Según declaraciones del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el gobierno de Kicillof se propone aprobar el Presupuesto 2021 y la Ley Fiscal en las sesiones ordinarias, es decir antes de que finalice noviembre. Sin embargo, como ambas leyes requieren de los votos positivos de dos tercios de los legisladores presentes para aprobarse, ese objetivo está sujeto a una fina rosca con la oposición de Juntos por el Cambio, que imponen sus condiciones.

Por eso el kirchnerismo empezó a bajar de tono, aclarando que no se trata de un “Plan Marshall pospandemia” -como lo presentó inicialmente- sino de un Presupuesto “realista”. Más allá de las críticas que lanzan para la tribuna, recordemos que Axel Kicillof viene gobernando desde que asumió prorrogado la ley de Vidal. Pero Juntos por el Cambio, e incluso también el PJ bonaerense, pretenden facturar caro su apoyo al “presupuesto razonable” -como lo bautizó un sector de la oposición “dialoguista”.

En una reciente reunión de alcaldes del PRO en La Plata, estos condicionaron el voto de sus legisladores a que el Fondo Educativo siga siendo asignado de manera directa a los municipios, a que no se modifique el coeficiente que coparticipa los recursos provinciales, a la coparticipación directa de todos los fondos que bajan de Nación, a un nuevo Fondo de Infraestructura Municipal y al cumplimiento de los giros pendientes de este año. Son muchos reclamos para una provincia quebrada y en default técnico, pero son claves de supervivencia hacia el año electoral.

La otra disputa hacia las elecciones legislativas es la de los barones del Conurbano con el kirchnerismo. Alberto Fernández ya propuso dar de baja la prohibición de reelección para los intendentes que hayan cumplido dos mandatos sucesivos. Los jefes comunales ya bloquearon, por otra parte, cualquier versión bonaerense del “aporte solidario”. Kicillof, por su parte, abrió un interrogante sobre el futuro de las Paso en la provincia, con la pretensión de que sea Cristina quien dirima el armado de las listas.

Los números

La “ley de leyes” de Kicillof implica ajuste. El verso de la “progresividad” de la Ley Fiscal se disipa con un impuestazo a la vivienda única “no inferior a la inflación”, que los trabajadores deberán afrontar mientras sufren también el impacto de la “actualización” de las tasas comunales y el aumento de las patentes.

El proyecto de Presupuesto prevé gastos por 1,9 billones de pesos, contra los 929.488 millones fijados para el ejercicio 2019 cuando el dólar cotizaba a 38 pesos, hoy tres veces superior. El gobierno K invoca un aumento nominal del 100% para negar que se trata de un ajuste, pero se ubica por debajo de la inflación acumulada desde diciembre de 2018, con una carestía en ascenso en el último trimestre de 2020 y estimaciones que llegan hasta 52% para 2021. En concreto, se fija una pauta salarial a la baja del 32%.

Es falso también que se fije un “bajo endeudamiento”. Por sobre la autorización de deuda por 64.000 millones de pesos quedan los pedidos de préstamos no tomados por 500 millones de dólares, y la empantanada reestructuración de la deuda externa por 7.148 millones de dólares. Esta última es una cuestión de primera índole, porque hay una ofensiva del Comité de Acreedores constituido para judicializar la cobranza en los tribunales de Nueva York. El peso de la deuda externa fraudulenta, enteramente reconocida por el kirchnerista Kicillof, asfixia al presupuesto provincial.

Donde más se verifica el contenido ajustador es en los fondos destinados a Educación. El incremento del 23 al 26% de las partidas se ubica en los niveles de los primeros años del mandato de Vidal, y además es una porción sobre un total más reducido. Por lo demás es una miseria, cuando según el propio Frente de Unidad Docente Bonaerense (que integran Baradel y compañía) las escuelas están derruidas, con necesidades de mantenimiento en 50% de los casos, roturas y filtraciones de techos en el 35% de los edificios, faltantes de aulas o edificios propios en el 21%, el 20% con problemas sanitarios, el 12% en las instalaciones eléctricas y de gas, y un 52% con graves carencias de mobiliarios.

De hecho, en ocho meses de pandemia el programa “Escuelas a la Obra” no pasó del marketing. La realidad es que las partidas asignadas a la educación provincial vienen cayendo en forma sistemática en los últimos doce años, y con el monto fijado por Kicillof (y festejado por los Baradel) no hay posibilidad alguna de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene ni los 12 puntos de escuelas seguras de la Ctera.

