Políticas
29/6/2026
Milei remata las empresas estatales a precio vil para pagar la deuda
Los capitalistas amigos del gobierno se quedan con activos estratégicos por dos mangos.
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Luis Caputo y Federico Sturzenegger habrían estado detrás de una maniobra para subvaluar empresas del Estado que Javier Milei vendió y quiere vender a grupos capitalistas amigos. A lo Menem, el gobierno libertario remata activos estatales con el objetivo de obtener dólares para pagar la deuda externa y sostener un esquema económico parasitario que beneficia a sectores del capital financiero internacional.
Las denuncias, según una investigación de Julián Maradeo publicada en Ámbito, surgieron a raíz de la decisión unilateral de Julio Roberto Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones (organismo que se encarga de establecer el valor de los bienes muebles e inmuebles), de que el organismo no participara de las tasaciones de Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, Aysa, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue. Villamonte fue colocado en ese puesto por Sturzenegger y habría tomado esa decisión tras reunirse con funcionarios del Ministerio de Desregulación.
Las tasaciones quedaron en manos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), que depende del Ministerio de Economía de Caputo y se dedica al comercio exterior. En el Bice, incluso, se creó una unidad especialmente para eso y se desmanteló su dirección para colocar elementos más afines al gobierno: se nombró como presidente a Maximiliano Voss, hermano de un exsocio de Luis Caputo, exfuncionario de Aníbal Ibarra y miembro de la Consultora VP Comunicación –que tiene contratos con el gobierno.
Todas las tasaciones fueron declaradas "bajo secreto financiero" y resguardadas bajo cláusulas de confidencialidad para que no sean públicas. Ni los peritos del Banco Nación ni del Banco Central quisieron realizar las tasaciones, al parecer por presión del gobierno. Bajo este esquema ya se privatizaron las cuatro centrales de Comahue y la participación estatal en Transener, bajo sospechas de falta de valor oficial y fallas técnicas llamativas en los sistemas de oferta (Contrat.ar).
Dos de las centrales y la participación del Estado en Transener quedaron en manos del holding de la familia Neuss. La Fundación Soberanía Neuquén presentó una denuncia judicial donde sostiene que las hidroeléctricas fueron rematadas sin un valor oficial. En el caso de Transener, el Grupo Neuss la adquirió después de ganarle la competencia a Central Puerto de Nicolás Caputo. El gobierno todavía no pudo avanzar con Nucleoeléctrica: ha trascendido que pretende vender el 44% por 1.000 millones, cuando su tasación real oscilaría entre los 10.000 y los 11.000 millones. La privatización de Aysa, por su parte, fue frenada temporalmente por la Justicia.
La privatización de Intercargo fue impugnada por una denuncia que realizó la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), señalando seis irregularidades: "subestimación sistemática de las proyecciones financieras de Intercargo, uso selectivo de metodologías y ocultamiento de otras tasaciones, opacidad y secreto en un proceso que exige máxima transparencia, falta de imparcialidad del Bice, falta de idoneidad del Bice y salteo del Tribunal de Tasaciones de la Nación" (Ámbito, 29/6).
La Justicia Federal terminó por aceptar al gremio como querellante y ordenó al Ministerio de Economía entregar información sobre la privatización. Se le habría puesto un precio base de 45 millones de dólares, cuando su valor real rondaría los 93 millones. Eduardo Eurnekián ya se quedó con el servicio de mangas, sacándoselo a Intercargo. Tanto en Intercargo como en Aerolíneas Argentinas hubo luchas de los trabajadores por salarios y contra el vaciamiento que aplica el gobierno mientras impulsa los negocios de empresas como Flybondi.
El gobierno rifa los activos estatales para recabar divisas y destinarlas al pago de la deuda externa, como hizo con el dinero proveniente de la privatización de las represas de Comahue. Al mismo tiempo, a la empresa belga Jan de Nul, que se ganó la licitación de la Hidrovía con la ayuda de Milei, se le permite cobrar tarifas de flete con precios inflados garantizándole un negoción.
Es parte de una política de descapitalización del país en un contexto de fuga de capitales. Estos empresarios, además, están adquiriendo activos del sistema eléctrico en momentos en que mejora la rentabilidad debido a los tarifazos que está aplicando Milei.
Los trabajadores tenemos que salir a las calles masivamente a derrotar al gobierno antiobrero.
