El pasado 11 de julio la Cámara Federal de Tucumán dispuso a través de una medida cautelar la suspensión inmediata de la actividad de las mineras Bajo La Alumbrera y Bajo el Durazno, ubicadas en Andalgalá, provincia de Catamarca, hasta tanto se realicen informes periciales para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producidos por ambas. La medida llegó como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó a la Cámara revisar una sentencia anterior en sentido contrario.

 

El pedido de amparo contra La Alumbrera y su socia estatal, YMAD, fue presentado a principios de 2010 por un grupo de pobladores de Andalgalá, propietarios de los terrenos donde se encuentran los yacimientos, hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación provocada por la empresa.

 

El amparo demoró 7 años en resolverse, tiene un carácter transitorio y fue otorgado en momentos que Mineras La Alumbrera anuncia que en 2018 cesa completamente su actividad pues el yacimiento se ha agotado. En el caso de Bajo el Durazno, el otro emprendimiento alcanzado por la decisión judicial, se trata de un yacimiento menor y fue pensado como una prolongación de Bajo la Alumbrera, ya que utiliza la misma planta de procesamiento de metales.

 

Desde 1997, cuando se puso en marcha la explotación del yacimiento, hubo numerosas denuncias y juicios; varios de ellos con resolución judicial favorable en diferentes instancias. Las pruebas ofrecidas demostraban que Minera La Alumbrera no sólo contaminaba sino que además, con la complicidad del Estado nacional, del gobierno catamarqueño y de la Universidad de Tucumán, evadía impuestos y realizaba actividades de contrabando por miles de millones de dólares.

 

En la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el fallo cayó como una bomba. La UNT tiene vínculo con el yacimiento a través de YMAD y por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que formó con La Alumbrera para la explotación del yacimiento. En la justicia federal existe una causa abierta por malversación de los fondos ingresados por regalías y utilidades del YMAD en los períodos de (2006/2009), en la cual están procesados el ex rector de la UNT, Juan Cerisola, y el ex diputado nacional por la UCR Luis Sacca, entre otros. En esa causa se investiga a la YMAD, entre otros negociados, por la venta de lingotes de oro a precio más bajo que el internacional y por la compra de cianuro con sobreprecio; entre las empresas vinculadas a la maniobra figura una que pertenecería del hijo de Lázaro Báez.

 

El abogado de los pobladores, explicó que, según el acta que firmaron YMAD y la minera, ambos deberían hacerse cargo de los costos que implica la remediación y sanación ambiental. También señaló que “al momento de la interposición de la acción no vimos un seguro ambiental con entidad suficiente, siendo que la Ley de Ambiente obliga a que las empresas que desarrollan una actividad que puede dañar el medio ambiente contraten un seguro de cobertura”. Según el abogado, los demandados fueron presentando seguros “por partes”: sus montos eran tan exiguos que el tribunal ni siquiera los tuvo en cuenta y resolvió que la empresa minera acredite haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental ocasionado.

 

El abogado calificó de “complicado” el panorama para YMAD y, por ende, para quienes integran esa empresa, o sea el Estado catamarqueño, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán.  

 

Corpacci, agente de las mineras

 

Ante el fallo, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó que "no se puede parar un yacimiento de la noche a la mañana, porque hay procesos que se tienen que continuar" y que "tanto para la provincia como para la Nación resulta un impacto económico muy grande". En lo inmediato, lo que más le preocupa al gobierno catamarqueño son las consecuencias financieras que deberá cargar por el pasivo ambiental.

 

El ministro de Gobierno, Gustavo Saadi –quien a vez encabeza la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria– intentó por todos los medios desacreditar el fallo judicial. "Deberían haber pedido informes, porque desde que ingresó la doctora Corpacci hubo controles rigurosos de la cuestión ambiental, se hicieron estudios de la Universidad de Catamarca, la Universidad de Tucumán, están todas las certificaciones de la Secretaría de Minería que se deberían haber pedido para tomar una decisión conforme a derecho".

 

La lucha continúa

 

En caso de verificarse las graves denuncias por contaminación contra el pulpo minero, es previsible que tanto los gobiernos nacional y catamarqueño como las autoridades de la UNT van a intentar descargar las consecuencias sobre las espaldas del pueblo trabajador y de la comunidad universitaria, con mayores impuestos y ajustes, con aranceles y mayor limitacionismo en la UNT.

 

Pero los monopolios mineros internacionales que han controlado La Alumbrera, Mientras tanto, en estos 20 años de explotación –Glencore, la canadiense Goldcorp y Yamana Gold– habrán ganado miles de millones de dólares contaminando toda la región. Se van a marchar con los bolsillos llenos.

 

Frente a este escenario, la justicia va a cargar sobre el YMAD la cuenta del pasivo ambiental haciendo lugar a las actas firmadas con los pulpos mineros, en línea con lo suscripto por los gobernadores en el reciente Pacto Federal Minero.

 

La izquierda, las organizaciones ambientalistas y populares tenemos que enfrentar este nuevo atropello reclamando la confiscación de los fondos de La Alumbrera para afrontar los costos de “la remediación y sanación ambiental” y constituir un fondo de garantía salarial para los obreros desocupados de la mina.

 

Junto con ello se debe reclamar la investigación patrimonial y el desconocimiento de todos los acuerdo firmados por el Estado y a la UNT que integraron el YMAD.