A pocos días del vencimiento de la segunda prórroga del plazo para llegar a un acuerdo con los bonistas en moneda extranjera, el gobierno de la provincia de Neuquén ha sido golpeado por los informes sobre pobreza que dio a conocer el Indec.

Si bien tanto la pobreza como la indigencia han pegado un salto en el primer semestre de este año (9.000 familias más en la pobreza y 800 familias en la indigencia), el proceso se arrastra desde hace largo tiempo. Las estadísticas demuestran que las familias que pasan a la pobreza y la indigencia crecen sin cesar desde fines de 2017.

Con altibajos, la actividad económica y el empleo también registran una tendencia hacia la baja desde fines de 2017, y esto se ha acentuado desde el segundo trimestre del año pasado: “las tasas de actividad y empleo cayeron por tercer trimestre consecutivo”, se señala en el Boletín N° 213 de la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Y este recoge datos solo hasta el primer trimestre de este año, que con seguridad se han agravado en los meses transcurridos desde entonces.

Para estos mismos períodos que abarcan desde el 2017 al primer trimestre del 2020, en la actividad privada creció solo en 4.000 la cantidad de trabajadores ocupados; el 75% de ellos se explica por la actividad petrolera. Pero la población en edad laboral en ese mismo período creció en 15.000 personas, es decir, una porción creciente de la población no encuentra un puesto en el mercado laboral.

Estos registros no expresan otra cosa que el proceso de desindustrialización y recesión económica que ocurre en la provincia desde hace años. Y, por supuesto, el congelamiento salarial de estatales y docentes durante el 2020: casi la mitad de los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza.

El otro gran ingrediente de este aumento de la pobreza e indigencia es el retaceo de la asistencia social del Estado, incluso durante la pandemia.

Los anuncios oficiales (el relato) y las frases lapidarias (la realidad)

En medio del estrago sanitario resultante de la expansión de la pandemia, el gobierno se niega a suspender actividades no esenciales. El contagio ha llegado incluso a localidades muy pequeñas del interior como Las Coloradas y El Huecú. En la turística San Martín de los Andes, la apertura de bares es aprovechada por las patronales para violar todas las condiciones de bioseguridad, y en esta semana clausuraron un bar de esa localidad que triplicaba la cantidad de personas permitidas. Fue un escándalo nacional la apertura de los bares en el Cerro Chapelco. No obstante, el secretario de Turismo de San Martín de los Andes afirma que el 1º de noviembre la ciudad comenzaría a recibir turistas, según las intenciones de las autoridades nacionales de Turismo.

Oficialmente todo el peso de la responsabilidad lo siguen poniendo en la población, y no en la apertura indiscriminada que disparó la circulación masiva y los contagios, que se duplican cada 15 días, y el índice de contagio es de 1,5, es decir, de forma exponencial.

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La curva de fallecimientos por el virus también es exponencial. En un solo mes, septiembre, murieron el doble de personas afectadas que en los cinco meses anteriores: 127 de los 180 decesos que hubo hasta ahora.

Hasta hace poco el gobernador Omar Gutiérrez se vanagloriaba de haber logrado “algo inédito” porque los casos se duplicaban cada 40 días, y defendió su decisión de flexibilizar las actividades económicas. Pero en pocas semanas, su política funcional al lucro empresario ha generado otras frases, porque la realidad no puede ocultarse con slogans como “la mejor provincia”: “las camas que se desocupan son las de aquellos de los que se mueren”, ha dicho el delegado sindical de la Junta Interna del hospital Castro Rendón, el principal y de mayor complejidad de la provincia (La Mañana de Neuquén, 30/9).

El colapso también lo graficó el jefe de Gabinete provincial, quien llamó a la población “a extremar las medidas para evitar que los más vulnerables se jueguen la vida en una cama de terapia intensiva” (ídem). Y días atrás, había sido la ministra de Salud la que llamaba a los intendentes a “preparar los cementerios”.

Sin la centralización de todo el sistema de salud, con prácticamente todas las actividades no esenciales abiertas y los anuncios de habilitar el transporte de media y larga distancia, los vuelos para el turismo y sin la incorporación masiva de personal de salud, la masacre social en curso se tornará en una de las mayores tragedias que viva la provincia en muchos años.

Las voces de las y los trabajadores de la salud han sido contundentes. El gobierno del MPN no podrá seguir culpando a la población, cargará sobre sus espaldas la muerte de decenas de neuquinas/os.

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