La cifra que difundió el Ministerio de Economía sobre lo recaudado en marzo con el inicio del pago del “aporte solidario” de las grandes fortunas suma unos 6.000 millones de pesos, lo que es un 2% de lo que fue anunciado con el proyecto, hace ya un año atrás. Peor aún, a poco del vencimiento del plazo para que los contribuyentes presenten sus declaraciones juradas de su patrimonio sobre el cual se calcula el “aporte” -el cual fue estirado del 30 de marzo al 16 de abril-, las presentaciones efectivizadas totalizan unos 30.000 millones de pesos, o sea el 10% del objetivo a recaudar. Para no perder de vista cuánto significan los 300.000 millones de pesos estimados por el gobierno, vale tener en cuenta que es un monto apenas superior a lo que pagó el Banco Central en intereses a la banca privada solo en el primer trimestre del año.

Todo esto sucede a pesar de las sucesivas concesiones que se realizaron, sobre una iniciativa ya superflua. La Afip concedió tiempo hasta el 28 de abril para pagar una primera cuota del 20%, para terminar de cancelar el aporte en seis meses. Además, se fijó un trato preferencial para aquellos que repatrien el 30% de sus depósitos en el exterior y lo mantengan en el país hasta fin de año. Todo sobre un importe que se paga por única vez -motivo por el cual fue registrado por Economía como un ingreso no tributario-, y no alcanza a las empresas (donde los capitalistas tienen invertidas sus riquezas) sino solo a las personas físicas.

El empantanamiento responde al rechazo que despierta en los propietarios de esas grandes fortunas, que recurren en masa a la Justicia alegando que se trata de una medida inconstitucional, o presentando medidas cautelares para dilatarlo en el tiempo. En la última semana de marzo, luego de que la jueza porteña Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hiciera lugar a dos cautelares ordenando a la Afip que no cobre el aporte hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su validez, ingresó cerca de un centenar de nuevas demandas. La efectivización del “aporte solidario” entra así en un cono de sombras, y en el mejor de los casos llegará muy tarde y depreciada. El caballito de batalla de los que intentan resaltar el progresismo del Frente de Todos se deshilacha cada vez más.

Cuando nos encontramos frente a una saturación de camas de terapia intensiva y todos los días se registran más de 20.000 contagios, es evidente que la iniciativa con la que el gobierno de Alberto Fernández quería mostrar un abordaje “justo” de la pandemia queda a lo sumo como un refuerzo al fisco que se concretará mucho después del colapso sanitario, mientras se deja cerrar clínicas y cuando se desmantelaron las ampliaciones de camas que se habían hecho el año pasado. Es una canallada.

Este derrotero no debe sorprender. Finalmente, solo una porción menor de lo que se buscaba recaudar iba dirigido a reforzar el sistema de salud. La partida más grande estaba dirigida subsidiar a los pulpos petroleros, que ya tienen garantizado un alto precio en dólares por el Plan GasAr pero siguen sin invertir un dólar en incrementar la producción. Lo demás está asignado a menciones abstractas y beneficios a pequeñas y medianas empresas. Es decir que al fin y al cabo el aporte… vuelve a los bolsillos de los ricos.

Si consideramos la cuestión con una vista un poco más panorámica, lo que emerge es que en todo caso la recaudación que se pretende conseguir con esta iniciativa empalma con la promesa que reafirmó el ministro Martín Guzmán en Washington frente a los funcionarios del FMI: el déficit fiscal de este año sería mucho menor el fijado en el Presupuesto 2021, lo cual se lograría a costa de un ajuste más severo. Por eso el gobierno resiste con uñas y dientes tomar cualquier medida de aislamiento para preservar la salud de la población, ya que no está dispuesto siquiera a otra ronda del IFE. En conclusión, si se concreta el aporte de las grandes fortunas solo servirá como una contribución a cumplir con un programa económico fondomonetarista y de rescate a los capitalistas.

Esa es la esencia de lo que se convirtió ahora en un planteo del capital financiero internacional y el imperialismo. El FMI, el Tesoro norteamericano y hasta la ONU se han pronunciado en fila por un impuesto a la riqueza o a las grandes corporaciones, inclusive llamando a gravar las ganancias extraordinarias que la pandemia genera a ciertas ramas empresarias. Dejando de lado el verso de “reducir las desigualdades”, lo que asoma es la preocupación por el bestial crecimiento de los déficit fiscales de los Estados, que en el caso de las potencias económicas se ubicó en torno al 11,7% del PBI en 2020. El objetivo es amortiguar las crisis de deuda que esto origina y las limitaciones para rescatar a los grandes capitales que quiebran.

Por lo demás, este tipo de iniciativas se insertan en un esquema tributario ampliamente regresivo que descansa sobre los impuestos al consumo de la población. El Frente de Izquierda explicitó esto en el Congreso al tratarse el “aporte solidario”, contrastándolo con un verdadero proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas que abarcaba realmente al capital, apuntando a recaudar hasta 15.000 millones de dólares que se destinarían a la salud, la vivienda y a un salario mínimo de cuarentena, bajo control de trabajadores y especialistas.

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