El crecimiento del trabajo informal en el país tiene una de sus expresiones en el crecimiento del monotributo, una modalidad de contribución que en general es utilizada por las patronales para esconder la relación laboral y ahorrarse los aportes. Hoy la cifra se aproxima a las tres millones de personas quienes, además de lidiar con el pago mensual de monotributo, con un aporte jubilatorio que finalmente otorga el haber mínimo, también tienen problemas para acceder a la salud, tanto pública como por la obra social correspondiente.

Los monotributistas deben elegir una obra social y, si no lo hacen, se les asigna una por default. Cuando estos potenciales pacientes requieren prestaciones médicas se chocan de lleno con una obra social que no los quiere recibir.

“Tenes que tener más de un año de aportes para poder atenderte”, son algunas de las respuestas recibidas por parte de estos efectores de salud, lo que implica que dicha obra social sigue cobrando el aporte del monotributista mientras no le presta atención sanitaria. Un robo.

Por otro lado, si la persona que paga un monotributo está adherida a una obra social que no lo recibe y elige intentar atenderse en un hospital público, este también lo rechaza por ya tener supuestamente una “cobertura”, dado que, de atenderlo, el trámite para luego cobrarle la prestación otorgada a la obra social es sumamente engorroso.

Las obras sociales, principal caja de las burocracias sindicales, alegan que el aporte que hacen los monotributistas es muy bajo con respecto al de los trabajadores en relación de dependencia, pero se valen de ellos para embolsarlos y no otorgar ningún servicio.

Al mismo tiempo, los sanatorios privados y los laboratorios se valen de la estampida de precios para elevar permanentemente el costo de las prestaciones y los medicamentos, incluso por encima de los niveles inflacionarios, con el objetivo de engordar sus bolsillos, lo que se transfiere al usuario en el recorte de prestaciones en las obras sociales o el abono de copagos.

En paralelo, el sistema de reintegros del Estado a las obras sociales viene siendo recortado por todos los gobiernos, por lo que es totalmente deficitario y discrecional, algo que se agrava en un cuadro de brutal ajuste fiscal. Este es uno de los motivos recurrentes de choque y negociaciones con la burocracia sindical. Según datos oficiales si se compara 2019 contra 2023, da un incremento del 90% en los reembolsos de obras sociales en cinco años, cuando la inflación acumulada del periodo superó más de seis veces esa cifra.

En el medio de este tironeo quedan los trabajadores, quienes se ven cada vez más empujados a la informalidad y, en consecuencia, ven su acceso a la salud cada vez más restringido. Esta situación se agravará con la desregulación de precios y la incorporación de la medicina prepaga a la ley de obras sociales que promueve el DNU y la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno. Al mismo tiempo, la reforma laboral que busca aplicar el Ejecutivo, lejos de resolver esta situación, legaliza la precarización para ofrecerle mano de obra barata y superexplotada a las patronales.

El trasfondo de esta crisis es el vaciamiento de las obras sociales, en manos de una burocracia sindical enquistada, y los negocios capitalistas con tratamientos y medicamentos cada vez más inaccesibles que son el monopolio de determinadas firmas farmacéuticas, prestadoras y compañías. Esto a su vez empuja a cientos de miles de trabajadores a las manos de la medicina prepaga, con precios y valores en ascenso que se tornan inaccesibles.

Hay que tirar abajo el DNU y la Ley Ómnibus de Milei, y luchar por terminar con la informalidad laboral y el monotributo, defendiendo las condiciones de trabajo y las conquistas históricas de los trabajadores en esa materia. Para eso es fundamental garantizar una movilización histórica el 24 de enero, en el marco del paro de la CGT.

Para terminar con el negocio sobre la salud de la población, hay que poner las obras sociales en manos de directorios elegibles y revocables por los trabajadores, por medio del voto directo, con rendición de cuentas periódica y fondos de compensación en manos de los trabajadores, también nacionalizar la producción de medicamentos y tratamientos de alto costo.

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