La campaña de la ultraderecha liderada por Javier Milei por la libre portación de armas como salida al problema de la inseguridad y la delincuencia es un llamado a organizar linchamientos y escuadrones de la muerte. Pretende movilizar a la pequeño burguesía hastiada por la crisis económica y la descomposición social no contra los responsables de la situación, que son el Estado, las grandes patronales y las fuerzas represivas y judiciales comprometidas con el delito y la corrupción, sino contra las barriadas populares, con la excusa de que se recluten ahí los rangos menores de las mafias delictivas. Estos linchamientos que propone Milei no resolverán el problema de la inseguridad. Como bien ha denunciado nuestro compañero Gabriel Solano en una columna reciente en Infobae, las elites del crimen, cuya “capa superior está compuesta por sectores de las cúpulas de las fuerzas de seguridad entrelazadas con jueces y fiscales, el poder político y económico” están a salvo de estos intentos. La policía aparece constantemente ligada a las mafias delictivas en cualquier investigación. Vale recordar el escándalo de las muertes por droga adulterada vendida en Puerta 8 por una banda compuesta en su mayoría por policías en actividad, a principios de año.

Milei, así como los Sergio Berni y Patricia Bullrich, defienden sistemáticamente a estas fuerzas represivas del repudio popular. Berni combinó en las últimas horas los elegios a Milei con la defensa del intento de fusilamiento del joven desarmado Tomás Kruger en el distrito de Moreno por parte de efectivos de la policía bonaerense. No es casual. Los liberfachos ultraderechistas promueven una política de represión contra los movimientos populares. Son los promotores de un “Movimiento Antipiquetero” que quiere atacar a quienes reclaman trabajo y alimentos, colocandose al servicio de los gobiernos hambreadores que han instalado la desocupación masiva como un rasgo permanente de la Argentina. Las propuestas fascistizantes van de la mano de su fanatismo por la represión. Lejos de cualquier carácter libertario, se propone expandir el sistema carcelario y policial.

Milei emula esta política de Bolsonaro, cuyo símbolo de campaña fue hacer un arma con la mano. Es la política de escuadrones de la muerte que Bolsonaro y sus antecedentes políticos usaron en Río de Janeiro con respecto a las favelas. Como los paramilitares en Colombia, esta ultraderecha armada se entrelazó con narcotraficantes y mafias, no terminó con ellos. En el camino, amasaron un récord de asesinatos de niños y trabajadores. Marielle Franco investigaba estas bandas fusiladoras, vinculadas a la policía militar, cuando fue asesinada, en un hecho llevado adelante por allegados a uno de los hijos de Bolsonaro.

En Estados Unidos, donde vienen de haber nuevas masacres de civiles, los crímenes de odio estan vinculados indisolublemente al desarrollo de un Estado policial represor y que emplea a una parte significativa de su población como una fuerza mercenaria que ocupa países extranjeros para defender su estatus imperialista. La militarización de su seguridad y las masacres perpetuadas contra la juventud y los trabajadores, especialmente a las minorías raciales y de las capas más pobres de la sociedad, son una pieza clave de las características de una sociedad que genera crímenes violentos reiterados y en formas sorprendentes para el resto del mundo. No se trata del “gun control” (control de armas) por el que hacen campaña los progres del partido demócrata como solución. Eso equivale a defender el monopolio del armamento para los policías que asesinan a cientos de civiles desarmados. El movimiento contra los asesinos de George Floyd planteó “abolir la policía” en sus sectores más radicalizados. Los socialistas nos apoyamos en ellos, contra los fachos que promueven milicias antiobreras, y los Obama, Biden o Sanders que quieren defender la integridad de sus fuerzas represivas.

Desde la izquierda revolucionaria debemos discutir una salida y una intervención frente a los problemas de inseguridad, explotados por la derecha para generar un estado de ánimo fascistizante y represor. Repudiamos la promoción de linchamientos y escuadrones de la muerte. Estamos por el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad represoras, corrompidas y cómplices de los delincuentes. No defendemos el monopolio de estas fuerzas estatales sobre el armamento ni la violencia legítima. Promovemos un programa de medidas transicionales que tienen por eje que la población trabajadora tome crecientemente en sus manos la responsabilidad por su seguridad. Es en este sentido que planteamos la apertura de libros de comisarías, la libre elección de comisarios y jueces, revocables y la creación de nuevas fuerzas de seguridad reclutadas entre trabajadores y organismos de derechos humanos y colocados bajo su control. El creciente desarrollo del movimiento piquetero y también del sindicalismo clasista en las barriadas obreras plantean un escenario para hacer de estos planteos una campaña popular.

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