Luego de la publicación del decreto que elimina el programa Potenciar Trabajo trascendió que el gobierno tendría la intención de que aquellas personas que se jubilan por moratoria dejen de percibir el haber mínimo para pasar a cobrar un plan social. Sería una forma de proseguir con la licuación histórica de las jubilaciones perpetrada en este primer trimestre de mandato libertario, perforando un piso que ya se encuentra en niveles de indigencia. Un ajuste inhumano sobre quienes padecieron la informalidad laboral en beneficio de las patronales precarizadoras.

Mientras los medios de comunicación afirman que algunos funcionarios deslizaron que enviarán una ley al Congreso para avanzar en ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni no confirmó la medida pero sí aprovechó para catalogar de “injusto” que la mayoría de los jubilados que recibe la mínima no haya completado los aportes correspondientes al tiempo que aquellos que sí los completaron pierden por quedar afuera de los bonos compensatorios… algo que ha sido una política de los gobiernos para achatar la pirámide previsional y no responsabilidad de los trabajadores. ¿Prepara el terreno para excluir a cuatro millones de los bonos discrecionales?

En esa misma línea, tras el encuentro de Milei con el bloque parlamentario de La Libertad Avanza la diputada nacional Juliana Santillán declaró que estos “jubilados ficticios” son la causa de una emisión monetaria extraordinaria, de lo que se deriva que ajustarles a ellos sería un aporte al combate a la inflación. No hay un gramo de verdad en estas afirmaciones.

En primer lugar, quienes accedieron a una moratoria previsional aportan mensualmente de su jubilación para saldar “su” deuda, de manera que ni siquiera perciben el total de los ya escasos 205.000 pesos que será la mínima en marzo con bono incluido. No son ellos quienes estafan a las arcas públicas, sino los empresarios que se ahorraron años y años de contribuciones patronales por medio de contrataciones precarias o sin registrar, mientras que los laburantes cobraban salarios inferiores a los de convenio. Las deudas previsionales habría que cobrarlas a los capitalistas y no a los trabajadores, que son las víctimas.

No es un punto menor cuando las propias estadísticas oficiales indican que en la actualidad casi la mitad de los asalariados se desempeña en la informalidad. Esta degradación de las condiciones laborales es lo que desfinancia el sistema previsional, no los adultos mayores que no llegan a fin de mes. Esto, claro, sumado a la devaluación de los salarios y a las exenciones con que el Estado premia a ramas enteras como la salud y la educación privadas, o con que subsidió hasta a grandes empresas como con los Repro. La recesión, con su secuela de centenares de miles de despidos, va a agravar la relación activos/pasivos del sistema.

Es ilustrativo que quienes se quejan a viva voz de la insustentabilidad de la Anses sean al mismo tiempo los promotores de una reforma laboral que reduzca aún más lo que aportan las empresas en concepto de cargas sociales. Sería el vaciamiento final del sistema previsional. Que eso de ninguna manera solucionaría la extendida informalidad laboral se aprecia por lo sucedido en las tres décadas transcurridas desde que el menemismo rebajara las contribuciones patronales a la mitad, durante las cuales la precarización laboral escaló hasta abarcar hoy a nueve millones de trabajadores.

La variante opuesta -es decir, defendiendo a los laburantes activos y retirados, que son los que generan la riqueza y están hundidos en la pobreza- sería por el contrario reponer los aportes patronales, aumentar los salarios para que ninguno quede por debajo del costo de vida, y proceder al pase a planta permanente y bajo convenio colectivo correspondiente a todos los precarizados. Esto porque no es cierto que el pago de haberes previsionales sea “gasto público”, ya que salen de la caja que se nutre con los descuentos salariales: un dato que vale para demostrarlo es que en enero los aportes y contribuciones a la seguridad social fueron superiores en 130.000 millones de pesos a lo que se destinó a prestaciones sociales.

Pero el gobierno apunta en otra dirección. Contradiciendo todo su discurso falaz sobre lo injusto de que haya gente que se jubile sin haber completado los años de aportes, el gobierno de Milei y el FMI aseguran que buscarán también liquidar los regímenes especiales, en nombre de la “equidad”, cuando justamente se basan en mayores aportes durante la vida activa -además que contempla que son tareas con un mayor desgaste físico o insalubres. Al parecer, la única equidad que vale para los libertarios es la de los haberes de hambre; por eso tomaron gustosos la política del gobierno precedente de achatar la pirámide previsional a fuerza de bonos que no se incorporan al básico -y por lo tanto tampoco cuentan para las cuotas de la moratoria ni los aportes al Pami.

Todo lo dicho refuta también que los jubilados sean una carga para la sociedad y la economía nacional, responsables de una emisión monetaria que recalienta la inflación. Mientras el mal llamado gasto previsional cayó 38% en enero términos interanuales, lo destinado a saldar intereses de deuda se duplicó. En los primeros dos meses del año el Tesoro pagó 2,5 billones de pesos en ese rubro, equivalente a 12,2 millones de haberes mínimos de marzo. Además el Banco Central emitió 8,5 billones de pesos entre intereses de Leliq, recompra de bonos (para subir su cotización) y la activación de los seguros de liquidez (que ofrece para blindar a los que especulan con títulos públicos).

Esto demuestra que el robo a los jubilados es para seguir solventando el saqueo que tiene como principales beneficiarios a los bancos y fondos de inversión. Ese es el norte de las reformas previsionales que impulsa el FMI, dirigidas a hacer de los haberes jubilatorios una pensión a la vejez -al estilo de un plan social, o como es hoy la Puam-, sin relación alguna con los salarios en actividad. Las fórmulas de movilidad de Macri y del peronismo han colaborado en esa dirección.

Nos gobierna una camarilla al servicio del capital financiero internacional. Son los capitalistas quienes viven a costa del Estado, y por supuesto de la explotación de los trabajadores. Ajustemos a los ajustadores, por un aumento de emergencia en las jubilaciones, el 82% móvil y un directorio de la Anses electo por los trabajadores activos y pasivos.

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