El presidente Javier Milei, y su ministro de Defensa, el radical Luis Petri, están preparando un decreto para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior, bajo el pretexto de una supuesta necesidad de enfrentar agresiones de “organizaciones terroristas”. Detrás de esto asoma un intento por reforzar el carácter represivo del Estado en un cuadro de agudizamiento de la bancarrota económica y social.

Según un decreto firmado en 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, las FF.AA solo pueden intervenir “ante la amenaza de un Estado extranjero”. El Ejecutivo se apresta a derogarlo y a eliminar la palabra “Estado” de la formulación (Página 12, 14/1). De este modo, los militares quedarían habilitados para involucrarse en cuestiones más amplias: el “combate” contra el narcotráfico, organizaciones indígenas, “guerrillas”, etc.

Esto vendría acompañado de un reforzamiento de las capacidades de las FF.AA en materia de inteligencia y de un aumento de su presencia en las fronteras (lo que liberaría a la Gendarmería de las tareas de frontera, habilitando su utilización en otro tipo de movidas). No se sabe muy bien de qué organización terrorista habla el gobierno o si tiene alguna hipótesis de conflicto. Además, cuando los capitalistas y sus representantes políticos hablan de “terrorismo” hay que tener mucha desconfianza.

La introducción de los militares en tareas de seguridad interna es una política que forma parte de una doctrina promovida por el imperialismo. La tentativa de darle un mayor protagonismo a las FF.AA en la vida política del país se inscribe en el marco de una profundización de la crisis capitalista internacional, lo que tiene su expresión, entre otras cosas, en la guerra entre la coalición Ucrania-Otan y Rusia en Europa y en el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel contra la población palestina de Gaza.

En política exterior, Milei se ha alineado a Estados Unidos y al sionismo. Busca incluir a Hamas, la organización que lidera la resistencia palestina, en la lista de organizaciones terroristas. Es algo que Sergio Massa había prometido en su campaña electoral. Si el gobierno avanza en este sentido y aprueba el decreto en cuestión, quienes se movilicen en apoyo a la lucha del pueblo palestino (como ya ha ocurrido en Argentina y varios países)… ¿serán catalogados como proterroristas y reprimidos por el Ejército?

Por otro lado, este intento represivo del gobierno se apoya en la proimperialista Ley Antiterrorista aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2011. Dicha ley define el terrorismo como “actos que se hubieran cometido con el fin de atemorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o de alguna organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

O sea, si se activa esta ley, cualquier protesta de trabajadores contra el Estado capitalista, manifestación sobre alguna embajada o incluso una huelga en un sector considerado “esencial” podría ser considerada por el gobierno como un acto de terrorismo. La Ley Antiterrorista ya se ha aplicado contra la población mapuche y contra los activistas antimegaminería. Bien visto, entonces, lo de Milei apunta contra la lucha de la clase obrera y no contra el “terrorismo”, el narcotráfico o la inseguridad.

Tener a las FF.AA fuera de los cuarteles, listas para reprimir, es importante para la burguesía y también para su representante en el poder, que ha puesto como uno de sus objetivos principales mantener las calles en orden.

Por otro lado, desde el gobierno han dicho que las FF.AA serían habilitadas a suministrar ayuda en materia de servicios logísticos y de transporte a las fuerzas que dependen del área de Seguridad. Así, las distintas policías o la Gendarmería podrían utilizar pertrechos del Ejército o de alguna de las otras instituciones. Se trata de otra variante de reforzamiento de la represión estatal.

Sin embargo, según Página 12 (idem), “a los militares, en especial a los jefes del Ejército, la movida no les gusta”. Además, no quieren ser “auxiliares de la policía”.

El gobierno de Milei quiere utilizar a los milicos para reprimir a los trabajadores, que tarde o temprano se levantarán contra la ofensiva capitalista en curso.

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