Políticas

2/8/2026

Modificación de la Ley de Tierras y silencio de radio en los grandes medios de comunicación

Una comunidad de intereses capitalistas.

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Foto: Fede Imas @ojoobrerofotografia

El Senado volverá a discutir una reforma de la Ley de Tierras que regula la propiedad rural en la Argentina. El proyecto oficialista, presentado bajo el nombre de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, busca modificar la Ley 26.737 sancionada en 2011, que fijó límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y estableció restricciones sobre zonas consideradas estratégicas. 

El oficialismo presenta la reforma como una medida para atraer inversiones y “liberar” el desarrollo productivo. Pero detrás de esa formulación se juega un tema de fondo: quién se apropia de la renta de la tierra y qué intereses económicos quieren avanzar sobre uno de los recursos más importantes del país. 

Tratándose de una discusión fundamental, resulta llamativo que los grandes medios de comunicación casi no hablen del tema. No es casualidad, ni una simple omisión periodística, sino que responde a la esencia misma de los grandes grupos de comunicación: empresas que se beneficia de este tipo de reformas. 

Una posición de clase 

La reforma no avanzó sin dificultades. La sesión prevista para el 16 de julio pasó a cuarto intermedio y el debate fue pateado al 6 de agosto por falta de votos. Como ya ocurrió con la Ley Bases, el gobierno necesitó abrir nuevas negociaciones con  gobernadores, bloques legislativos y sectores del poder económico para intentar garantizar la aprobación. 

Este antecedente importa. La Ley Bases también fue presentada como una gran reforma estructural y su aprobación estuvo atravesada por todo tipo de transacciones políticas. Uno de los casos más mencionados fue el de Alejandra Vigo. Había planteado  la necesidad de "preservar recursos naturales, autonomía provincial y economías regionales", pero sin dar explicaciones terminó acompañando al oficialismo aunque sus reclamos no fueron tenidos en cuenta. Otro fue el de Edgardo Kueider, cuyo viraje  político resultó decisivo y que luego fue detenido en Paraguay con dinero no declarado, en el marco de una causa por contrabando de divisas. ¿Coimas? Suponemos que sí, pero no se investiga nada.  

Todo esto expone cómo se cocinan las leyes en Argentina: mediante negociaciones entre el Ejecutivo, gobernadores, senadores y grupos económicos. Pero incluso en ese cuadro llama la atención el escaso lugar que ocupa la Ley de Tierras en la cobertura de los grandes medios, especialmente si lo comparamos con el despliegue mediático que se le da a otros temas parlamentarios.

La pregunta resulta inevitable: ¿Por qué no dicen nada sobre qué intereses están detrás de la reforma como  dicen hacer con todo lo demás? 

Los grandes medios no son empresas dedicadas únicamente a informar, Son conglomerados económicos con accionistas, socios y vínculos que atraviesan sectores como el agronegocio, la energía, las telecomunicaciones, el negocio inmobiliario, la infraestructura y las finanzas. 

Por eso cuando se discute una ley que afecta la propiedad de la tierra, el acceso a zonas estratégicas o el mercado de suelos rurales, no están informando sobre un problema ajeno. Están mirando una disputa de la que forman parte.  

Tengamos en cuenta que la concentración mediática no solo influye en cómo se cuentan los hechos sino que también decide qué hechos se cuentan, cuáles se minimizan y cuáles directamente se borran de la agenda. 

Grupo Clarín: agronegocio, telecomunicaciones y agenda pública 

El Grupo Clarín es el mayor conglomerado de medios del país: controla el diario ClarínTN, Canal 13, Radio Mitre y una parte decisiva del sistema de telecomunicaciones y servicios digitales. Además, junto al diario La Nación, participa en Exponenciar, la  empresa organizadora de Expoagro. 

Expoagro es una de las principales plataformas del agronegocio argentino, donde confluyen fabricantes de maquinaria, bancos, exportadoras, grandes productores y actores centrales del modelo agroindustrial. Es decir, sectores directamente interesados en la valorización de la tierra, en la expansión de la frontera de negocios rurales y en políticas favorables al gran capital agrario. 

