Políticas
29/9/2024
Nacionales y populares prorrogan otra vez la concesión privada del Puerto Quequén
32 años de negociados capitalistas, desde Menem y Cavallo a Axel Kicillof.
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El consorcio de gestión es una marioneta de las cerealeras.
El gobierno bonaerense cedió a la presión de las agroexportadores. Según anunció la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ), la empresa Terminal Quequén S.A. seguirá al frente de la explotación del elevador de granos en el complejo portuario hasta finales del 2025.
La massista Jimena López -designada en febrero por Kicillof para presidir el consorcio del puerto- prolongó un año más un contrato que tiene ya una duración de 32 años y que está vencido desde 2022. La concesión por 30 años data de tiempos de Menem y Cavallo. Jimena López firmó la prórroga hasta noviembre del año que viene a pesar de que el directorio del consorcio demora la aprobación del pliego para una nueva licitación y dificilmemte lo haga, habida cuenta que las agroexportadoras tienen mayoría en la dirección del CGPQ.
Está en juego un negocio millonario que equivale al 15% de las utilidades de la explotación en la terminal portuaria, unos ocho millones de doláres anuales. La sociedad Terminal Quequén está conformada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la CRA, y empresas agroexportadoras como Viterra, Cofco y Bunge. Son estas patronales agrarias y empresas exportadoras de granos las que tienen seis de los nueve miembros del directorio del consorcio que gestiona el puerto localizado en el municipio de Necochea. La resistencia a la aprobación del pliego tiene que ver, entre otras presiones, con el interés de Terminal Quequén S.A. por extender los plazos más allá de 2025, quedándose por dos o tres años más al frente del negocio.
No son las únicas exigencias. Las corporaciones del “campo” y las cerealeras rechazan de plano toda nueva licitación que incluya -como anunció Kicillof- una reserva de carga del 30% de los cereales para acopio de la provincia de Buenos Aires. El interés del gobierno es raspar la olla para financiar las cuentas provinciales. Defendiéndose de las acusaciones proferidas por la Mesa de Enlace bonaerense de las asociaciones patronales agrarias, y de la oposición derechista que actúa como vocera de las cerealeras, el gobernador y su alter ego el jefe de gabinete Carlos Bianco salieron a desmentir varias veces que el gobierno de Unión por la Patria se proponga poner en marcha una “junta provincial de granos”
Axel Kicillof afirmó que una nueva licitación tendría como propósito darle “certezas al negocio agrexportador”. Sería el directorio del consorcio -según declaró su presidenta- el encargado de elegir el estudio de abogados especializados en el tratamiento de los pliegos licitatorios. Así, los extorsionadores serían los encargados de asegurarse las ventajas y beneficios que usufructúan desde hace más de tres décadas con la explotación privada del elevador de granos.
Como dato, informa el portal La Política Online que dos de los actuales miembros del Directorio del Consorcio de Gestión son representantes directos de Terminal Quequén S.A. Uno de ellos, Alejandro Gallegos, es un alto ejecutivo de Viterrra, empresa que pertenece a una multinacional suiza y que posee el 20% de la empresa. El otro, Daniel Arce, integra simultáneamente el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto y de Terminal Quequén S.A., y estaría promoviendo el desplazamiento del actual gerente general del CGOQ por un hombre de su confianza y excandidato de Cambiemos en 2015, Pablo Aued. Las pujas en torno a una nueva licitación están también cruzadas por las disputas entre los capitalistas.
Para disimular esta capitulación Jimena López y el gobierno bonaerense declararon que la prórroga hasta noviembre del 2025 obedece a la necesidad de preservar los 100 puestos de trabajo “en peligro”. Una agachada frente al chantaje de la empresa que amenazó con despedir a todos los trabajadores de Terminal Quequén S.A. Ninguna de estas concesiones le asegura a Kicillof que no haya nuevas embestidas de las patronales del campo y las cerealeras que agitan contra la nueva licitacion “chavista”.
Los buitres de Terminal Quequén saben que Kicillof no va a patear el tablero, menos aún después de la aprobación del Rigi bonaerense que otorga mayores beneficios a los capitalistas con eximiciones de impuestos provinciales. Un bonus track que complementa al régimen de incentivo fiscal a las grandes inversiones de Milei, como denunció el Partido Obrero en la Legislatura bonaerense.
Los nacionales y populares no cuestionan los beneficios millonarios que obtienen los pulpos privados y asociaciones patronales, la disputa es por una tajada pero sin tocar la privatización menemista. El consorcio de gestión es una marioneta de los capitalistas y cerealeras. Una política de fondo exige que el elevador de granos del Puerto de Quequén y toda su operatividad pasen a la órbita estatal bajo la gestión y dirección de los trabajadores.
