Con el país y el mundo conmovido por los misiles en Medio Oriente, el salario está siendo víctima también de nuevos misiles tras quedar maltrecho de la etapa macrista. Ámbito Financiero del 8/1 publicó una noticia que debería poner en pie de guerra a todo el movimiento obrero: “Estudian ampliar las sumas fijas y diferir paritarias”. En horas de la tarde del mismo día C5N, de indudable llegada al riñón del poder político del gobierno de Alberto Fernández, publicaba la misma noticia.

En uno y otro caso se informó que el gobierno nacional se entusiasmó por la buena recepción que tuvo el exiguo aumento de $3.320 de bolsillo en dos cuotas que ahora fue extendido a los estatales nacionales (no así a los docentes universitarios), pero a cobrar en los meses de marzo y abril y con un tope de $60.000. Cabe preguntarse entre quiénes registraron la alegría. Pues se trata de “las respuestas auspiciosas de gremialistas y empresarios al decreto de aumento” según el mismo matutino.

No hemos notado algarabía alguna entre los compañeros, ni en la actividad privada y mucho menos en las reparticiones estatales, donde la pérdida salarial durante el macrismo se clava en un ¡35%! de su poder adquisitivo. La única celebración la hemos visto por parte de las burocracias sindicales, desde Daer hasta Godoy, pasando por Yasky, todos los cuales se consideran “parte del gobierno”. De hecho el degennarismo, que apoyó al Frente de Todos aunque no formó parte de las listas, acaba de ser “premiado” con un puestito en el Directorio del Banco Nación para Claudio Lozano.

Antecedentes

Con todo lo alarmante de la noticia-rumor que apunta contra el salario de los trabajadores argentinos, hay misiles que ya fueron lanzados. El gobernador Manzur, armador y aliado directo de la alianza de gobierno, suspendió unilateralmente el último tramo de la cláusula gatillo que está pactada en esa provincia.

Lo propio fue anunciado por el flamante gobernador albertista Perotti en la provincia de Santa Fe. En este caso se registra un plan de reducción de direcciones escolares y en el marco de un ajuste presupuestario en 2020, el gobernador atacó la cláusula gatillo y expresó que la provincia tiene que adaptar su política salarial a la de la Nación.

En Salta, el gobernador se niega a renovar la cláusula gatillo arrancada con lucha por los docentes frente al derrotado Urtubey. En Santa Cruz, la gobernadora kirchnerista incondicional, Alicia Kirchner, incumplió su propia promesa de convocar la mesa paritaria en el segundo semestre, en una provincia donde docentes y estatales perdieron escalofriantes 65 puntos frente a la inflación de la era Macri. 

Kicillof, por su parte, ha condicionado el aumento de estatales y docentes no sólo al impuestazo que se trata por estas horas, sino a los envíos de refuerzos de la nación. En Chubut, han vuelto las movilizaciones estatales por falta de pago de salarios y aguinaldo y también por el incumplimiento de la cláusula gatillo firmada antes de ser electo gobernador.

No menos de cinco provincias se han declarado insolventes y han pedido asistencia al gobierno nacional. Es que al default encubierto de la Nación se suma el de la provincia de Buenos Aires que tendrá que “reperfilar”, y los planes “solidarios” de impuestazos y ajustes empiezan a extenderse por toda la ancha geografía nacional.

A defender las paritarias libres y las cláusulas gatillo

Este es el contexto en el que se ha tirado el globo de ensayo de diferimiento de paritarias para suplantarlas por sumas fijas del tipo del pequeño aumento de $3.320 con el que el gobierno de los Fernández ha sorprendido a los trabajadores que esperaban entre seis y nueve mil pesos por afuera de las paritarias.

La exigua cifra en cuotas, por otra parte, ha sido decretada con una fina letra que la declara “absorbible por futuras negociaciones paritarias”. Lo cual no sólo la transforma en un mero adelanto de las paritarias 2020, sino también en un adelanto de las “revisiones” que están pendientes en gremios como la UOM y muchos otros.

Si consideramos la reposición del IVA a los alimentos, el tope en $60000 para los salarios del Estado que no cobran nada de nada, los impuestazos en las provincias empezando por Buenos Aires, la actualización del impuesto al salario diez puntos por debajo de la inflación y la suspensión de la movilidad jubilatoria, se comprende esta noticia-rumor.

El salario y las jubilaciones están en la mira de la “desindexación” de la economía de la que nos hablan Kulfas, Guzmán, Marcó del Pont y todos los economistas oficiales.

Nada más “ortodoxo” que pretender deprimir la inflación a partir de aniquilar el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyo promedio salarial nacional está por debajo de la línea de pobreza. La cuidada frase de campaña “poner plata en el bolsillo de la gente”, ya estamos constatando que no es recomponer el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

La noticia-rumor es objetivamente explosiva. Abramos una fuerte deliberación entre los trabajadores para defender las paritarias y las cláusulas gatillo. Por la extensión del aumento a los docentes universitarios, a los docentes de todas las provincias y a los trabajadores municipales a los cuales ni se los nombra. No habrá reactivación económica alguna de la mano de la depresión de los ingresos de los trabajadores, al contrario, como ya ocurrió, se prolongarán la recesión económica y los despidos.

El punto de partida del debate es que el salario debe ser equivalente a la canasta familiar y que la jubilación debe ser el 82%. Que se convoquen asambleas, los dirigentes no tienen mandato para entregar el salario ni las jubilaciones. Por el camino emprendido, la crisis la pagan los trabajadores.

Que la crisis la paguen los tenedores de la usuraria deuda argentina y los capitalistas en su conjunto.