De boca de Alberto Fernández el gobierno proclamó la decisión de declararle la guerra a la inflación. Quiso aparecer teniendo una iniciativa y el resultado fue exactamente el opuesto: cobró notoriedad la incapacidad del gobierno, la crisis que lo divide y su falta de condiciones políticas para pilotear la crisis.

A cinco días del anodino discurso del presidente algunas consultoras señalan que el aumento de los alimentos está trepando a cerca del 6% en lo que va del mes y que el índice inflacionario superará ampliamente al de febrero. Hay que recordar que el 4,7% del mes pasado no tenía en cuenta el aumento de las naftas ni del pan, por ejemplo. Tampoco el aumento de tarifas de algunos servicios y los que se continúan en algunos rubros (como la medicina privada).

Sin esperar al índice, la subida de los precios se percibe todos los días, y las actualizaciones de las listas de referencia que se recibe de los proveedores empiezan a hacerse habituales. Expresiones de un desborde que no está siendo contenido.

Después del discurso presidencial pobre de anuncios, aparecieron el ministro de Producción, Kulfas, y el secretario de Comercio Interior, Feletti, a recauchutar viejas y fracasadas medidas como “precios máximos”, “cuidados” o “esenciales” que ahora serían “de cercanía”. No se los creen ni ellos. Actuaron un endurecimiento frente a los empresarios del sector que rápidamente desmintieron haber llegado a un acuerdo para retrotraer los precios al 10 de marzo de más de 500 artículos que habían anunciado los funcionarios. Como lo señaló Funes de Rioja, el presidente de la Copal (la cámara que agrupa a las alimentarias), “cada empresa decidirá cómo actuar”.

La decisión del gobierno de crear un fondo de estabilización del precio del trigo (un fideicomiso) abrió una crisis con el capital agrario. Aunque la decisión de aumentar dos puntos –de 31 a 33%- las retenciones en la harina y el aceite de soja (para disponer de fondos para subsidiar la harina de trigo para el mercado interno –precio sostén) afecta solo a un grupo de 20 exportadoras como Cargill, Cofco, Bunge&Born, Vicentin y otras, y no a los productores de grano, que ya pagaban el 33%. Por otro lado, los puntos de retenciones a la soja y el biodiesel vuelven a los bolsillos de los exportadores por la vía del sostén del precio internacional del trigo. Es decir que el fondo es un negociado.

En el capital agrario sobrevuela el temor de que los requerimientos de fondos para hacer frente a los compromisos adoptados con el FMI llevan a la generalización de la suba de retenciones. En el arco patronal impera la idea de cubrirse ante la posibilidad de que el apriete se generalice. El gobierno no cuenta con los votos para que el Congreso le vote un aumento de las retenciones. Toda la situación gira en torno al arbitraje de un gobierno desgastado, lo cual agrava la parálisis. Una crisis política de fondo. Se armó un movimiento de protesta que ya provocó un tractorazo de 300 concurrentes en Entre Ríos y Córdoba y se está organizando uno nacional para el 23 de abril. Tienen el apoyo de un grupo de gobernadores como Schiaretti, Uñac y Perotti, que actúan como lobbistas de los capitales que operan en sus provincias. La crisis está quebrando pactos previos.

La otra medida a la cual apelaría es a un entendimiento entre la UIA y la CGT de contención de precios y salarios. La reunión no se ha producido, y por lo visto su resultado sería estéril. Las remarcaciones de precios no se frenan y la burocracia sindical propone revisar acuerdos paritarios como lapsos menores de tiempo (Cavalieri de empleados de comercio firmó con revisión a los tres meses).

El pacto con el FMI es inflacionario y recesivo

El acuerdo con el FMI incluye tarifazos para recortar subsidios, aumento en los combustibles, y la energía, que inciden en toda la cadena de valor. Viene acompañado de una devaluación (oficial) del peso que ya se está produciendo, esa devaluación a su vez está acicateada por la pérdida de divisas por el pago de la deuda (y la fuga de capitales), eso acelera la inflación. Por otro lado la suba de las tasas de interés, que debiera “enfriar” la economía, en este cuadro lleva a las empresas a calcular mayores costos por el encarecimiento del crédito.

Es decir, un cuadro inflacionario explosivo con tendencias enormes hacia la recesión y aun a la hiperinflación.

Esto es la consecuencia del propio pacto. Por eso Alberto dedicó el 60% de su discurso a felicitarse por el acuerdo alcanzado. Alberto va a la guerra con las armas que le provee el FMI y estas son en realidad un incentivo de la inflación.

