El narcotráfico se convirtió en un verdadero flagelo de la realidad económico-social de Argentina. Lo que ocurre en Rosario es probablemente una de sus manifestaciones más violentas. Se trata de un negocio que se ha expandido como un cáncer por todo el país. Los políticos del establishment se la pasan hablando de medidas que podrían terminar con el narcotráfico, pero no son más que imposturas. Patricia Bullrich ha dicho recientemente que para luchar contra el narconegocio es necesario introducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Es un discurso clásico de las expresiones más derechistas y reaccionarias, que se ha estado ventilando desde ambos lados de la grieta. El peronista Sergio Berni se ha manifestado años atrás en ese sentido.

La propuesta de Bullrich no es nueva. Utilizar a los ejércitos para combatir el narcotráfico es una doctrina promovida por el imperialismo para reforzar su influencia en los países y expoliar sus riquezas. La dirigente del PRO intenta congraciarse de este modo con el gobierno norteamericano. Colombia y México son postales del fracaso de esta política, que ha terminado llevando la violencia a escalas impresionantes.

México

En México, la guerra (sic) contra las drogas fue lanzada en 2006 por el otrora presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, con el respaldo de Estados Unidos. Para esta empresa se utilizaron al Ejército y a la Marina. De conjunto, lo que se ha operado en el país azteca es un entrelazamiento sin precedentes entre el Estado, los grupos narco y la clase capitalista, tanto nativa como extranjera, y una profundización de la descomposición social y de la desigualdad entre ricos y pobres.

Existen bastantes ejemplos de esto. Hace poco se ha filtrado información que daría cuenta de supuestas conexiones entre militares mexicanos y la organización criminal Guerreros Unidos y sobre cómo desde el Ejército se vendió armamento a una célula narco con base en Tejupilco. Todos los gobiernos que le siguieron al del PAN han preservado esta estructura. La actual administración de Andrés Manuel López Obrador mantiene al Ejército en tareas de seguridad interior.

El balance de esta experiencia es lapidario, los asesinatos y desapariciones forzadas superan los 30.000 y 6.000 casos al año, respectivamente. Desde que comenzara la operación en 2006, el número de desaparecidos ha llegado a 100.000, mientras que fueron 400.000 los asesinados (Grupo La Provincia, 5/10). En el medio han sido asesinados trabajadores, políticos, periodistas, activistas, etc. Y en este marco el Ejército fue utilizado para la represión interna, a la vez que continúa teniendo casos de gatillo fácil y denuncias por espionaje contra periodistas y activistas en su haber.

Colombia

Desde que el expresidente norteamericano Richard Nixon impulsara la guerra contra las drogas en la década del 1970, Estados Unidos y algunos países europeos han financiado y apoyado logísticamente al gobierno colombiano para hacer frente al narcotráfico. El famoso Plan Colombia, con el cual Estados Unidos brinda ayuda militar al país sudamericano, es una expresión de ese proceso. Como fruto de esto se ha conformado un gigantesco negocio, el mercado estadounidense terminó recibiendo droga elaborada por mafias colombianas. Desde Colombia, incluso, ha llegado a operar un capo de la mafia calabresa, la sanguinaria ’Ndrangheta.

En Colombia, como no podía ser de otra manera, la ligazón entre el Estado, la clase capitalista y los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico ha pegado un salto. El narconegocio se ha ido expandiendo hacia las fronteras y está muy lejos de menguar. Recientemente, un alto mando del Ejército colombiano fue apartado de su cargo por estar involucrado, presuntamente, en alianzas con una banda narco para enfrentar a un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en el suroeste del país (France 24, 14/2). Durante estos años han aparecido muchísimos casos de militares vinculados a los narcos, y estas conexiones turbias también envuelven a policías y gendarmes.

Colombia continúa siendo el mayor productor y exportador de cocaína del mundo, lo que muestra el fracaso de la movida yanqui y de los gobiernos colombianos. Según un informe de Human Rights Watch, “en 2021 al menos 290 excombatientes de las Farc fueron asesinados, se documentaron 82 masacres cometidas por grupos armados ilegales, al menos 60.000 personas han sido desplazadas forzosamente, y, desde 2016, al menos 500 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas (Agenda Pública, 19/1)”. Los asesinatos en Colombia son tres veces más comunes que en Estados Unidos. En México, cuatro veces.

La lucha contra el narcotráfico

El narcotráfico es uno de los negocios más rentables a nivel mundial, junto a la prostitución y el tráfico de armas. Según la ONU, genera un volumen que ronda “entre 400 y 600.000 millones de dólares al año, equivalente al 10% del comercio global” (Infobae, 3/2). El consumo viene creciendo, como lo ha evidenciado otro informe del mismo organismo, el cual cifra en alrededor de 275 millones el número de consumidores en 2020, frente a los 226 que había en 2010. Al compás de esto se han incrementado las muertes, medio millón atribuidas al consumo de drogas, un número que dobla la cifra de fallecimientos registrada una década atrás (El País, 24/6/2021).

La expansión de este negocio da cuenta del agotamiento del régimen social capitalista. El narcotráfico es un sostenedor del capitalismo en su etapa de senilidad, en tanto representa un nicho en el cual las burguesías pueden obtener un rédito que no encontrarían en la esfera productiva, debido a la sobreproducción de mercancías y a la sobreacumulación de capitales reinantes. Bancos, hoteles, casinos, paraísos fiscales y un sinfín de empresas son puestas al servicio del blanqueo del dinero proveniente de estas actividades espurias. La “lucha contra el narcotráfico” es utilizada por el imperialismo y los distintos gobiernos para reforzar la explotación y la opresión de los trabajadores por parte del capital.

El entrelazamiento entre las Fuerzas Armadas y el narcotráfico opera en determinadas relaciones sociales y en ciertas condiciones históricas. Las fuerzas represivas son instrumentos del capitalismo para defender la propiedad privada de los medios de producción. La alianza con los narcos permite a elementos de las FFAA obtener beneficios extraordinarios, que los coloca en una situación de privilegio en el marco de una sociedad dividida en clases. A un régimen social en descomposición le corresponden inevitablemente fuerzas de seguridad (sic) en descomposición.

En Rosario ya existe un narco Estado, la introducción de las FFAA para “combatirlo” no cambiará ese cuadro sino que le agregará un jugador, aunque, como se ve, esto termina dando lugar a procesos como los de México y Colombia. La única manera de ponerle fin al narcotráfico es terminando con el capitalismo, que se sirve de ello para perpetuar su dominación. Es una tarea histórica que está en manos de la clase obrera.