Políticas
3/6/2025
Milei prorroga la emergencia energética: estatismo para aplicar los tarifazos que se vienen
Las familias trabajadoras pagamos el ajuste, mientras siguen ganando las privatizadas vaciadoras.
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Una política antiobrera.
El gobierno de Milei prorrogó la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, manteniendo el intervencionismo estatal para seguir aplicando tarifazos a discreción en función del ajuste a los trabajadores mientras sostiene las ganancias de las empresas privatizadas que desinvierten en el servicio.
Un estudio del Conicet publicado en marzo reveló que, desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos subió un 430% en el AMBA contra una inflación del 133%. Casi el triple. Es un golpe a los ingresos de los trabajadores ya que tanto el IPC como la canasta básica subestiman el peso que representan las boletas dentro de la economía familiar. Pero el grueso del ajuste todavía está por delante, y para eso prorrogan la emergencia.
El oficialismo también anunció la extensión tanto de la intervención del Enre y de Enargas como de la transición hacia los “subsidios energéticos focalizados”. Con esto último apunta a que los usuarios paguen la tarifa plena; un golpe contra los trabajadores en general, y, especialmente, contra el sector más pobre.
En esta línea, los libertarios eliminaron a decenas de miles de usuarios del régimen de Zona Fría y buscan restringir el alcance geográfico del subsidio a las tarifas en regiones de temperaturas más extremas en inviernos. Pretenden que solo puedan acceder quienes puedan acreditar que están en situación de vulnerabilidad. Pero, por lo pronto, aumentaron el porcentaje que pagamos los usuarios de todo el país para solventar ese régimen.
La emergencia energética es una herramienta utilizada por el gobierno para perpetuar una política de tarifazos y prebendas a los capitalistas petroleros y eléctricos. Según fuentes oficiales, desde junio las tarifas de gas y electricidad subirán entre un 2,6% y un 2,8%.
Por otra parte, según el Indec, en abril el rubro “vivienda, agua, electricidad y gas” registró un aumento interanual del 81,1% mientras que la inflación nacional fue del 81%. Cabe destacar que los servicios están subestimados en el cálculo de la inflación y la canasta básica familiar.
En este contexto, el gobierno continúa beneficiando a las petroleras con el Plan Gas pagándoles USD 4,5 por millón de BTU, en un marco donde impera el secretismo sobre el costo real de producción del gas. Ese precio encarece toda la cadena de generación energética y explica que el Estado subsidie el ítem en las boletas -porque sería impagable. La "tarifa plena" que nos quieren cobrar a los consumidores se rige por las ganancias de los pulpos de Vaca Muerta.
Asimismo, el gobierno lanzó un plan para que las empresas de distribución de electricidad "regularicen" su deuda millonaria con Cammesa, la empresa mayorista de energía a la que las privatizadas no le pagan los despachos de energía. La medida incluye hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas con una tasa del 50% del mercado eléctrico mayorista. Un salvataje a costa de los usuarios, porque el plan es que puedan aplicar subas mensuales con el fin de que dejen de acumular pasivos con Cammesa que luego implican subsidios millonarios.
Con estas medidas, el gobierno busca avanzar hacia una eliminación de subsidios –que compensa con los aumentos de tarifas– para ahorrar dinero y destinarlo al pago de la deuda externa fraudulenta. En cambio, los trabajadores sufren los tarifazos, los cortes de luz y el cepo salarial mileísta.
Frente a este saqueo, hay que ir por la apertura de los libros de las empresas y la nacionalización bajo control obrero de toda la estructura energética del país.
