, es una parte ínfima que reciben los trabajadores de la riqueza creada durante su jornada laboral, mientras el empleador se apropia del resto.

De aprobarse este proyecto, que se titulará “impuesto al ingreso personal”, a los obreros que logran superar la línea de pobreza, a costa de realizar horas extras o haber luchado arduamente para romper el techo salarial, el Estado les quitará parte de sus ingresos mediante el cobro de Ganancias.

Esta iniciativa también estuvo motivada por la tensión con los gobernadores, de distinto signo político, que reclamaban una compensación tras haberse quedado sin buena parte de los ingresos coparticipables de Ganancias. Seguramente, el proyecto fue utilizado por Milei como prenda de negociación con los mandatarios provinciales para obtener los votos de sus representantes parlamentarios en el inminente tratamiento de la Ley Ómnibus.

Finalmente, los costos de alcanzar el superávit primario del 3% del PBI pactado con el Fondo lo pagamos principalmente los trabajadores. No solo con el regreso del impuesto al salario, sino con la reposición completa del IVA y la suba sideral de las cuotas del monotributo. En contraste, la Ley Ómnibus, si bien plantea el aumento en las retenciones, contiene numerosas rebajas impositivas para los capitalistas, como lo demuestra el apartado de Bienes Personales, el de régimen de incentivos a las “grandes inversiones” y el blanqueo de capitales.

Esta ofensiva se convierte en un motivo más para parar el 24 y movilizar masivamente. No podemos permitir que nos arrebaten una conquista por la que buena parte del movimiento obrero luchó durante años, empezando por el SUTNA, que desde la seccional San Fernando encabezó un importante reagrupamiento por la abolición del impuesto al salario. Conformemos una gran columna independiente en la jornada, que involucre el conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora y la necesidad de un plan de lucha para derrotar todo el plan motosierra.

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