El presupuesto de la “pospandemia” para Salud sube apenas del 5,50 al 6%, cuando el presupuesto de Vidal había sido definido por la Cicop como el más bajo de la historia. El deterioro es aún mayor si tenemos en cuenta el 40% de pobreza, la caída del salario y las jubilaciones, los despidos y falta de obra social, y los altos costos de los medicamentos, sumados al vaciamiento de Ioma para subsidiar a los empresarios de la salud privada.

Un aspecto clave que mantiene el “gobernador amigo”, como lo definen las burocracias docentes y estatales, es que mantiene como organismos estatales a Ioma y el IPS, cuando sus fondos provienen de los descuentos salariales de los trabajadores del Estado. Su incorporación junto al resto de las dependencias descentralizadas solo sirve a los fines de apropiarse para el Tesoro del “excedente” que se logra recortando prestaciones médicas y vaciando la caja previsional. El hecho de que sus previsiones presupuestarias se ubiquen levemente por debajo del 2019 revela que los salarios vana seguir perdiendo poder adquisitivo.

Mientras desaloja con represión a las 1.400 familias de Guernica, el gobierno hizo efectivo un crédito por 100 millones de dólares contraído con el BID para un programa de “integración social y urbana”. Esta nueva deuda externa nominada en moneda extranjera no garantizará mejora habitacional alguna. Kicillof se jacta del incremento de los fondos destinados al Ministerio de Infraestructura, que pasaría del irrisorio 2,46 al 7,34%, que permitiría construir apenas 10.000 viviendas. Pero los más probable es que ni siquiera eso se concrete.

El gobierno tendrá la potestad de redistribuir las partidas para derivarlas a otros rubros, incluido el pago de servicios financieros. La propia Vidal se jactaba en 2016 de haber duplicado el presupuesto destinado a la obra pública (6,3%) y de triplicarlo en 2017 (8,4%). La obra pública para desarrollar la provincia y las condiciones de vida de los bonaerenses solo puede concretarse bajo control popular, como parte de un plan económico que fije como prioridades la atención de las necesidades de vivienda, urbanización y servicios, eliminando los negociados de la “patria contratista”. Lo confirma que estos porcentajes fueron subejecutados mientras el enorme déficit habitacional trepaba hasta ser de 1.300.000 viviendas.

Con bombos y platillos, Kicillof anunció además que tiene previsto crear 13.307 nuevos cargos en el Estado. Unos 8.000 son pases a planta permanente en el Ministerio de Seguridad que controla el jefe de la Bonaerenseel represor Sergio Berni, y el resto corresponde a pases a planta temporaria y transitoria como los trabajadores de salud que seguirán precarizados.

El presupuesto destinado al aparato represivo contrasta con los 1.000 millones de pesos (0,05%) asignados al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual que preside Estela Díaz, la ministra ligada a la burocracia sindical de ATE Provincia, que saludó estas migajas como “un presupuesto con perspectiva de género”. En lugar de agradecer a Kicillof, la dirigencia de ATE debería denunciar que los fondos para el Astillero Río Santiago siguen en la lona (0,34%, como en los tiempos en que Macri y Vidal querían cerrar la fábrica), cuando está parado y sus trabajadores sin aumento salarial ni paritaria.

Asambleas para organizar el rechazo

Más de 500 delegadas y delegados docentes reunidos en el Plenario Multicolor votaron movilizarse para rechazar este Presupuesto 2021 de ajuste. La importancia de esta convocatoria del clasismo docente, abierta a las Juntas Internas combativas de ATE y cuerpos de delegados antiburocráticos, a los obreros del Astillero Río Santiago, a las familias y vecinos que ocupan tierras para vivir, al Frente de Lucha Piquetero y organizaciones no cooptadas por el gobierno que denuncian el recorte de la ayuda alimentaria a los comedores, y al movimiento de la mujer contra la violencia de género y los femicidios, radica en la necesidad de dar una respuesta unificada y de lucha.

Impulsemos asambleas y un plan de lucha para terminar con el saqueo a los salarios y las jubilaciones, para imponer un banco de tierras y la construcción de viviendas y urbanizaciones populares, para defender el trabajo ocupando toda fábrica o empresa que cierre o suspenda, para conquistar un salario mínimo igual a la canasta familiar y un salario de emergencia para los desocupados, por paritarias sin techo. Que la CGT y las CTAs rompan su subordinación y se movilicen contra el presupuesto ajustador. No al pago de la deuda externa usurera y fraudulenta; por un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores.