Los dichos de Javier Milei acerca de que en caso de ser presidente avanzaría en una dolarización de la economía abrieron un amplio debate. Dentro la oposición de derecha algunos políticos y economistas se entusiasmaron e incluso un diputado radical presentó un proyecto de ley en esa dirección, mientras otros lo criticaron y deslizaron planteos alternativos como carta para frenar la inflación explosiva. Con dardos cruzados, unos y otros han puesto de relieve que todas las variantes en danza, además de ser igual de inviables que el ruinoso acuerdo del gobierno con el FMI, facturan los platos rotos a los trabajadores con un retroceso bestial en sus condiciones de vida.

El planteo de Milei de dolarizar la economía, es decir que la moneda estadounidense sea de curso legal en nuestro país para todo uso, es el paso clave en su posición de cerrar el Banco Central de la República Argentina, renunciando a toda posibilidad de que el país fije su propia política monetaria, su tipo de cambio y sus tasas de interés. Todo pasaría a regirse por la Reserva Federal norteamericana (FED, por sus siglas en inglés), cual colonia financiera -precisamente cuando esta se encuentra ajustando su intervención luego de fracasar una década en revertir la crisis económica y ante un acenso de la inflación mundial.

Como de todas maneras el país seguiría excluido del mercado internacional de crédito, es una opción que solo podría financiarse con nuevas hipotecas suscritas con los organismos multilaterales como el Fondo o el Banco Mundial. Es donde terminaron las experiencias de Ecuador y El Salvador, con crisis de deuda e incluso programas fondomonetaristas que fueron resistidos por grandes movilizaciones populares.

Por eso hasta el exministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay, cuestionó que la propuesta esconde que vendría de la mano de un nuevo Plan Bonex, como el que se implementó en los albores del gobierno menemista cuando abrocharon a los ahorristas enchufándoles bonos del Estado a cambio de sus depósitos. En efecto, el líder “libertario” que tanto habla de proteger la propiedad privada debutaría con una enorme confiscación de los depositantes en beneficio de la banca y del gran capital -ya que los capitalistas tienen sus riquezas fuera del sistema financiero local. Claro, Prat-Gay retruca que la salida es un plan “más ambicioso” con el FMI, es decir un ajuste mayor.

Con el pobre nivel de reservas internacionales con que cuenta Argentina hoy en día, el punto de partida de una dolarización debería ser una abrupta devaluación, que golpearía en especial a quienes viven de su salario o jubilación. Medidos en dólares, estos ingresos se encuentran en mínimos históricos, por lo que la medida vendría a cristalizar este hundimiento en la pobreza de millones de trabajadores.

Es esto lo que tiene de atractivo para todo un sector de la burguesía. Lo recoge la Fundación Libertad y Progreso, que desestima la oferta de Milei y en cambio brega por una vuelta a la convertibilidad (un peso = un dolar), aunque a diferencia de la de Cavallo en los ’90 se rija no por las reservas del Banco Central sino por un fideicomiso en el Banco de Basilea. Este esquema de volvernos una colonia del capital financiero internacional cierra, en su propuesta, a fuerza de reforma laboral y un feroz ajuste que desmantele el empleo público (Ámbito Financiero, 28/3).

Esto ni siquiera contribuiría a un desarrollo productivo, porque el encarecimiento de la moneda atentaría contra la productividad de la industria local y sentenciaría de muerte a lo que queda de ella. Un suceso externo como la guerra en Ucrania (en un mundo surcado por la crisis y los choques comerciales) encontraría a país sin recurso alguno para atenuar el impacto; veríamos salarios de indigencia pagando el pan a precio internacional, y a las fábricas sin poder competir con los productos importados. Así Ecuador terminó dependiendo pura y exclusivamente de la cotización del petróleo.

Es lo que alerta el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, recordando como ejemplo cómo la devaluación del real en 1999, cuando aún estaba vigente la convertibilidad de Menem y Cavallo, derivó en una estampida de capitales hacia suelo carioca que nunca se revirtió. Pero al economista macrista le preocupa más el riesgo que implica que desaparezca el Banco Central como prestamista de última instancia, capaz de ofrecer liquidez ante una corrida de los depositantes a retirar sus ahorros de los bancos (El Cronista, 14/3). Con otras palabras, una eventual crisis de pagos podría llevarse puesto a todo el sistema bancario.

Su “salida” es la independencia del BCRA, como si este pudiera ser neutral. En realidad una política monetaria siempre responde a determinados intereses, como vemos en que hoy la entidad paga a la banca nada menos que 120.000 millones de pesos al mes en intereses, por los encajes de los depósitos que se invierten en Leliq, agrandando una burbuja especulativa equivalente a casi la décima parte del PBI argentino. Parasitismo a la máxima potencia.

La cuadratura del círculo que no pueden resolver las diferentes variantes de la oposición es cómo estabilizar la economía argentina sin poner fin a la constante fuga de capitales, cuando los capitalistas criollos tienen fuera del país una suma cercana a todo el PBI anual. La danza de recetas -en principio inaplicables- responde a lo incumplible del acuerdo del gobierno con el Fondo, que al mismo tiempo es la única hoja de ruta que tiene la clase capitalista local (aunque traiga consigo choques como las pulseadas por la reducción de los subsidios o la modesta suba de retenciones a las exportaciones sojeras). La desorientación obedece, en suma, a los sucesivos fracasos de la burguesía argentina en desarrollar al país. Lo que es inviable no es la Argentina, sino el saqueo y el parasitismo de su clase dirigente.

Como sea, la esencia detrás de todas las variantes es un debate de cómo descargar sobre los trabajadores los “ajustes necesarios” en medio de un desquicio de la economía nacional. Por eso todos asumen que sea cual fuere el esquema a adoptar debe partir de eliminar el déficit fiscal a fuerza de recorte del gasto público. Lo resumió otro “libertario”, José Luis Espert, al declarar que no ve viable la dolarización pero que sí “hay que abrir la economía, reducir drásticamente el tamaño del Estado y hacer gigantescas reformas laborales, independientemente del régimen monetario que se elija”.

Para salir de las recetas que una y otra vez nos llevan a la quiebra, la inflación y la devaluación, debe intervenir la clase obrera con un programa alternativo de reorganización económica sobre nuevas bases sociales, partiendo de terminar con la fuga de capitales nacionalizando la banca y el comercio exterior para recapitalizar al país e invertir las riquezas en un desarrollo nacional. La lucha contra el FMI es una pelea también contra la burguesía nacional.