Entonces cuando Clarín licúa el debate sobre la Ley de Tierras no lo hace por desatención o como una simple línea editorial sino que se trata de intereses materiales  concretos. 

América: medios, negocios inmobiliarios y capital concentrado 

El Grupo América, ligado a Daniel Vila y José Luis Manzano, también expresa esa articulación entre información y grandes negocios. Controla América TV, A24, radios y otras señales de alcance nacional. Pero sus dueños construyeron poder económico  mucho más allá del periodismo. 

Vila está vinculado al desarrollo inmobiliario en Mendoza, con emprendimientos como Dalvian, uno de los más relevantes de la provincia. Manzano, por su parte, tiene inversiones en energía, infraestructura y otras ramas estratégicas. Otra vez, la tierra, el uso del territorio y la valorización de recursos no son cuestiones lejanas a quienes  controlan pantallas, radios y portales sino que forman parte de su universo empresarial. ¡Incluso se apropian de tierras de la Universidad de UnCuyo!

Indalo, Olmos, Infobae: distintas expresiones de un mismo poder 

El Grupo Indalo, vinculado a Cristóbal López, controla medios como C5N y Radio 10, pero su desarrollo empresario real está en combustibles, energía y otras áreas clave. El  Grupo Olmos, propietario de Crónica y Canal 9, también integra una estructura de  intereses que excede largamente la producción periodística. Infobae, dirigido por Daniel Hadad, responde a otro formato, pero comparte un rasgo decisivo con los  demás: su enorme capacidad para fijar agenda pública mientras convive con relaciones  estrechas con el poder económico y político. 

Cada grupo económico dueño de grandes medios de comunicación tienen  características propias, alianzas diferentes y posicionamientos editoriales propios. Pero  todos comparten algo fundamental: no son voceros del conjunto de la clase  trabajadora sino engranajes de un régimen donde la información está concentrada en  manos del poder económico. 

Entonces, no hablan sobre la Ley de Tierras porque la tierra es un negocio de clase y  porque poner en primer plano ese debate implica iluminar vínculos que prefieren  mantener en el murmullo. 

Explicar de verdad en que consiste la Ley de Tierras obligaría a mostrar cosas que esos medios no quieren discutir: que la propiedad rural en la Argentina está fuertemente concentrada; que la ley vigente no resolvió ese problema de fondo aunque puso ciertos límites a la  extranjerización; que la reforma oficial apunta a profundizar todavía más la mercantilización del  territorio; que los beneficiarios no serían los pequeños productores ni los trabajadores rurales sino los grandes capitales; y que esa ley toca intereses estratégicos del poder económico del que forman parte.

Ni capital extranjero ni terratenientes nacionales 

Desde una perspectiva clasista, tampoco creemos que alcanza con oponerse a la reforma en nombre de una defensa ciega de la ley vigente. La Ley 26.737 no modificó  la estructura agraria, no liquidó la concentración de la propiedad ni garantizó el acceso a la tierra para el conjunto de la clase trabajadora. Sabemos de sobra que el problema no empezó con esta reforma. 

La tierra ya está en manos del gran capital y eso incluye tanto a capitales extranjeros como a terratenientes nacionales, pooles de siembra, corporaciones agroexportadoras y grupos ligados a la especulación inmobiliaria y financiera. Por eso, la salida no pasa  por elegir qué fracción del capital debe quedarse con el territorio sino por comprender  que la tierra no debe estar al servicio de los negocios de una minoría, sino de las  necesidades sociales del conjunto de la clase trabajadora.

El silencio de radio nunca es neutral 

La discusión sobre la tierra es una discusión sobre soberanía, producción, recursos  naturales, agua, alimentos y ambiente. Pero también es una discusión sobre quién  tiene el poder de decir qué es importante y qué no. 

Cuando los grandes medios callan sobre la Ley de Tierras están operando  políticamente. Están colaborando a que una reforma estratégica avance sin el  necesario debate sobre el acceso a la tierra de la clase trabajadora. Desenmascarar el  silencio mediático es parte de las luchas que debemos dar. La tierra es un territorio en  disputa pero la información también.

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