En un nuevo episodio de la confrontación con los gobernadores, Milei decidió eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, lo que significa un recorte de 870.000 millones de pesos en lo que recibía de la nación la administración bonaerense. Kicillof rechazó la poda, pero lo cierto es que el ajuste ya se siente en los salarios estatales, las condiciones edilicias de hospitales y escuelas, o la crisis rampante de la obra social provincial.

Cuando todavía sigue abierto el conflicto con Chubut por la coparticipación, ya que el gobierno nacional aseguró que apelará el fallo judicial a la Corte Suprema, ahora se suma la eliminación del fondo creado en septiembre de 2020 que agregaba un 1% de la masa coparticipable nacional a la provincia de Buenos Aires, otorgado para que el gobernador pudiera cumplir su compromiso de aumento salarial a la Policía Bonaerense tras el acuartelamiento de la fuerza. En aquel entonces fue presentado como una compensación por la diferencia entre lo que aporta el distrito a la recaudación nacional y lo que recibe por coparticipación.

Kicillof respondió con fuertes críticas verbales al recorte del fondo que formaba parte del presupuesto prorrogado para este 2024, asegurando que este ajuste lo va a sufrir el pueblo bonaerense. Es estrictamente cierto, no solo porque se va a agravar la desvalorización salarial y de las partidas que van a sostener la educación o la salud, la vivienda u obra pública; sino también porque en ningún momento el mandatario puso en duda el pago de vencimientos de deuda externa a los fondos de inversión, que este viernes se van a llevar más de 350 millones de dólares. Una cifra que se acerca a la mitad de lo confiscado por Milei al liquidar el fondo en cuestión.

Así, el gobernador es cómplice en la orientación de que el ajuste lo pague el pueblo trabajador y no los fondos de inversión, que son los grandes ganadores de la motosierra sobre el gasto público, con la valorización de los bonos de deuda que tienen en su poder. Vale señalar que en septiembre vencen otros 350 millones de dólares. Para saldarlo, el gobierno bonaerense deberá profundizar una política de ajuste.

Lo más grave de esta orientación es que los recortes a los recursos que el Estado nacional gira a la provincia no se limitan a la eliminación de este fondo de Fortalecimiento Fiscal. Buenos Aires será uno de los distritos más perjudicados por la decisión de pisar las transferencias no automáticas (o giros discrecionales), que se va a sumar a la caída en la recaudación tributaria tanto de los impuestos provinciales como de aquellos nacionales que son coparticipables, porque dependen del consumo y la actividad económica. Tanto Ingresos Brutos y Sellos (provinciales) como IVA y Ganancias (que son nacionales y se coparticipan) vienen en marcada retracción.

Kicillof recibió el respaldo explícito tanto del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al igual que del bloque de legisladores radicales de la provincia y de varios intendentes. Pero es una unidad que forma parte del compromiso ajustador, ya que en simultáneo reclamaron un “plan de austeridad”.

Con esta ofensiva en curso, a los trabajadores y el pueblo bonaerense se los va a someter a la extorsión de apoyar al gobierno provincial en esta pulseada por los fondos, con la intención de aminorar el suplicio que ya sufren día a día. Debemos rechazarlo, porque es una posición que lleva a postergar los reclamos salariales y sociales en un momento crítico, mientras los bonistas cobran en tiempo y forma, y los grandes capitalistas agrarios e industriales siguen con sus negocios, especialmente de exportación. El cobro adelantado de Ingresos Brutos a grandes empresas con que Kicillof planea salir del paso no solventa ni la quinta parte de la pérdida y no establece ningún aporte por fuera de lo fijado a pesar de la situación de emergencia.

La pelea contra la motosierra de Milei debe librarse defendiendo incondicionalmente los salarios, las jubilaciones del IPS, la obra social Ioma, y todos los reclamos populares. Es una lucha que requiere de la organización independiente en los barrios y lugares de trabajo y estudio.

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