Pero por otro lado, el acuerdo ha quedado “viejo”. La guerra de Ucrania ha agudizado todos los problemas previos. Agregó la presión del capital agrario para meterse de lleno en la oportunidad que le abre la disparada del precio internacional del trigo y embolsarse una ganancia extraordinaria a costo de la mesa familiar. Ha elevado el costo de los combustibles (y en particular del gas) a precios prohibitivos para cubrir la demanda que el país necesita porque no dispone de los dólares para a compra y porque se comprometió a eliminar los subsidios y producir un tarifazo que ya no alcanza. Son todos factores de convulsión social y de descalabro de la producción industrial: el propio Kicillof en una reunión con la UIA adelantó que vamos a un invierno sin gas, y le pidió a las empresas que “programen” su producción teniendo esto en cuenta. Por otro lado el corte de subsidios al gas mayoristas irá a los precios, otro factor inflacionario.

Una crisis política que se agudiza

La idea de que “arreglando” las cuentas con el Fondo se abre un período de estabilidad ha quedado desmentida cuando el pacto aún no está formalmente en marcha (lo tiene que aprobar el directorio del FMI).

A la par que la inflación se dispara (con su repercusión en el ánimo social) la crisis política se hace más notoria. La ruptura de la coalición oficial de gobierno no se ha formalizado porque el kirchnerismo no renuncia a los puestos que mantiene. Esta situación refleja que Cristina y su hijo Máximo no tienen un plan B al de Fernández-Guzmán. El reconocimiento de la deuda usuraria y los reclamos del Fondo es común a ambos. El kirchnerismo está atrapado en su propia política y ahora la división empieza a producirse en sus filas como se hizo pública con la grieta entre los intelectuales K.

La quiebra de la coalición oficial tiene ramificaciones que ponen en riesgo la política de contención que el peronismo desarrolla. La caída de Caló, el burócrata de la UOM aliado a AF, a manos de un burócrata K, Furlán, no es un dato menor, y aparece como expresión de la división oficial. Furlán, por las dudas, fue rápido en declarar que quiere que al gobierno de Alberto “le vaya bien”.

Otro tanto sucede con los movimientos sociales cooptados por el oficialismo, que reflejan en sus filas desprendimientos como resultado de la parálisis en que se encuentran. La extraordinaria lucha de la Unidad Piquetera, que hace frente al ajuste y la quita de fondos a la asistencia social, aparece como un atractivo para los trabajadores enrolados en esas organizaciones, que son los más afectados por el ajuste y la inflación.

Sobre este desmadre del oficialismo, salió Milei con su propuesta de “dolarización”, que es una versión desmejorada del plan Cavallo, bajo el gobierno de Menem, que no solo no frenará la inflación sino que terminará incentivándola tras producir un derrumbe de los salarios y las jubilaciones (y de todos los activos del país). El plan Cavallo terminó en la quiebra de 2001. Milei aprovecha la impotencia del peronismo y de Juntos por el Cambio para plantear un avance en la colonización de la Argentina a manos del capital financiero norteamericano. Su voto en contra del acuerdo con el FMI solo fue porque no estaba en peligro su aprobación y porque él es partidario de ir más a fondo en el ajuste y la desvalorización de los ingresos del pueblo trabajador.

La intervención de los trabajadores

Los trabajadores están siendo bombardeados por planteos que en esencia parten de reconocer el saqueo nacional, como la opción menos mala, la pretensión es que sean los que paguen los mayores costos de esta crisis.

La inflación es una confiscación de los ingresos de las familias trabajadoras. A lo que suma las consecuencias de la recesión, el ajuste que deteriora o liquida los servicios que debe brindar el Estado, y el agravamiento de las condiciones de vida en general de millones de personas. Cuando se conozca el índice de pobreza e indigencia el deterioro social tendrá números, estará cuantificado, pero en el día a día ya se lo padece.

El punto de partida es defender el ingreso, que salarios y jubilaciones se actualicen de acuerdo al aumento del costo de vida, lo mismo los planes sociales. El salario debe ser igual a la canasta familiar y el 82% para los jubilados. Los planes deben ser duplicados y reabiertos hasta abarcar a todos los desocupados. Para ello es clave organizar la lucha, establecer una deliberación en los lugares de trabajos y sindicatos en torno al reclamo salarial. La crisis impone una acción común de todos los trabajadores y la acción de los movimientos piqueteros independientes con su plan de lucha es un buen punto de apoyo.

Por otro lado es necesaria una agitación sostenida de la izquierda, con un plan que establezca actos, movilizaciones y todo aquello que nos permita levantar un programa de salida a la crisis, colocando los intereses de la clase obrera como punto central de una reorganización económica y política: el no pago de la deuda, la derogación del pacto con el FMI, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Vamos a crecer en la base del peronismo y los partidos del sistema, combatiendo políticamente a todos los cooptados por el Frente de Todos.

Que la crisis la paguen los monopolios del capital y no los trabajadores.