Políticas
14/11/2025
Milei habilita que nos corten el agua, para promocionar la privatización de Aysa
Con un decreto ilegal, autorizan a AySA a cortar el servicio por falta de pago.
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AySA.
El gobierno de Javier Milei acaba de dictar un decreto que autoriza a AySA a cortar el servicio de agua potable por falta de pago, una medida abiertamente inconstitucional y violatoria de la jurisprudencia vigente, que reconoce al acceso al agua como un derecho humano esencial. Esta resolución, que ya fue denunciada judicialmente, forma parte del plan de privatización de AySA, la empresa que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano.
La medida busca disciplinar a los usuarios y aumentar la cobrabilidad de cara a la venta de la empresa, para hacerla más “atractiva” a los inversores privados. Es el mismo camino que recorrieron Menem y el FMI en los '90, cuando entregaron Obras Sanitarias a manos del consorcio Aguas Argentinas S.A., encabezado por Suez, con tarifazos, despidos, desinversión y corrupción. Aquella experiencia terminó en una catástrofe sanitaria y económica que obligó a su reestatización parcial en 2006, aunque bajo la forma de una sociedad anónima, dejando abierta la puerta para un nuevo vaciamiento.
Una privatización a medida del FMI y del gran capital
El decreto que habilita los cortes de agua se inscribe en el paquete de medidas de desregulación y privatización impulsadas por el DNU 70/23 y los decretos 493 y 494/2025, que autorizaron la venta del 90% del paquete accionario de AySA y modificaron su marco regulatorio, eliminando los requisitos de expansión, calidad y universalidad del servicio. También habilitaron el aumento ilimitado de tarifas y redujeron las exigencias de control estatal.
El objetivo es entregar el agua al capital privado como parte de las negociaciones con el FMI. Entre los posibles compradores figuran empresarios locales como Mauricio Filiberti (Transclor) y Daniel Sielecki, así como la compañía de aguas de San Pablo. Pero también deschavó que Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel, tiene injerencia en la empresa estatal.
Mekorot, cómplice del genocidio y del saqueo hídrico
Mekorot asesora actualmente a AySA en virtud de un contrato firmado en noviembre de 2024 durante la gestión de Malena Galmarini y Wado de Pedro, el mismo equipo que impulsó convenios similares en diez provincias. Esta empresa —denunciada por organismos internacionales y de derechos humanos— roba el agua al pueblo palestino, impone un régimen de apartheid hídrico en Cisjordania y usa el agua como arma de exterminio en Gaza.
En Argentina, su “asesoramiento” apunta a poner los recursos hídricos al servicio del extractivismo: la megaminería, el agronegocio y los emprendimientos inmobiliarios de lujo, en detrimento del abastecimiento popular. En ese sentido, firmó convenios confidenciales con la mitad de las provincias del país, especialmente las zonas de estrés hídrico, por lo cual incide sobre gran parte de la política hidráulica nacional. En la zona de cobertura de AySA los desarrollos inmobiliarios de los grandes grupos, como IRSA en La Boca, tienen prioridad de conexión, mientras que el 25% de los hogares del conurbano sigue sin acceso al agua potable y el 42% carece de red cloacal.
El derecho al agua en peligro
La nueva resolución que habilita el corte del servicio viola la Ley Nacional 26.221 y los principios reconocidos por la ONU, que establecen que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano básico que no puede ser suspendido por razones económicas. Numerosos fallos judiciales en el país ratificaron este principio, incluso en causas contra empresas privadas de servicios públicos.
Sin embargo, el gobierno pretende eliminar este derecho esencial para entregar los recursos hídricos al gran capital, mientras paraliza las obras, despide trabajadores, elimina subsidios y reduce la inversión pública. Solo entre 2021 y 2022, las transferencias de capital a AySA cayeron más de 50% en términos reales, lo que agravó el déficit de infraestructura y acceso al agua en los barrios populares.
Frente a este ataque, la Campaña contra la Privatización de AySA —integrada por organizaciones sociales, ambientales y sindicales— viene impulsando actos, declaraciones y concentraciones frente al Palacio de Aguas de Córdoba y Riobamba, en defensa del agua como derecho humano y bien común.
El agua no es un negocio ni una mercancía: es un derecho humano y un bien común. Enfrentemos la entrega de AySA, el ajuste del FMI y la injerencia colonial de Mekorot. Organicémonos por el derecho del pueblo al agua.
