La Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso no solo es un cúmulo de disposiciones que habilitan una mayor entrega de la riqueza nacional al capital imperialista e implican enormes beneficios para los empresarios y penurias para los trabajadores. Además, la ley establece penas muy duras para la protesta social y refuerza el artículo 194 del Código Penal introducido por la dictadura de Onganía. Milei quiere imponer su plan de guerra contra los trabajadores erigiendo un régimen de excepción.

Esto puede verse en las secciones I y II del capítulo 1 del proyecto de ley, que hace referencia a la seguridad interior. El gobierno quiere modificar el artículo 194 del Código Penal, elevando de tres meses a un año la prisión mínima y de dos a tres años y seis meses la máxima para aquel que “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

O sea, Milei busca reforzar la represión contra los trabajadores que usen el corte de calle como instrumento para protestar contra la ofensiva antiobrera que él mismo lidera. Con esto, la protesta social dejaría de ser un “delito” excarcelable (ya que la pena máxima superaría los 3 años). Además, si se protestara en la calle portando un “arma propia” o “impropia” (el gobierno nunca aclara a qué se refiere con “arma”) o si “se causare daño a la integridad física de las personas”, la pena será de dos a cuatro años de prisión, “siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

También se introduce en el artículo la persecución contra los referentes de las organizaciones sociales y políticas que “organicen, dirijan o coordinen una reunión o manifestación”. Para ellos habría prisión de dos a cinco años, “estén o no presentes en la manifestación o acampe”. El gobierno define como reunión o manifestación a la congregación “intencional y temporal” de tres o más personas en un espacio público.

Por otro lado, se añade como artículo 194 bis una figura con la que se apunta a criminalizar y encarcelar a los organizadores de las protestas. “Se entenderá por organizador o coordinación de una reunión o manifestación, a los efectos del artículo anterior, a toda persona humana, persona jurídica, reconocida o no, o conjunto de ellas que a) convoque a otras personas a participar de la reunión b) coordine a personas para llevar a cabo la reunión c) provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión y d) pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes”, dice el texto.

Además, Milei pretende que se le notifique con menos de 48 horas de anticipación si se va a realizar una reunión o manifestación. Se le debe dar información sobre los convocantes, los delegados, sobre el tiempo de duración de la protesta y la cantidad de personas que adhieran a ella, etc. Y se arroga el derecho a rechazar su realización. Por otro lado… ¿Quienes quieran juntarse en una plaza a pasar el tiempo tendrían que notificarle sus propósitos a Bullrich?

El gobierno, asimismo, busca prohibir las movilizaciones o protestas en avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales a través de una modificación de la Ley de Tránsito (la cual regula el uso de la vía pública, por ejemplo, prohibiendo que una persona maneje un vehículo bajo los efectos del alcohol). Por otro lado, amenaza con quitarle los hijos a los trabajadores que se manifiesten junto a ellos.

En la sección II, por otra parte, se establece un endurecimiento de las penas para quienes “emplearen intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal mientras estuviere cumpliendo sus funciones”. La prisión sería de cuatro a seis años si a) el hecho se cometiere a mano armada b) si se cometiere por una reunión de más de tres personas c) si el autor fuere un funcionario público –el cual recibiría el doble de tiempo de condena y 4) si el autor pusiere manos en la autoridad.

Es decir, si eventualmente un trabajador se ve obligado a defenderse del despotismo estatal-policial, porque de ello depende su integridad física o incluso su libertad, sería penado con hasta seis años de prisión. Se trata de una medida que habilitaría a la policía, antiobrera por naturaleza, a profundizar su política de verdugueo, de provocación y de violencia física contra los trabajadores. Si una movilización de miles de personas se enfrenta a las fuerzas policiales, que tienen armas y todo tipo de pertrechos listos para infligir daños o causar la muerte… ¿aprisionarán a esas miles de personas? ¿Y así siempre? El absurdo no podría ser mayor.

De conjunto, estamos ante la tentativa de erigir un estado de sitio permanente. De implementarse esto, el gobierno concentraría poderes extraordinarios para regimentar y disciplinar a la clase obrera (más de los que ya posee). El Estado adquiriría un carácter policíaco. Milei apunta a ir hacia una militarización de la sociedad para evitar que la combinación entre su plan de guerra contra los trabajadores y la intensificación de la bancarrota capitalista produzca un estallido social. Se trata de una medida en defensa de los intereses de la clase capitalista y los acreedores internacionales.

Con todo, el intento de Milei de avanzar en este sentido se topa, por un lado, con las crisis y divisiones que están teniendo lugar al interior de la burguesía, y, por el otro, con las propias contradicciones de la bancarrota económica. Asimismo, el gobierno tendrá que vérselas con la lucha popular.

Los trabajadores tenemos que organizarnos en los barrios, en los lugares de trabajo y de estudio y ponernos de pie contra el gobierno capitalista de Milei. Debemos hacerlo de manera independiente, sin confiar en los partidos que han gobernado durante las últimas décadas, que están viendo cómo pactar con el presidente y dejando que pase la motosierra sobre los derechos de la clase trabajadora. El Rodrigazo en curso, por otra parte, plantea la necesidad de impulsar la lucha por un aumento de salarios y por todos los reclamos de los trabajadores.

La marcha de la CGT, que tuvo lugar este miércoles 27, fue una postal de lo que quiere y puede hacer la clase obrera. Mostró un potencial que hay que desplegar en toda la línea para derrotar los planes de la clase capitalista y Milei. Las centrales obreras deben convocar a un paro activo nacional ya mismo.

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